Cuatro de cada diez municipios de la provincia de Sevilla están sin secretario o interventor habilitado
El colegio profesional que agrupa a este colectivo culpa del déficit a la ausencia de oposiciones para cubrir las plazas. Los funcionarios admiten que esta situación ha podido agravar la crisis de algunos ayuntamientos.
TRINIDAD PERDIGUERO | ACTUALIZADO 10.09.2012 - 12:56VER NOTICIA COMPLETA EN ESTE ENLACE
Un total de 48 ayuntamientos sevillanos (casi el 46%) tienen en la actualidad vacantes o cubiertos de forma provisional todos o alguno de los puestos de secretario, interventor o tesorero, teóricamente reservados para funcionarios de carrera de habilitación nacional, esenciales para dar fe de la gestión pública y fiscalizarla. En cuatro de cada diez municipiosalguno de esos puestos o la totalidad están vacantes del todo, es decir, es otro funcionario municipal, pero sin formación ni oposiciones específicas aprobadas, el que asume las funciones de forma accidental. Esta situación se da tanto en pequeñas poblaciones -en las menores de 5.000 habitantes es un único puesto de secretario-interventor-, como en ciudades mayores, como es el caso de Dos Hermanas, Écija o Los Palacios.
Ese vacío o provisionalidad se prolonga durante años, décadas a veces. La ley sólo permite que, en ausencia de estos funcionarios con habilitación nacional, sea otro funcionario el que ocupe el puesto de forma accidental. Aunque ha habido casos sobre todo en pueblos pequeños en los que el grueso de la plantilla está compuesta por interinos, en los que administrativos o policías locales han tenido que asumir un papel delicado para garantizar la legalidad y la solvencia de las decisiones que se toman.
Son datos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) en Sevilla, que preside el secretario del Ayuntamiento hispalense, Luis Enrique Flores, quien apunta que ese déficit de personal es preocupante. No obstante, asegura que se debe menos a que los municipios no quieran cubrir los puestos por el temor de recibir más reparos a su gestión (aunque hay casos), que al hecho de que no se convocan procesos de selección. De hecho, hay una gran cantidad de ayuntamientos que los están solicitando, sobre todo en los últimos años, cuando la situación económico-financiera ha complicado la gestión. Pero no se les puede dar respuesta.
Aunque el presidente del colegio asegura que el caos económico no depende de que tenga cubiertos o no estos puestos, sino de otras circunstancias que han coincidido, admite que la situación es más grave allí donde no han tenido nunca a este personal habilitado.
Flores recuerda que desde el año 2007, la competencia de convocar procesos selectivos es de las comunidades autónomas, aunque se trate de habilitados de carácter nacional. Andalucía ha llevado a cabo algunos, con el hándicap de que es una selección compleja y costosa y a la que suelen acudir licenciados en Derecho, Económicas o Ciencias Políticas de todo el país, sobre todo de comunidades que no sacan plazas. Muchos de los que superan las pruebas vuelven a su lugar de origen, fuera de Andalucía, para trabajar. Desde el Colegio se ha propuesto al Gobierno central que vuelva a asumir la competencia de selección y formación.
Las medidas contra el déficit público complica las cosas, según Luis Enrique Flores, que como secretario ha pasado por varios municipios como Huévar, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación y Coria del Río. Mientras tanto, los profesionales creen que sería necesario un mayor apoyo de la Diputación, aunque recientemente se ha dado un paso en este sentido. En el Pleno de julio de la Corporación sevillana se aprobó la creación de dos nuevos puestos de secretario e interventor para dar apoyo a los ayuntamientos de cara a suplencias, elaboración de pliegos o documentación similar y asesoramiento, un servicio que ya funciona en Cádiz y Granada.
Este déficit de funcionarios cualificados específicamente contrasta con el papel preponderante que el Gobierno central quiere dar a interventores y secretarios para intentar controlar o reconducir los excesos y el déficit de la administración local. Ya ocurrió con el Plan E, el Plan 8.000 y el Plan 5.000, en los que estos funcionarios lograron sacar adelante, en pocos meses, contratos de obras que, de otra manera, se hubieran hecho en años. También se ha repetido con los recientes planes de ajuste para afrontar los créditos de la deuda con proveedores. Aunque al final, el Gobierno rectificó el papel que les dio a los interventores de ser prácticamente los encargados de hacer los recortes, a redactar un informe no vinculante. En las nuevas leyes que atañen a la Administración Local el Gobierno de Rajoy también ha apuntado que tendrán un papel mucho más determinante y decisivo en el día a día municipal.
Ese vacío o provisionalidad se prolonga durante años, décadas a veces. La ley sólo permite que, en ausencia de estos funcionarios con habilitación nacional, sea otro funcionario el que ocupe el puesto de forma accidental. Aunque ha habido casos sobre todo en pueblos pequeños en los que el grueso de la plantilla está compuesta por interinos, en los que administrativos o policías locales han tenido que asumir un papel delicado para garantizar la legalidad y la solvencia de las decisiones que se toman.
Son datos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) en Sevilla, que preside el secretario del Ayuntamiento hispalense, Luis Enrique Flores, quien apunta que ese déficit de personal es preocupante. No obstante, asegura que se debe menos a que los municipios no quieran cubrir los puestos por el temor de recibir más reparos a su gestión (aunque hay casos), que al hecho de que no se convocan procesos de selección. De hecho, hay una gran cantidad de ayuntamientos que los están solicitando, sobre todo en los últimos años, cuando la situación económico-financiera ha complicado la gestión. Pero no se les puede dar respuesta.
Aunque el presidente del colegio asegura que el caos económico no depende de que tenga cubiertos o no estos puestos, sino de otras circunstancias que han coincidido, admite que la situación es más grave allí donde no han tenido nunca a este personal habilitado.
Flores recuerda que desde el año 2007, la competencia de convocar procesos selectivos es de las comunidades autónomas, aunque se trate de habilitados de carácter nacional. Andalucía ha llevado a cabo algunos, con el hándicap de que es una selección compleja y costosa y a la que suelen acudir licenciados en Derecho, Económicas o Ciencias Políticas de todo el país, sobre todo de comunidades que no sacan plazas. Muchos de los que superan las pruebas vuelven a su lugar de origen, fuera de Andalucía, para trabajar. Desde el Colegio se ha propuesto al Gobierno central que vuelva a asumir la competencia de selección y formación.
Las medidas contra el déficit público complica las cosas, según Luis Enrique Flores, que como secretario ha pasado por varios municipios como Huévar, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación y Coria del Río. Mientras tanto, los profesionales creen que sería necesario un mayor apoyo de la Diputación, aunque recientemente se ha dado un paso en este sentido. En el Pleno de julio de la Corporación sevillana se aprobó la creación de dos nuevos puestos de secretario e interventor para dar apoyo a los ayuntamientos de cara a suplencias, elaboración de pliegos o documentación similar y asesoramiento, un servicio que ya funciona en Cádiz y Granada.
Este déficit de funcionarios cualificados específicamente contrasta con el papel preponderante que el Gobierno central quiere dar a interventores y secretarios para intentar controlar o reconducir los excesos y el déficit de la administración local. Ya ocurrió con el Plan E, el Plan 8.000 y el Plan 5.000, en los que estos funcionarios lograron sacar adelante, en pocos meses, contratos de obras que, de otra manera, se hubieran hecho en años. También se ha repetido con los recientes planes de ajuste para afrontar los créditos de la deuda con proveedores. Aunque al final, el Gobierno rectificó el papel que les dio a los interventores de ser prácticamente los encargados de hacer los recortes, a redactar un informe no vinculante. En las nuevas leyes que atañen a la Administración Local el Gobierno de Rajoy también ha apuntado que tendrán un papel mucho más determinante y decisivo en el día a día municipal.
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