Entrevista a José de Vicente García. Presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga

Entrevista a José de Vicente García

´Los secretarios y los interventores ayudan a evitar la corrupción y a que el dinero no se desperdicie´

De Vicente es presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga

josé antonio sau 29.12.2013 | 05:00

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La Ley de Reforma de la Administración Local les afecta de lleno. ¿En qué cambia su papel?
La ley, que entra en vigor el 1 de enero, establece que los funcionarios ahora llamados de habilitación estatal volvamos a ser funcionarios de habilitación nacional. Las competencias que ahora tienen las comunidades autónomas de selección y provisión de puestos de trabajo, y los exámenes para los cuerpos, pasan de nuevo a Madrid, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y eso conlleva que tengamos más independencia y uniformidad en cuanto a unificar criterios de programas, de selección, de provisión de trabajos porque va a ser todo a nivel nacional.

Es decir, que refuerza su papel la norma...

Bueno, vamos a depender, no orgánicamente, del alcalde de turno, pero vamos a ser más independientes porque las decisiones que nos puedan afectar están en Madrid y no en las comunidades.

Hemos vivido una época en la que los alcaldes han pasado olímpicamente de los reparos de los interventores y de los informes de los secretarios...

Bueno, no es que hayan pasado mucho, la verdad es que desgraciadamente había poco temor porque prácticamente era papel mojado. Nosotros teníamos efectivamente la capacidad de informar y hacer advertencias o reparos de legalidad, pero esto se quedaba en el cajón de nuestro alcalde o, como mucho, se elevaba al pleno y de ahí no pasaba. Afortunadamente, ya no con la reforma local, sino con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se aprobó el pasado año, las administraciones en general, y la local en concreto, van a estar más vigiladas por quienes tienen encomendadas las funciones de control porque un resumen de los reparos podrá mandarse a final de año al ministerio correspondiente y al Tribunal de Cuentas. Eso se va a tener más en cuenta en cuanto a posibles sanciones que la Ley de Transparencia ya establece, e incluso podría ser causa de un posible delito como una malversación o un quebranto de fondos, lo que el Tribunal de Cuentas tiene obligación de conocer.

Pese a los reparos, en muchos ayuntamientos se ha acabado como el rosario de la aurora...

Exacto. Cuando he ejercido de interventor, he elevado los reparos, como decía la ley, los más importantes, que eran los que iban al pleno, y el pleno lo que hacía era ver quiénes estaban a favor del interventor y quiénes a favor del alcalde. Claro si tenía mayoría estaban a favor del alcalde, con lo cual era papel mojado y no servía para nada. Esperemos que se corrija ahora. No va la reforma por toda la independencia y el control que nos hubiera gustado a más de uno, un control más por parte nuestra y que dependamos más de los órganos de control externo que de los políticos, pero al menos se corrige una parte, y al año siguiente pueden conocer la Intervención General y el Tribunal de Cuentas nuestros reparos.

¿Cómo se les puede blindar frente a los vaivenes del poder?

La solución está clara. Pero a ningún gestor le interesa. Parece ser que siempre han argumentado que eso va contra la autonomía local. La capacidad decisoria siempre es del político, pero las funciones del control, si realmente se le quiere dar la importancia que tiene y actuar con independencia, eso pasaría por que estos cuerpos dependieran directamente de la Intervención General del Estado o un órgano del Tribunal de Cuentas. De esa forma yo iría a fiscalizar, el alcalde me recibiría a mí a gusto, y seríamos amigos, porque él sabría que no tendría esa dependencia. Actualmente el alcalde te puede abrir un expediente disciplinario, te puede quitar retribuciones. No es nada agradable que sea tu jefe al que tú controlas. Eso es muy complicado. Y muchos compañeros lo están pasando mal y van a seguir pasándolo mal, porque cada vez se pone más dura la normativa, pero es dura para el político y dura para los que tenemos que ejercer el control.

¿Cuáles son los principales problemas de los habilitados?

El principal es éste, ejercer las funciones con independencia y objetividad y no depender del órgano político directamente. Creo que eso nos daría una mayor libertad. Teóricamente tenemos independencia, pero siempre vamos a estar coartados por una serie de premisas. De otra forma tendríamos más garantías.

¿Cómo viven las críticas a la función pública?

Vivimos una crisis y nos toca a todos dar una parte del salario al común del presupuesto para superar los déficits. El ciudadano, por un lado, confunde al funcionario con el empleado público, y eso hay que dejarlo muy claro porque una cosa es el funcionario por oposición, que hemos sufrido una o dos y tres y cuatro oposiciones, y que estamos aquí por mérito y capacidad, con aquellos empleados públicos, el personal de confianza política, que accede a puestos a dedo. El ciudadano que no conoce bien nuestras funciones, no somos muy conocidos, por eso es importante que estos colegios no miren su propio ombligo e intereses corporativos, sino que también nos demos a conocer a los demás. Todo el mundo conoce el Colegio de Médicos, el de Abogados, y si le preguntas a cualquiera por la calle si conoce nuestro colegio como mucho le suenan los secretarios de los ayuntamientos. Se trata de defender los intereses y abrirnos al ciudadano, haciéndole ver que las funciones que nuestros cuerpos realizan son importantes para ellos mismos, para evitar la corrupción, que el dinero no se desperdicie, que no se gaste más de lo que se tiene.

El Tribunal de Cuentas tampoco funciona muy bien...

Va muy lento. Luego tiene que ser por denuncias muy gordas. Cuando funciona es por denuncias o problemas políticos, o porque hay una cosa exagerada, un desfalco y sale a la luz. No tiene medios suficientes. Si hay una descentralización de las cámaras habría que darle más capacidad, o darle a los habilitados mayor competencia para que pudieran ser, entre comillas, chivatos de esos tribunales. Cada vez que haya una desviación de fondos o presupuestaria que haya una alarma y que entre directamente, no como pasa ahora que el TdC ve cosas de hace 10 ó 12 años. Si no hay una reparación en su momento pagan justos por pecadores, porque pagan las generaciones venideras lo que ha hecho mal la generación anterior. Para eso mi solución es que, igual que en la Justicia hay medidas cautelares que suspenden una ejecución administrativa, en el ámbito del Derecho Administrativo, que los reparos de los habilitados suspendieran el procedimiento y no siguieran adelante hasta tanto en cuanto no lo levantara un órgano de control superior.