AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: El interventor ratifica el fracaso de los anteriores planes de ajuste

El interventor ratifica el fracaso de los anteriores planes de ajuste

El Ayuntamiento ha incumplido las previsiones de ahorro para poder obtener el crédito con el que pagó a los proveedores en 2012

SYLVIA ESCRIBANO 27.09.2013 | 13:43

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Papel mojado. En eso han quedado los planes de saneamiento y ajuste aprobados en 2010 y 2012, respectivamente. Así se constata en los informes de la Intervención municipal que hoy se elevarán al pleno y que, posteriormente, se remitirán al Ministerio de Hacienda. Según dichos informes de seguimiento de los planes, ni se han cumplido las previsiones en ingresos y, mucho menos, los compromisos sobre la reducción del gasto. Un fracaso que, en buena medida, viene generado por la incapacidad de reducir el gasto en las grandes contratas municipales.
La previsión del plan de ajuste que se elaboró en 2012 como condición para poder pedir un crédito de 48 millones de euros con el que saldar deudas con proveedores era la de ahorrar 21 millones de euros aplicando recortes tanto en el capítulo de personal 2,1 millones como en el de gasto corriente en bienes y servicios 19 millones. Sin embargo, el interventor prevé que el ahorro que finalmente se consiga en 2013 sea de 14 millones de euros. Es decir, siete menos de los que preveía inicialmente.

En las medidas sobre el gasto corriente, entre las que se encontraba la de reducir un 20% el importe de las contratas, la reducción apenas alcanzará los 11 millones de euros, frente a los 19 que se contemplaban en las previsiones de este plan de ajuste.

En el caso de los ingresos, tampoco se alcanzará el aumento de la recaudación de dos millones de euros que había previsto con el cobro de tasas e impuestos, pero casi. El interventor indica en su informe que se alcanzará un aumento de los ingresos de 1,8 millones con estas medidas cuando acabe 2013.

Tampoco se han cumplido hasta ahora las medidas de ajuste que se incluyeron en el plan de saneamiento aprobado en 2010. En buena parte, porque algunas de las nuevas tasas que se preveía aprobar siguen sin estar en vigor, como la del uso para celebraciones del Castillo de Santa Bárbara, y por que no se ha reducido el gasto en el transporte urbano como estaba previsto.

A la vista de estos informes, desde la oposición cuestionan que la revisión del plan de ajuste que se aprobará hoy para acceder al rescate de 27 millones de euros del Gobierno se cumpla. No obstante, en esta ocasión, es previsible que el Ministerio de Hacienda ejerza un control más directo sobre la ejecución de las medidas. De hecho, el Ayuntamiento de Alicante deberá obtener un informe previo y vinculante del departamento del ministro Cristóbal Montoro para poder aprobar sus presupuestos municipales de 2014, que en la práctica quedarán intervenidos.

Las condiciones que debe asumir el Ayuntamiento serán más drásticas que en ocasiones anteriores. La propia alcaldesa, Sonia Castedo, reconoció en una entrevista a la cadena Ser que «un rescate tiene sus pros y sus contras» y que le gustaría tener «una ciudad capaz de salir adelante sin necesidad de recurrir a otras administraciones para hacerlo», consideró que el crédito solicitado al Gobierno «mejorará la situación económica de la ciudad».

Algo que cuestionan desde los grupos de la oposición, que recuerdan a la regidora que el préstamo habrá que devolverlo y que se «hipoteca» el futuro del consistorio con una elevada deuda financiera que, según afirman desde Esquerra Unida, supera los 200 millones de euros. El portavoz de esta agrupación, Miguel Ángel Pavón, recuerda que entre este crédito y el que se pidió hace un año ya van más de 70 millones para el pago de facturas guardadas en los cajones, buena parte de ellas a empresas participadas por el empresario Enrique Ortiz.

Pavón también muestra su preocupación ante el recorte de cinco millones en servicios de cara al próximo año, aunque en el plan de ajuste se establezca que es para los «no obligatorios». Al respecto, advierte de que «la reforma de las administraciones locales que el PP quiere aprobar en Madrid, incluiría los servicios sociales o educativos que actualmente presta el consistorio».