CASI 2.000 ENTES LOCALES NO SON FISCALIZADOSMás de 700 ayuntamientos no han presentado ni una sola cuenta en tres años
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización del sector público local, al que ha tenido acceso El Confidencial, da muchas claves de justificación de la reforma municipal que impulsa el Gobierno y de la resistencia numantina de muchos alcaldes a la nueva ley. Al cierre de 2011, del total de las 13.538 entidades locales registradas, 1.982 (ayuntamientos, cabildos, mancomunidades y diputaciones) tenían pendiente de remitir alguna cuenta general. Además, de los 8.114 municipios existentes en España, 709 llevaban tres años sin rendir cuentas. Andalucía, región donde reside el grueso del poder local del PSOE e IU y es el principal foco de oposición a la reforma, es la comunidad donde la opacidad es norma: el 72 % de los municipios no da datos o lo hace fuera de plazo.
El máximo órgano fiscalizador del Estado destaca los progresos del sector local a la hora de rendir cuentas, pero también tiene en cuenta que ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, cabildos y demás instituciones de ese ámbito partían de una situación desastrosa en el cumplimiento de sus obligaciones.Sólo el 40% de las entidades presentó a tiempo sus datos ante el Tribunal de Cuentas.
Además, las diferencias en ese grado de rendición de cuentas son enormes entre unas regiones y otras. En Galicia y Baleares, todos los ayuntamientos llegan a tiempo y en Aragón, Cataluña, Canarias, Extremadura, Murcia o la Comunidad Valenciana lo hacen en un 90% de las corporaciones locales. En el extremo contrario está Andalucía, donde apenas cumple el 28%. En Madrid y Asturias entre el 25 y el 30% de los ayuntamientos tampoco respeta los plazos.
Pero lo más grave es el porcentaje de entidades que eluden sus obligaciones e impiden ser fiscalizadas por el tribunal. “Un total de 1.650 cuentas referidas al ejercicio 2011 no han sido rendidas, de las cuales 1.275 correspondían a ayuntamientos, una diputación provincial, 360 mancomunidades, dos áreas metropolitanas y 12 agrupaciones de municipios”, relata el órgano fiscalizador del Estado. La diputación citada es la de Granada y entre los ayuntamientos rebeldes destacan los de capitales de provincias andaluzas como Huelva o Jaén (tres años en blanco) y Sevilla o Granada (pendiente en 2011).
El Tribunal de Cuentas plantea en sus recomendaciones a las Cortes algunas ideas para acabar con el problema que el Gobierno ya ha incluido en el proyecto de reforma que está ahora en el trámite del Senado y será definitivamente aprobado por el Congreso en los próximos días con la oposición en bloque de la izquierda y de CiU. El principio esgrimido consiste encondicionar la financiación de las instituciones a la obligación de ser transparentes en la gestión.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)
El Tribunal hace un capítulo aparte para proponer cambios en los procesos de contratación administrativa que siguen los entes locales, con los que es muy crítico. Propone que se establezcan los criterios de adjudicación “con mayor claridad y precisión y especificar los métodos o formas de valoración de los mismos, coherentemente con los principios de publicidad, transparencia y objetividad”.
El órgano fiscalizador plantea también la necesidad de exigir rigor en la elaboración, supervisión y replanteo de los proyectos de obras “para evitar la proliferación de modificaciones durante la ejecución de los correspondientes contratos, que suelen implicar demoras e importantes incrementos de costes y que desvirtúan las condiciones en las que los contratos primitivos fueron públicamente licitados”.
El panorama de opacidad en las cuentas del sector local que retrata el informe del Tribunal de Cuentas explica la obsesión del Gobierno por poner fin a ese descontrol, aunque en fuentes del ministerio de Hacienda reconocen que después del citado ejercicio, 2011, los ayuntamientos se han esmerado en poner orden en sus cuentas hasta el extremo de convertirse en la primera Administración del Estado que, en líneas generales, cumple la ley de estabilidad financiera al poner fin al déficit en su gestión económica. Es un objetivo que todavía tienen pendiente las comunidades autónomas y la propia Administración central.
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