El colegio de secretarios de Ourense estará en la causa del alcalde de Xinzo por coacciones
La actitud del regidor hacia los funcionarios es «merecedora del mayor de los reproches por parte de la sociedad», dicen
Tal y como había adelantado La Voz, el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Ourense difundió ayer una declaración institucional de apoyo a los funcionarios de Xinzo que han denunciando al alcalde, Antonio Pérez, del PP, por coacciones. La entidad califica de «intachable» el trabajo de el exsecretario y su exadjunta, que abandonaron el Ayuntamiento después de serle precintado el ordenador al primero de ellos.
El colegio muestra su «más absoluto rechazo» a esa medida, que ve «desproporcionada». Consideran que además de ser «carente de justificación alguna, podría ser susceptible de ser ilícita, por atentar contra los derechos a la intimidad de los empleados públicos y por invadir competencias cuyo ejercicio debiera corresponder a los Juzgados». De hecho, la entidad ha anunciado su intención de personarse en la causa que se abra contra el regidor a raíz de la denuncia de los trabajadores. Las conductas del alcalde, según dicen, «constituyen un comportamiento indigno de cualquier persona que tenga a su cargo la capacidad de decisión en asuntos públicos».
La institución que representa a los funcionarios de habilitación estatal en la provincia es especialmente dura en su valoración de la actitud del regidor, que ha denunciado la supuesta falsificación de los informes en los que el exsecretario alertaba de irregularidades en diversas contrataciones. Dice el colegio profesional que esas acusaciones «únicamente pretenden distraer a la opinión pública [...] con la evidente finalidad de eludir otras responsabilidades propias».
Sin necesidad de informes
Con todo, el colegio dice que «no es entendible ni admisible que los responsables de organizaciones públicas afirmen desconocer que el acceso al empleo público debe realizarse conforme a los principios de mérito y capacidad». Concluyen, de hecho, que los incumplimientos recogidos en las cinco sentencias que anulan las contrataciones «son tan básicos y esenciales, tan primarios y elementales, que no es necesaria la existencia de un informe previo que advierta de la irregularidad».
La entidad dice que la denuncia del político solo pretende distraer la atención
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