Carlos Cardosa en un momento de la entrevista./ RUEDA VILLAVERDE
Entrevista
«Los grandes morosos han sido las administraciones con las empresas»
Entrevista al presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ciudad Real y Castilla-La Mancha
Manuela Lillo - domingo, 15 de diciembre de 2013
Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el colectivo de secretarios, interventores y tesoreros?
Nuestro colectivo, que tiene como finalidad principal defender la legalidad de los actos municipales y la fiscalización y control del gasto público, lo que quiere es poder desarrollar sus funciones con total independencia e imparcialidad. Nuestro objetivo básico es garantizar que los compañeros trabajen con independencia y que se les deje trabajar sin presiones para desarrollar su labor, compleja y complicada, con total normalidad.
¿Se le plantean problemas en cuanto a presiones, el no poder trabajar con independencia?
Se da más otro problema y es que en nuestro colectivo hay muchas plazas vacantes, ya que en nuestro cuerpo, que es de habilitación estatal, hay casi un 30% de las plazas de secretario, interventor y tesorero que están vacantes y se están cubriendo, o con interinos o con accidentales de la propia Corporación. Entonces, se presiona mucho más al interino y al accidental, porque nosotros tenemos nuestra plaza en propiedad, adjudicada, y tenemos posibilidad de movernos por concurso. Tenemos una mayor independencia que nos da no depender de una situación de vaivén como en la interinidad o la accidentalidad.
¿Hay previsión de que se cubran esas plazas vacantes?
Una de las novedades principales que tiene el proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en lo que respecta a nuestro colectivo, es que el proceso de convocatoria y selección de nuestras plazas las recupera el Estado, ya que a partir del año 2007, la competencia para la selección de las plazas de habilitados estatales pasó a ser de las Comunidades Autónomas y la realidad es que éstas en estos años no han hecho su trabajo, no han cumplido con su obligación y con esa competencia que habían asumido y no han sacado prácticamente nada. Eso ha motivado que una de las medidas que contempla la ley, que refuerza la fiscalización y el control del gasto público, es que existan los profesionales adecuados para poder cumplir esa función y por eso el Estado recupera la selección, para garantizar que va a poder desarrollar esos procesos de selección para cubrir el mayor número posible.
¿A cuánto ascienden las vacantes en la región y en la provincia?
A nivel regional estamos hablando de unas 400 plazas vacantes, concretamente, 386 de todas las subescalas, y en la provincia son en torno a 50- 60 plazas. Ahora están cubiertas por interinos o accidentales, ya que los ayuntamientos pueden, o bien sacar ellos la interinidad propia a través de un proceso de selección; pueden utilizar una bolsa de secretarios, interinos que tiene la Junta de Castilla-La Mancha, o bien un accidental, es decir, que un propio funcionario del Ayuntamiento es nombrado accidentalmente secretario o interventor, o secretario e interventor. Lo que ocurre es que en muchos casos no son profesionales con la suficiente capacidad para poder desempeñar las funciones que hoy en día la exigencia de legalidad nos pide. Son procesos de selección muy complicados, con mucho temario y, aunque hay interinos y accidentales que desempeñan su labor perfectamente, no es lo idóneo.
¿Cómo afecta la reforma que plantea el Gobierno a la estructura de las administraciones locales?
La reforma, que aún está en trámite parlamentario, aunque parece ser que se va a aprobar este mes para que entre en vigor en enero, no aborda la reforma del sistema local. La ley lo que hace es establecer una serie de medidas al objeto de garantizar la sostenibilidad económica de las entidades locales. Realmente es una ley que surge por un motivo económico, que es la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, pero no aborda la necesaria reforma del régimen local de nuestro país. Adopta una serie de medidas que tienen por objeto clarificar el ámbito de las competencias para garantizar que estén adecuadamente delimitadas y financiadas. Además, se contemplan unas medidas liberalizadoras en algunas materias y un conjunto de mecanismos para articular ese tipo de nuevas actuaciones que hay.
(Más información en la edición impresa)
Nuestro colectivo, que tiene como finalidad principal defender la legalidad de los actos municipales y la fiscalización y control del gasto público, lo que quiere es poder desarrollar sus funciones con total independencia e imparcialidad. Nuestro objetivo básico es garantizar que los compañeros trabajen con independencia y que se les deje trabajar sin presiones para desarrollar su labor, compleja y complicada, con total normalidad.
¿Se le plantean problemas en cuanto a presiones, el no poder trabajar con independencia?
Se da más otro problema y es que en nuestro colectivo hay muchas plazas vacantes, ya que en nuestro cuerpo, que es de habilitación estatal, hay casi un 30% de las plazas de secretario, interventor y tesorero que están vacantes y se están cubriendo, o con interinos o con accidentales de la propia Corporación. Entonces, se presiona mucho más al interino y al accidental, porque nosotros tenemos nuestra plaza en propiedad, adjudicada, y tenemos posibilidad de movernos por concurso. Tenemos una mayor independencia que nos da no depender de una situación de vaivén como en la interinidad o la accidentalidad.
¿Hay previsión de que se cubran esas plazas vacantes?
Una de las novedades principales que tiene el proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en lo que respecta a nuestro colectivo, es que el proceso de convocatoria y selección de nuestras plazas las recupera el Estado, ya que a partir del año 2007, la competencia para la selección de las plazas de habilitados estatales pasó a ser de las Comunidades Autónomas y la realidad es que éstas en estos años no han hecho su trabajo, no han cumplido con su obligación y con esa competencia que habían asumido y no han sacado prácticamente nada. Eso ha motivado que una de las medidas que contempla la ley, que refuerza la fiscalización y el control del gasto público, es que existan los profesionales adecuados para poder cumplir esa función y por eso el Estado recupera la selección, para garantizar que va a poder desarrollar esos procesos de selección para cubrir el mayor número posible.
¿A cuánto ascienden las vacantes en la región y en la provincia?
A nivel regional estamos hablando de unas 400 plazas vacantes, concretamente, 386 de todas las subescalas, y en la provincia son en torno a 50- 60 plazas. Ahora están cubiertas por interinos o accidentales, ya que los ayuntamientos pueden, o bien sacar ellos la interinidad propia a través de un proceso de selección; pueden utilizar una bolsa de secretarios, interinos que tiene la Junta de Castilla-La Mancha, o bien un accidental, es decir, que un propio funcionario del Ayuntamiento es nombrado accidentalmente secretario o interventor, o secretario e interventor. Lo que ocurre es que en muchos casos no son profesionales con la suficiente capacidad para poder desempeñar las funciones que hoy en día la exigencia de legalidad nos pide. Son procesos de selección muy complicados, con mucho temario y, aunque hay interinos y accidentales que desempeñan su labor perfectamente, no es lo idóneo.
¿Cómo afecta la reforma que plantea el Gobierno a la estructura de las administraciones locales?
La reforma, que aún está en trámite parlamentario, aunque parece ser que se va a aprobar este mes para que entre en vigor en enero, no aborda la reforma del sistema local. La ley lo que hace es establecer una serie de medidas al objeto de garantizar la sostenibilidad económica de las entidades locales. Realmente es una ley que surge por un motivo económico, que es la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, pero no aborda la necesaria reforma del régimen local de nuestro país. Adopta una serie de medidas que tienen por objeto clarificar el ámbito de las competencias para garantizar que estén adecuadamente delimitadas y financiadas. Además, se contemplan unas medidas liberalizadoras en algunas materias y un conjunto de mecanismos para articular ese tipo de nuevas actuaciones que hay.
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