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La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 58 días en pagar a sus proveedores en el primer trimestre del año, lo que supera el plazo máximo de 30 días fijado por la Ley de Morosidad, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda.
Este plazo de pago es también superior al registrado en el conjunto de 2012, cuando se situó en una media de 47,5 días, año en el que la AGE disponía de un máximo de 40 días para efectuar el abono correspondiente, frente a los 30 de este ejercicio.
No obstante, la tardanza en el pago del primer trimestre de 2013 fue inferior a la del cuarto trimestre de 2012, en el que los proveedores del Estado cobraron en una media de 60 días.
El plazo máximo de 30 días está establecido para las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas.
De acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, el tiempo que tardó de media la AGE en pagar las inversiones fue 38 días.
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