Las CCAA reducen su deuda comercial un 72,3% desde enero de 2012 hasta marzo de 2014

Las CCAA reducen su deuda comercial un 72,3% desde enero de 2012 hasta marzo de 2014

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22 MAY, 2014

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica hoy los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014 para el conjunto de las comunidades autónomas.

Conforme a la información publicada, el déficit presupuestario no financiero a finales de marzo, una vez depuradas aquellas operaciones  que afectan más significativamente al análisis de los datos, registra un 0,08% del PIB nacional, con un comportamiento en el mes de marzo de 2014 más favorable en relación al mismo mes del ejercicio anterior. Cabe destacar la evolución positiva en la variación interanual de las cifras de ingresos y gastos, respecto a la reflejada en los datos acumulados hasta febrero, dado que se mitiga la caída interanual en los ingresos no financieros, con una mejora significativa en los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales, así como se modera el incremento observado hasta febrero de los gastos no financieros, especialmente de los gastos corrientes.

Por otro lado, en el segundo apartado del resumen ejecutivo que acompaña a dichos datos se facilita información sobre la evolución a lo largo del ejercicio 2014 de los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago en el ámbito autonómico. En este sentido, cabe observar cómo las obligaciones pendientes de pago de las CCAA derivadas de gastos no financieros en los tres primeros meses del año 2014 se han reducido en 10.073,84 millones de euros. Esta reducción viene condicionada por el pago en el mes de febrero del segundo tramo de la tercera fase del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, por importe de 7.970,09 millones de euros, por lo que la reducción alcanzada ha sido incluso superior al efecto esperado con el pago de dicho tramo.

Reducción de la morosidad en el ámbito autonómico

Desde comienzos del 2012 se ha impulsando un ambicioso paquete de actuaciones con el objetivo de disipar toda duda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este contexto se enmarcan las medidas enfocadas a erradicar la morosidad pública, eliminando la que se había generado en el pasado y evitando que se generen en el futuro nuevas demoras en el pago a los proveedores de las administraciones territoriales.

Desde 2012 se ha logrado eliminar una parte muy sustancial del stock de deuda comercial de las administraciones autonómicas. Así, a través del Fondo para el Pago a Proveedores se han abonado un total de 30.219 millones de euros. Además, el Fondo de Liquidez Autonómico ha permitido el pago a proveedores durante los ejercicios 2012 y 2013 de otros 13.316 millones de euros, estableciéndose un orden de prelación que garantiza la prioridad en el pago de los servicios públicos fundamentales. Estas actuaciones, junto al seguimiento que ha efectuado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con ocasión de los planes de ajuste acordados con las comunidades autónomas, ha supuesto la reducción de la deuda comercial en un 72,3% respecto a la situación existente a 1 de enero de 2012.

Así, frente a un stock de deuda comercial de casi 25.000 millones de euros se ha logrado una reducción de prácticamente 18.000 millones de euros, que han permitido una inyección importante de liquidez, principalmente a pymes y autónomos.

No obstante, esta mejora de la deuda comercial autonómica debe consolidarse e incluso ser objeto de reducción adicional, para lo cual resultarán determinantes las modificaciones normativas introducidas recientemente. Así, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público,  la Orden Ministerial 429/2014 de desarrollo del registro contable de facturas, y especialmente la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público vienen a constituir el núcleo fundamental en la garantía del cumplimiento de los plazos de pago a proveedores y de reducción de la morosidad comercial en las administraciones públicas.