El Senado aprueba la ley de racionalización del sector público con el apoyo del PP
Los grupos de la oposición rechazan la ley y emplazan al PP a dialogar con las corporaciones locales y las comunidades autónomas
El Pleno del Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el proyecto del ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa y ha incorporado seis enmiendas transaccionales que el PP ha pactado con otros grupos. Con estas modificaciones, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para proceder a su aprobación definitiva.
Durante el debate en Pleno, el PP ha pactado seis enmiendas transaccionales con otros grupos parlamentarios relacionadas con las licencias deportivas únicas, los consorcios sociosanitarios y el Consejo de la Juventud que finalmente han sido aprobadas en una votación final. El resto del proyecto de ley ha recibido 147 votos a favor, 93 en contra y 3 abstenciones.
El texto, al que se han presentado 8 vetos y un total de 181 enmiendas, ha llegado al Pleno ligeramente modificado respecto al que entró en el Senado, después de que la ponencia creada para debatir y analizar la norma incorporara al dictamen la mayoría de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, el PP ha vuelvo a votar en contra de las enmiendas de los demás grupos.
Así, el proyecto de ley, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y la simplificación de trámites administrativos, sale de la Cámara Alta con el principal apoyo del Grupo Popular.
Rechazo en bloque de la oposición
Todos los grupos de la oposición han rechazado la ley -como han venido haciendo desde el inicio de la tramitación parlamentaria- alegando que es un proyecto "recentralizador" que invade y reduce las competencias locales y autonómicas a través de la que se pretende suprimir órganos necesarios. Sin embargo, el PP sostiene que la norma busca hacer más eficiente la Administración para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
Así, los distintos grupos han emplazado al Grupo Popular a realizar una reforma de la Administración "desde el consenso" a través del "diálogo" con las comunidades autónomas y las corporaciones locales sobre la racionalización del sector público.
Desde el Grupo Socialista, el senador Juan María Vázquez, ha recalcado que esta reforma "o se hace con consenso político y social, o no se hace". En su opinión, la ley es "ideología pura y dura" y atiende al desmantelamiento que está haciendo el PP de los servicios públicos básicos en contra de los derechos de los ciudadanos.
Además, ha denunciado la destrucción de empleo en instituciones locales frente a que "apenas" se han realizado "recortes" en la Administración General del Estado. Vázquez ha criticado especialmente la supresión de organismos sociales que contempla la ley, como el Instituto de la Mujer o el Consejo de la Juventud. Asimismo, ha reprochado al PP que no proponga "ni una sola medida de mejora, ni de innovación ni de control de cuentas".
Desde el Grupo Mixto se han mostrado muy contundentes y la senadora Ester Capella (ERC) ha subrayado que la norma no cumplirá con el objetivo de crear administraciones más eficientes. Además cree que "sustrae a las comunidades autónomas" sus competencias, y por ello, a su juicio, la ley es un "certificado de defunción" de la política autonómica fruto de la "visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado" que tiene el PP, partido que "camina" en "sentido contrario a las demandas de la ciudadanía".
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