Hacienda ofrece un rescate financiero para 315 Ayuntamientos con problemas
Advierte que los municipios que no se acojan e incumplan la ley serán sancionados
El Ministerio de Hacienda quiere extender a 314 Ayuntamientos con graves problemas financieros las medidas de rescate a las que ya se han acogido 88 consistorios de España. Para ello ha ampliado el plazo hasta el 2 de enero y ha eliminado la obligatoriedad de que sea el pleno municipal el que se pronuncie a favor de aceptar las medidas. Con un acuerdo de la junta de Gobierno o, en Ayuntamientos pequeños, del propio alcalde, será suficiente para aceptar las condiciones del rescate financiero.
Las medidas serán de carácter temporal y conllevarán como contrapartida una estricta vigilancia del gasto por parte de Hacienda. De tal modo que en cada municipio se creará una cuenta bancaria donde se depositen los adelantos que vayan a recibir de sus ingresos procedentes del Estado o se recojan los fraccionamientos frente a la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Los alcaldes no podrán utilizar esa liquidez para otra cosa que no sea hacer frente a sus obligaciones.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro asegura que esos 314 Ayuntamientos que quiere rescatar cumplen más de una de las siguientes condiciones: presentan un ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativo (en los dos últimos años); tienen préstamos del Fondo de Pago a Proveedores de más de un millón de euros y deudas con otras administraciones; presentan un volumen excesivo de deudas con acreedores públicos o no han cumplido con el pago de las cuotas del Fondo de Pago a Proveedores. "La mayoría son medianos y pequeños consistorios, solo representan un 5% del total de todos los municipios españoles (8.117) que, recordemos, han presentado el año pasado en su conjunto un 0,22% de superávit y este año irán mejor", señalan fuentes de Hacienda.
El plan del Gobierno ofrece una de cal y otra de arena. Les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a sus créditos y fracciona los pagos pero impone duras condiciones en cuanto al control del gasto. "A ellos les interesa el entrar en este mecanismo para beneficiarse del fraccionamiento. En las deudas con la Agencia Tributaria serán de hasta 10 años", señala Hacienda, que reconoce que las medidas parciales facilitadas hasta ahora no han evitado que más de 300 municipios naufraguen en un mar de problemas financieros. "Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización", advierte Hacienda.
"Estos municipios han llegado hasta aquí por un volumen de endeudamiento fuerte de años anteriores junto a la caída de ingresos y mala gestión. Algunos inflan los ingresos en los presupuestos, a veces hasta un 30%, y después no los alcanzan", dicen en Hacienda. Los mecanismos propuestos no generan déficit para el Estado: son medidas de tesorería acompañadas de compromisos reducción de gasto por parte de los Ayuntamientos y el aumento de ingresos. Esos recortes serán tanto de gasto corriente como de personal. Al mismo tiempo tendrán que aumentar los impuestos, tasas y precios públicos de los servicios que prestan.
"Los fondos extraordinarios que obtengan irán a pagar deudas bancarias y con proveedores", insiste Hacienda, que no ve ningún problema jurídico en el hecho de que sea la junta de Gobierno la que pueda autorizar el rescate. "Así cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, no hay ni una sola tacha de inconstitucionalidad ni hemos recibido ninguna crítica desde la Federación de Municipios y Provincias", aclara el ministerio.
Hacienda advierte que esta oportunidad no pueden dejarla pasar. "El que gasta sin respaldo presupuestario se va a encontrar con la ley. No podemos obligarles, pero sí tendrán que cumplir un plan económico financiero y si no lo hacen tendrán las correspondientes sanciones".
El Gobierno calcula que de los 88 consistorios que ya se han acogido al plan hay 18 municipios en situación muy grave. Y que de los 314 restantes unos 50 tendrían serios problemas.
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