María Jesús Montero. // EFE
La Junta cuenta con 632 millones para vaciar sus cajones de 70.000 facturas pendientes
Solicitará por carta al Ministerio de Hacienda el pago de 385 millones correspondiente del saldo entre los anticipos a cuenta por recaudación del IVA y su compensación con el Fondo de Suficiencia. Si Montoro no acepta la petición, plantearán un recurso contencioso-administrativo.
La Junta ya tiene liquidez para afrontar el pago de las más de 70.000 facturas que hasta 31 de mayo de este año tiene pendientes de pago. Acaba de acogerse a la tercera fase del plan de pago a proveedores activado por el Gobierno central y por esta vía le llegarán hasta 632 millones. A esta partida seguirá otra más por 1.647 millones, por lo que al final de este proceso habrá contado con 4.975 millones. La operación de endeudamiento no le saldrá gratis. Le saldrá cara: la Junta tendrá que devolverlo todo más 1.400 millones de intereses.
Sin embargo, al Gobierno andaluz no le queda otra que recurrir a este mecanismo, pero lo que lamenta es que de nuevo no esté recibiendo el mismo trato que otras comunidades donde gobierna el PP. Este balón de oxígeno financiero está muy lejos si se mide por el criterio de crédito por habitante: Andalucía obtuvo 591 euros por habitante, muy por debajo de los 733 euros de la media nacional, y mucho más de los 1.893 euros que logró Castilla-La Mancha o los 1.488 de Valencia, o los 1.203 de Murcia.
De esta inyección de dinero no es sólo beneficiaria la Junta. Los ayuntamientos y las diputaciones (sólo hay 17 que no lo han hecho) también se han sumado a este plan y está previsto que la Junta les transfiera uno de cada seis euros que les llegue de Madrid (102 millones). De los que no se han acogido, como detalló tras la reunión semanal de Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, destaca que haya tres capitales de provincia, Cádiz, Córdoba y Málaga, así como las diputaciones de estas dos últimas y la de Almería, todos ellos en manos del PP. Sumarse a este plan es voluntario.
Tampoco están en ese paquete de facturas a liquidar todos los recibos pendientes. Tienen que superar un cotejo por parte de la Administración autonómica y del Ministerio de Hacienda y pueden darse discrepancias, lo que retrasa el proceso, y también hay empresas que prefieren esperar a cobrar más adelante, porque uno de los requisitos que entraña acogerse a este plan de cobro es que se tiene que renunciar a los intereses de otras facturas anteriores y que incluso pudieran estar ante los tribunales. Montero recordó el caso de una potente empresa farmacéutica que no se sumó e incluso amenazó con cortar el grifo a la Junta si tenía que renunciar a sus intereses.
Ante la necesidad acuciante que tienen de liquidez las pequeñas y medianas empresas, y para no poner en riesgo su continuidad, el proceso de pago de la Junta las sitúa las primeras en esa larga cola de 22.267 proveedores, mientras que quedan para el final las grandes compañías por ser las que “mayor músculo financiero” tienen para resistir, según argumentó Montero.
A pesar del volumen a liquidar, Montero negó que la Junta tenga “facturas en los cajones”, para empezar, por los requisitos que marca la Intervención General del Estado y que obliga a tenerlos todos declarados lo que es garantía de transparencia.
Una de las pegas a este recurso financiero son los intereses. Ante la imposibilidad de las comunidades de colocar su deuda en los mercados es el Gobierno quien lo hace, pero el dinero se lo presta a un interés superior al 4,17 o 4,91% (aunque siga por debajo de mercado), cuando él recibe el dinero en condiciones más ventajosas. Montero puso el acento en esa ventaja del Estado y estimó oportuno que se igualen las condiciones, es decir, prestar al mismo interés.
En la lista de reclamaciones a Moncloa, como a la Junta hace tiempo que no le salen las cuentas a los 1.205 millones que no le llegarán vía presupuestaria de Madrid, se suma ahora una nueva cifra: 385 millones. Es el resultado de la compensación de los anticipos a cuenta que el Gobierno central paga a las comunidades por sus previsiones de recaudación del IVA con el Fondo de Suficiencia. La cantidad sale en rojo para la Administración andaluza y no está dispuesta al ser un fallo del Ministerio de Hacienda. Ya se lo ha reclamado por carta, pero en caso de no ser atendida el Consejo de Gobierno ya ha dado la autorización parainterponer un recurso contencioso-administrativo.
El único respiro presupuestario que parece que sí llegará por fin para las arcas autonómicas son los 300 millones en activos que se venderán en febrero de este año. Montero anunció que se venderán como paquete en una sola operación inmobiliaria.
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