Los Ayuntamientos publicarán el coste de cada uno de sus servicios en noviembre
Hacienda matiza que el ahorro de 8.000 millones con la reforma local será hasta 2019
El próximo mes de noviembre los 8.117 Ayuntamientos españoles estarán obligados a publicar lo que les cuesta cada servicio. Se abrirá entonces la puerta a que se establezcan comparaciones por la mayor o menor "eficiencia" de los gobiernos municipales. Eso es lo que espera el Ministerio de Hacienda, que trabaja en una metodología de cálculo para aplicar el llamado "coste efectivo" a los servicios locales.
Esta herramienta fue recogida en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que entró en vigor el pasado enero y sustituye al "coste estándar", que perseguía el mismo fin -aunque estableciendo topes-, y que el Consejo de Estado tumbó en la tramitación de la norma en un informe demoledor contra el anteproyecto de ley.
Según avanzó esta mañana Rosana Navarro, secretaria de coordinación del Ministerio de Hacienda, en unas jornadas sobre la reforma local, se trata de una herramienta de "evaluación y transparencia" que permitirá reforzar el mensaje principal de la norma: "El equilibrio de las cuentas públicas".
En el método de cálculo el Gobierno introducirá sistemas de nivelación para que las comparaciones resulten homogéneas: "Hay servicios que suponen un coste mayor en puntos turísticos, por ejemplo. Tampoco es igual lo que cuesta el agua en zonas donde hay escasez. Estamos valorando la metodología para que se compare un mismo servicio en municipios que deberían prestarlo a costes similares", señalaron fuentes de Hacienda.
Los expertos auguran todo lo contrario. En un informe que acaba de ser publicado por el Institut de Economía de la Universidad de Barcelona, cuatro expertos analizan que el cálculo de ese coste "es equívoco y de imposible aplicación en la práctica". El estudio, muy crítico con la reforma local del Gobierno, sostiene que "es difícil creer que el Ministerio o las Diputaciones van a ser capaces de calcular el coste de prestación de estos servicios para más de 8.000 municipios, teniendo en cuenta la completa inexistencia de información sobre costes y sobre resultados de provisión de estos servicios. Porque no bastaría calcular un determinado nivel de gasto per cápita", mantienen. Añaden que hace falta utilizar muchas otras variables, como el nivel de calidad, o la tecnología utilizada, y que esto a su vez depende de otros parámetros, como la dispersión de la población.
El concepto de "coste efectivo", sustituyó al "coste estándar", un baremo defendido a capa y espada por el Gobierno en el anteproyecto de la ley que iba a marcar el techo de precios al que un Ayuntamiento podría prestar un determinado servicio. "La remisión que en este punto realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno", censuró en su día el Consejo de Estado. La oposición, encabezada por PSOE e IU, cree que será una de las principales herramientas para forzar privatizaciones masivas de los servicios.
Cifró en más de 11.600 millones el dinero inyectado en las haciendas locales con el mecanismo de pago a proveedores en las tres fases habilitadas por Hacienda. Las comunidades autónomas han pagado a los Ayuntamientos otros "1.000 millones con ese mecanismo y con el Fondo de Liquidez Autonómica".
El ministerio ha calculado que la reforma local supondrá ahorros de 8.000 millones. El pasado octubre de 2013, el Gobierno envió a Bruselas un documento que espeficicaba que, de esos recortes, los Ayuntamientos dejarán de gastar 3.422 millones en el periodo 2013-2015 en servicios que ahora prestan. El traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas restará de los presupuestos 473 millones. La eliminación de empresas públicas recortará otros 1.397 millones; la gestión “integrada” de servicios y las “fusiones”, 1.037 millones.
La aplicación de la ley, que el Gobierno presenta como un instrumento de simplificación de competencias, está empezando a recorrer un camino espinoso. El propio presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna, se refirió este martes a lo difícil que será aplicarla. "Necesitamos apoyos, aclaraciones. Cabría decir que hay hasta 8.117 interpretaciones de alguno de sus apartados, tantas como Ayuntamientos", ironizó.
Esta herramienta fue recogida en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que entró en vigor el pasado enero y sustituye al "coste estándar", que perseguía el mismo fin -aunque estableciendo topes-, y que el Consejo de Estado tumbó en la tramitación de la norma en un informe demoledor contra el anteproyecto de ley.
Según avanzó esta mañana Rosana Navarro, secretaria de coordinación del Ministerio de Hacienda, en unas jornadas sobre la reforma local, se trata de una herramienta de "evaluación y transparencia" que permitirá reforzar el mensaje principal de la norma: "El equilibrio de las cuentas públicas".
En el método de cálculo el Gobierno introducirá sistemas de nivelación para que las comparaciones resulten homogéneas: "Hay servicios que suponen un coste mayor en puntos turísticos, por ejemplo. Tampoco es igual lo que cuesta el agua en zonas donde hay escasez. Estamos valorando la metodología para que se compare un mismo servicio en municipios que deberían prestarlo a costes similares", señalaron fuentes de Hacienda.
Los expertos auguran todo lo contrario. En un informe que acaba de ser publicado por el Institut de Economía de la Universidad de Barcelona, cuatro expertos analizan que el cálculo de ese coste "es equívoco y de imposible aplicación en la práctica". El estudio, muy crítico con la reforma local del Gobierno, sostiene que "es difícil creer que el Ministerio o las Diputaciones van a ser capaces de calcular el coste de prestación de estos servicios para más de 8.000 municipios, teniendo en cuenta la completa inexistencia de información sobre costes y sobre resultados de provisión de estos servicios. Porque no bastaría calcular un determinado nivel de gasto per cápita", mantienen. Añaden que hace falta utilizar muchas otras variables, como el nivel de calidad, o la tecnología utilizada, y que esto a su vez depende de otros parámetros, como la dispersión de la población.
El concepto de "coste efectivo", sustituyó al "coste estándar", un baremo defendido a capa y espada por el Gobierno en el anteproyecto de la ley que iba a marcar el techo de precios al que un Ayuntamiento podría prestar un determinado servicio. "La remisión que en este punto realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno", censuró en su día el Consejo de Estado. La oposición, encabezada por PSOE e IU, cree que será una de las principales herramientas para forzar privatizaciones masivas de los servicios.
Cuentas saneadas
En su ponencia Navarro avanzó que en 2013 el conjunto de los Ayuntamientos presentarán una situación "similar o mejor", que en 2012, cuando lograron un superávit del 0,22%. La deuda en el tercer trimestre de 2013 se situó en el 4,1% del PIB y 101 Ayuntamientos tuvieron que ser rescatados (de los 400 en difícil situación) con el plan que habilitó el ministerio que dirige Cristóbal Montoro en la recta final de 2013. En la lista de los municipios con dificultades figuraban otros 300, que según Navarro "han mejorado mucho" para evitar el rescate "por el susto que se llevaron cuando han visto las contrapartidas de las ayudas". Sin embargo defendió que cualquier línea de financiación extraordinaria debe aceptarse con sacrificios: "El dinero público no es nuestro, no es de los Ayuntamientos, es de todos los ciudadanos".Cifró en más de 11.600 millones el dinero inyectado en las haciendas locales con el mecanismo de pago a proveedores en las tres fases habilitadas por Hacienda. Las comunidades autónomas han pagado a los Ayuntamientos otros "1.000 millones con ese mecanismo y con el Fondo de Liquidez Autonómica".
El ministerio ha calculado que la reforma local supondrá ahorros de 8.000 millones. El pasado octubre de 2013, el Gobierno envió a Bruselas un documento que espeficicaba que, de esos recortes, los Ayuntamientos dejarán de gastar 3.422 millones en el periodo 2013-2015 en servicios que ahora prestan. El traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas restará de los presupuestos 473 millones. La eliminación de empresas públicas recortará otros 1.397 millones; la gestión “integrada” de servicios y las “fusiones”, 1.037 millones.
La aplicación de la ley, que el Gobierno presenta como un instrumento de simplificación de competencias, está empezando a recorrer un camino espinoso. El propio presidente de la Federación de Municipios, Íñigo de la Serna, se refirió este martes a lo difícil que será aplicarla. "Necesitamos apoyos, aclaraciones. Cabría decir que hay hasta 8.117 interpretaciones de alguno de sus apartados, tantas como Ayuntamientos", ironizó.
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