El Gobierno apura el plazo y aprueba el grueso de su plan de reformas
El Congreso dará luz verde en el último pleno del año a siete leyes de calado | El jueves saldrán adelante la reforma eléctrica, la de las pensiones y la de la administración local
Madrid
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido prorrogar el plazo que se había concedido a los más de 400 ayuntamientos españoles que se encuentran en serios apuraos económicos para acogerse a diferentes ayudas. Hasta finales de noviembre sólo 88 habían solicitado el auxilio del Gobierno. Los demás deberán optar por las nuevas ayudas condicionadas o por la no menos severa ley de Estabilidad Presupuestaria.
Apurando los límites que se impuso el Ejecutivo, el Congreso aprobará el próximo jueves en las últimas horas del periodo de sesiones que concluye esta semana hasta siete leyes procedentes del Senado, seis de la cuales forman el tronco principal del plan de reformas que estará vigente a partir del próximo 1 de enero.
Como es habitual, se dará luz verde a los presupuestos generales del año que viene, pero también a la reforma de las pensiones, que desvincula la evolución de estas de la del IPC; a la de la Administración local, que introduce por primera vez una referencia sobre el coste de los servicios públicos; a la ley de Deuda Comercial, que impondrá el pago a 30 días a todas las administraciones; a la ley del Sector Eléctrico, que elimina de cara al futuro el denominado déficit de tarifa, pero que consolida un déficit para el 2013 de 3.600 millones de euros; y a la ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que culmina la conocida reforma del sistema financiero. La séptima ley que aprobará el Congreso el jueves es la ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación de Registro Contable de Facturas del Sector Público, que introduce numerosos cambios y obligaciones en la administración.
"El 1 de enero comienza a funcionar para las administraciones otro mundo distinto, en el que la vigilancia sobre las cuentas del sector público será constante y casi al milímetro", explicaba la semana pasada un destacado miembro del Gobierno. Y es que, aunque parezca mentira, seis años después de que comenzase la crisis empieza a consolidarse un sistema contable que impone muy serias restricciones al déficit y varios instrumentos para detectar cualquier desviación en un plazo que hasta hace muy poco era impensable.
La mayoría de ellas afectan a las administraciones, pero no sólo a ellas. La del sector eléctrico, por ejemplo, impone la regla que debe acabar definitivamente con el déficit de tarifa -diferencia entre el coste real de la producción de la energía y el dinero que pagan los usuarios de la electricidad-, cuyo montante acumulado supera los 26.000 millones de euros.
La reforma de las pensiones también supone un cambio de mentalidad, pues el Gobierno desvincula por primera vez desde que se firmó el pacto de Toledo, en 1995, su evolución de la del aumento del coste de la vida, esto es, del índice de precios de consumo (IPC). El año que viene crecerán un 0,25% independientemente de la evolución del IPC.
No menos relevante es la reforma de la administración local, ya que la nueva ley impone la publicidad del coste de los servicios públicos con los que todos los alcaldes de España se presentarán a las elecciones de mayo del 2015. De una forma muy directa les afectará también la ley de Deuda Comercial, que tiene el propósito de que, después de miles de cierres de empresas a causa de la morosidad de la administración, todas las entidades públicas paguen sus facturas en un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno es consciente de que la leyes no cambian por sí mismas la naturaleza de la administración, pero las bases para acabar definitivamente con el déficit crónico quedarán sentadas el jueves. Después habrá que ponerlas en práctica.
Como es habitual, se dará luz verde a los presupuestos generales del año que viene, pero también a la reforma de las pensiones, que desvincula la evolución de estas de la del IPC; a la de la Administración local, que introduce por primera vez una referencia sobre el coste de los servicios públicos; a la ley de Deuda Comercial, que impondrá el pago a 30 días a todas las administraciones; a la ley del Sector Eléctrico, que elimina de cara al futuro el denominado déficit de tarifa, pero que consolida un déficit para el 2013 de 3.600 millones de euros; y a la ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que culmina la conocida reforma del sistema financiero. La séptima ley que aprobará el Congreso el jueves es la ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación de Registro Contable de Facturas del Sector Público, que introduce numerosos cambios y obligaciones en la administración.
"El 1 de enero comienza a funcionar para las administraciones otro mundo distinto, en el que la vigilancia sobre las cuentas del sector público será constante y casi al milímetro", explicaba la semana pasada un destacado miembro del Gobierno. Y es que, aunque parezca mentira, seis años después de que comenzase la crisis empieza a consolidarse un sistema contable que impone muy serias restricciones al déficit y varios instrumentos para detectar cualquier desviación en un plazo que hasta hace muy poco era impensable.
La mayoría de ellas afectan a las administraciones, pero no sólo a ellas. La del sector eléctrico, por ejemplo, impone la regla que debe acabar definitivamente con el déficit de tarifa -diferencia entre el coste real de la producción de la energía y el dinero que pagan los usuarios de la electricidad-, cuyo montante acumulado supera los 26.000 millones de euros.
La reforma de las pensiones también supone un cambio de mentalidad, pues el Gobierno desvincula por primera vez desde que se firmó el pacto de Toledo, en 1995, su evolución de la del aumento del coste de la vida, esto es, del índice de precios de consumo (IPC). El año que viene crecerán un 0,25% independientemente de la evolución del IPC.
No menos relevante es la reforma de la administración local, ya que la nueva ley impone la publicidad del coste de los servicios públicos con los que todos los alcaldes de España se presentarán a las elecciones de mayo del 2015. De una forma muy directa les afectará también la ley de Deuda Comercial, que tiene el propósito de que, después de miles de cierres de empresas a causa de la morosidad de la administración, todas las entidades públicas paguen sus facturas en un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno es consciente de que la leyes no cambian por sí mismas la naturaleza de la administración, pero las bases para acabar definitivamente con el déficit crónico quedarán sentadas el jueves. Después habrá que ponerlas en práctica.
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