El Bocyl publica el plan de reforma de la Administración
La medida prevé un ahorro de 38 millones de euros en 2014
ICAL El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado jueves, 30 de enero, en el que se aprobaron 65 medidas para hacer más ágil, eficiente, transparente y cercana a los ciudadanos la Administración de Castilla y León, con propuestas que tienen plazos de ejecución durante este primer semestre del año. Además, la mayoría se concretará en marzo, fecha en la que llegará a las Cortes el proyecto de ley en el que se incluirán las normas afectadas.
Las medidas fueron presentadas por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en el pleno de las Cortes del pasado 10 de diciembre, a las que se han unido las once de los grupos parlamentarios -diez PP y una de UPL- y dos a través del Gobierno Abierto, una para la revisión de la regulación del teletrabajo y otra para mantener la periodicidad anual en la convocatoria de los concursos y estudiar la posibilidad de implantar el concurso abierto y permanente para personal funcionario.
De las 65 medidas, con las que se prevé un ahorro de 38 millones de euros en 2014, como expuso el consejero en las Cortes, 13 corresponden al ámbito de las instituciones, 24 a reducir duplicidades y coordinación con otras administraciones, 24 a la modernización de la administración y cuatro a la reestructuración del sector público.
En el marco de medidas institucionales y organizativas, se encuentran los 2,5 millones que se ahorran con la reforma del Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y CES. Además, prevé mermar el gasto en 1,5 millones con el funcionamiento del Bocyl electrónico. La implantación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio llevará un ahorro municipal de 231 millones, según la Junta.
Por otro lado, el plan de reestructuración del sector público ha llevado a un ahorro de 18,1 millones de euros, ya que al final de este año se habrán suprimido 18 entes, la mitad de los que había en 2011. En 15 de esos entes la Junta no ostentará poder de decisión. Desde el inicio de la administración electrónica, en el año 2006, el ahorro alcanza los 241 millones, a los que se sumarán 25 de las nuevas medidas presentadas.
Entre las nuevas medidas de coordinación y reducción de duplicidades, figura la racionalización y organización en la Gerencia de Salud con una reducción del 20 por ciento en la estructura administrativa y nuevas fórmulas de gestión clínica con un ahorro potencial de 12,6 millones. La integración de servicios en la Gerencia de Servicios Sociales derivará 1,5 millones menos.
La consolidación de las infraestructuras TIC de la administración con la puesta en marcha de un Centro de Proceso de Datos único supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros. Además, en el apartado del sector público, la Junta reducirá en 1,5 millones la aportación a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo. Otras de las medidas anunciadas, en el plano institucional, pasan por la reducción de los órganos colegiados a fin de reducir la tramitación de los procedimientos y racionalización de los casos en que se considere preceptivo los informes del Consejo Consultivo. Habrá una reordenación en un 60 por ciento de los órganos sectoriales de participación.
Los 16 observatorios se reducirán a uno, dejará de haber diez órganos colegiados y se pasará a uno y habrá una nueva regulación de la identidad institucional que unificará la imagen de la Junta con una mayor coherencia a las 162 marcas, logos, entidades, òrganos, unidades y portales web ahora existentes.
Personal
Sobre la modernización de la administración, se plantea la flexibilización de los instrumentos de ordenación y gestión de personal para avanzar hacia el concepto de plantilla, como existe ya en los hospitales públicos de la Comunidad. Así, el personal se vinculará a estructuras más amplias y no a negociados, secciones o servicios.
Además, se flexibilizarán las estructuras orgánicas de las consejerías, eliminando la atomización de unidades, las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán por un acuerdo de la Junta. Se homogeneizarán los puestos, con puestos-tipo y se adscribirán puestos de manera directa a los correspondientes centros directivos. Todo ello se impulsará en el primer trimestre de 2014.
El 56 por ciento de los procedimientos ante la administración podrán tramitar de manera electrónica al incorporar 273 nuevos en el primer trimestre de 2014, que se unirán a los 388 actuales. La vía electrónica será el único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Junta. Habrá una Plataforma Integral de Contratación Electrónica y se implantará la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos.
En el primer semestre de 2014, se simplificará el procedimiento sancionador, con un 25 por ciento de ahorro en las cargas de trabajo y una reducción del 50 por ciento en los casos de pago voluntario dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de incoación. También, se implantará en cada Delegación Territorial una coordinación general de la gestión de todos los vehículos propios de uso administrativo.
Las medidas adicionales en el sector público pasan por la posible integración del Centro de Supercomputación de Castilla y León en otro ente dependiente de la Comunidad y de la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos. También se reducirá en un 60 por ciento la aportación de la Junta a la Fundación Santa Bárbara y en 1,5 millones la de la Fundación Siglo y se limitará la creación de entes públicos.
Las medidas fueron presentadas por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en el pleno de las Cortes del pasado 10 de diciembre, a las que se han unido las once de los grupos parlamentarios -diez PP y una de UPL- y dos a través del Gobierno Abierto, una para la revisión de la regulación del teletrabajo y otra para mantener la periodicidad anual en la convocatoria de los concursos y estudiar la posibilidad de implantar el concurso abierto y permanente para personal funcionario.
De las 65 medidas, con las que se prevé un ahorro de 38 millones de euros en 2014, como expuso el consejero en las Cortes, 13 corresponden al ámbito de las instituciones, 24 a reducir duplicidades y coordinación con otras administraciones, 24 a la modernización de la administración y cuatro a la reestructuración del sector público.
En el marco de medidas institucionales y organizativas, se encuentran los 2,5 millones que se ahorran con la reforma del Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y CES. Además, prevé mermar el gasto en 1,5 millones con el funcionamiento del Bocyl electrónico. La implantación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio llevará un ahorro municipal de 231 millones, según la Junta.
Por otro lado, el plan de reestructuración del sector público ha llevado a un ahorro de 18,1 millones de euros, ya que al final de este año se habrán suprimido 18 entes, la mitad de los que había en 2011. En 15 de esos entes la Junta no ostentará poder de decisión. Desde el inicio de la administración electrónica, en el año 2006, el ahorro alcanza los 241 millones, a los que se sumarán 25 de las nuevas medidas presentadas.
Entre las nuevas medidas de coordinación y reducción de duplicidades, figura la racionalización y organización en la Gerencia de Salud con una reducción del 20 por ciento en la estructura administrativa y nuevas fórmulas de gestión clínica con un ahorro potencial de 12,6 millones. La integración de servicios en la Gerencia de Servicios Sociales derivará 1,5 millones menos.
La consolidación de las infraestructuras TIC de la administración con la puesta en marcha de un Centro de Proceso de Datos único supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros. Además, en el apartado del sector público, la Junta reducirá en 1,5 millones la aportación a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo. Otras de las medidas anunciadas, en el plano institucional, pasan por la reducción de los órganos colegiados a fin de reducir la tramitación de los procedimientos y racionalización de los casos en que se considere preceptivo los informes del Consejo Consultivo. Habrá una reordenación en un 60 por ciento de los órganos sectoriales de participación.
Los 16 observatorios se reducirán a uno, dejará de haber diez órganos colegiados y se pasará a uno y habrá una nueva regulación de la identidad institucional que unificará la imagen de la Junta con una mayor coherencia a las 162 marcas, logos, entidades, òrganos, unidades y portales web ahora existentes.
Personal
Sobre la modernización de la administración, se plantea la flexibilización de los instrumentos de ordenación y gestión de personal para avanzar hacia el concepto de plantilla, como existe ya en los hospitales públicos de la Comunidad. Así, el personal se vinculará a estructuras más amplias y no a negociados, secciones o servicios.
Además, se flexibilizarán las estructuras orgánicas de las consejerías, eliminando la atomización de unidades, las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán por un acuerdo de la Junta. Se homogeneizarán los puestos, con puestos-tipo y se adscribirán puestos de manera directa a los correspondientes centros directivos. Todo ello se impulsará en el primer trimestre de 2014.
El 56 por ciento de los procedimientos ante la administración podrán tramitar de manera electrónica al incorporar 273 nuevos en el primer trimestre de 2014, que se unirán a los 388 actuales. La vía electrónica será el único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Junta. Habrá una Plataforma Integral de Contratación Electrónica y se implantará la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos.
En el primer semestre de 2014, se simplificará el procedimiento sancionador, con un 25 por ciento de ahorro en las cargas de trabajo y una reducción del 50 por ciento en los casos de pago voluntario dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de incoación. También, se implantará en cada Delegación Territorial una coordinación general de la gestión de todos los vehículos propios de uso administrativo.
Las medidas adicionales en el sector público pasan por la posible integración del Centro de Supercomputación de Castilla y León en otro ente dependiente de la Comunidad y de la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos. También se reducirá en un 60 por ciento la aportación de la Junta a la Fundación Santa Bárbara y en 1,5 millones la de la Fundación Siglo y se limitará la creación de entes públicos.
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