El Pleno del Senado ha aprobado la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como reforma local

El Pleno del Senado ha aprobado la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como reforma local, que ha contado con los votos a favor de PP, PNV y UPN y el rechazo del resto de la cámara, incluida CiU.

CiU no está de acuerdo por lo de siempre: porque el grupo popular no le ha permitido que en Cataluña tenga prevalencia la ley catalana sobre la estatal, para lo que los catalanes argumentaban las supuestas competencias recogidas en el Estatut.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio. La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.

Pero estos y otros puntos se han ido modulando y edulcorando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles.

La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos. Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. Lamentable: se ha desaprovechado una oportunidad histórica de eliminar duplicidades de una vez. Porque esas 'duplicidades' las seguimos pagando los ciudadanos.

Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.

Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.

Los 'populares' también han introducido dos enmiendas para vincular el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.

Total: una reforma necesaria para lograr la eficiencia y el ahorro en la Administración pública se ha quedado en una 'reforma menor'.