Dora Alonso prepara el recurso contra su cese con el aval del Colegio de Secretarios
La entidad considera de "interés general" impugnar destituciones "carentes de garantías y de motivación precisa", como la de la secretaria del Ayuntamiento
R. VALLEEl cese de Dora Alonso como máxima responsable de la Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón ya va camino de los juzgados. Y por vía doble. A la intención de la funcionaria de utilizar la vía contencioso-administrativa para recurrir el acuerdo de Junta de Gobierno del 15 de octubre donde el equipo forista que lidera Carmen Moriyón aprobó su destitución, se suma la intención del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de impugnar la decisión tomada en Gijón como fórmula de defender los intereses profesionales de su colectivo.
El colegio profesional entiende que una impugnación de este tipo es "de interés general pues nos encontramos ante un cese carente de toda motivación, salvo la pérdida de confianza de un compañero que accedió a la plaza mediante el mecanismo de provisión de libre designación". Aún más. La secretaría técnica de Cosital Madrid denuncia que "estas situaciones han aumentado en la actualidad, unidas normalmente a una circunstancia de desviación de poder, pues la Corporación reacciona ante una actuación no técnicamente errónea pero sí políticamente contraria a sus intereses del funcionario cesado" y se plantea el interés de evitar que ceses "carentes de garantías y de la motivación precisa, como el que nos ocupa, se consoliden en detrimento de las condiciones profesionales para el ejercicio de las funciones reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación estatal".
La implicación de Cosital en el caso de Dora Alonso se ejecuta a partir de un acuerdo unánime de la junta de gobierno del consejo autonómico de la entidad en Asturias. Dos curiosidades. Alonso no está colegiada y el presidente de la organización en Asturias es el interventor del Ayuntamiento de Gijón, Juan González-Salas.
Alonso, que llevaba en el cargo desde 2006 y en el Ayuntamiento de Gijón desde 1990, fue destituida a mediados de octubre por el gobierno de Carmen Moriyón, que defendió la legalidad de su decisión en el carácter de cargo de libre designación de la funcionaria y la justificó por razones organizativas de carácter interno. En el Pleno extraordinario forzado por todos los partidos de la oposición (PSOE, PP e IU) para exigir a Foro que restituyera a Alonso en su puesto, Moriyón aseguró que la decisión última del cese había sido la negativa de Alonso a emitir un informe. No consta que informe.
Entre el material que se maneja en defensa de los intereses de Alonso están dos sentencias judiciales, una firmada en Gijón y otra en Albacete, que ponen en duda la corrección del procedimiento seguido por el gobierno de Foro Asturias. Sentencias donde, por ejemplo, se exige que la motivación vaya más allá de la "mera liberalidad".
El colegio profesional entiende que una impugnación de este tipo es "de interés general pues nos encontramos ante un cese carente de toda motivación, salvo la pérdida de confianza de un compañero que accedió a la plaza mediante el mecanismo de provisión de libre designación". Aún más. La secretaría técnica de Cosital Madrid denuncia que "estas situaciones han aumentado en la actualidad, unidas normalmente a una circunstancia de desviación de poder, pues la Corporación reacciona ante una actuación no técnicamente errónea pero sí políticamente contraria a sus intereses del funcionario cesado" y se plantea el interés de evitar que ceses "carentes de garantías y de la motivación precisa, como el que nos ocupa, se consoliden en detrimento de las condiciones profesionales para el ejercicio de las funciones reservadas a los funcionarios de administración local con habilitación estatal".
La implicación de Cosital en el caso de Dora Alonso se ejecuta a partir de un acuerdo unánime de la junta de gobierno del consejo autonómico de la entidad en Asturias. Dos curiosidades. Alonso no está colegiada y el presidente de la organización en Asturias es el interventor del Ayuntamiento de Gijón, Juan González-Salas.
Alonso, que llevaba en el cargo desde 2006 y en el Ayuntamiento de Gijón desde 1990, fue destituida a mediados de octubre por el gobierno de Carmen Moriyón, que defendió la legalidad de su decisión en el carácter de cargo de libre designación de la funcionaria y la justificó por razones organizativas de carácter interno. En el Pleno extraordinario forzado por todos los partidos de la oposición (PSOE, PP e IU) para exigir a Foro que restituyera a Alonso en su puesto, Moriyón aseguró que la decisión última del cese había sido la negativa de Alonso a emitir un informe. No consta que informe.
Entre el material que se maneja en defensa de los intereses de Alonso están dos sentencias judiciales, una firmada en Gijón y otra en Albacete, que ponen en duda la corrección del procedimiento seguido por el gobierno de Foro Asturias. Sentencias donde, por ejemplo, se exige que la motivación vaya más allá de la "mera liberalidad".
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