El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. /ULY MARTÍN (EL PAÍS)
El Estado duplica el tiempo de pago de sus facturas de gasto corriente
La Administración General tarda dos meses en abonar su deuda comercial en bienes y servicios
La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 61,5 días en pagar a sus proveedores de bienes y servicios corrientes entre abril y junio, el doble que el trimestre anterior, según figura en un reciente informe elaborado por el Ministerio de Hacienda. El tiempo que tarda el Estado en liquidar sus facturas de gasto corriente es el más alto desde que se comenzaron a publicar estos registros en 2010.
El aumento de la morosidad de los gastos habituales de los ministerios eleva el plazo medio de pago total, que incluye facturas de bienes y servicios e inversiones, a 36,5 días de media. Este dato empeora en 10 días al del trimestre anterior y en 12 días al de diciembre del año pasado, cuando logró finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 días).
Este aumento del plazo de pago supone rebasar el límite legal de 30 días establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura, según un cambio normativo introducido por el Ejecutivo en 2013.
Hacienda justifica el retraso en los pagos porque entre abril y junio ha liquidado muchas más facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores —302 millones de euros frente a 141 millones entre enero y abril—. Argumentan que muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos. Además, añaden que el cambio del método para calcular el plazo de pago también ha perjudicado sus cifras. Mucha culpa de este alza de la morosidad la tiene el Ministerio del Interior, el que acumula más retraso en pagar a sus suministradores. El Departamento dirigido por Jorge Fernández tarda 106,48 días en liquidar sus recibos pendientes por 116 millones.
El Gobierno está azuzando a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos para que reduzcan su morosidad. De hecho, estableció mecanismos en los planes de pago a proveedores y en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que aflojaran el bolsillo y liquidaran sus deudas comerciales cuanto antes.
La morosidad pública es uno de los problemas que perjudican la liquidez en la economía. Además, es responsable del cierre de empresas. Para combatirlo, el Gobierno aprobó a finales de julio un decreto que unifica el método para calcular el periodo medio de pago de todas las administraciones. Hacienda incluyó un apartado en la norma que le habilita para pagar a los proveedores de las administraciones que han demorado excesivamente el pago a cambio de retenerles los ingresos que tendrían que recibir.
En este escenario, el Estado ha incrementado la morosidad respecto al trimestre anterior. Se debe sobre todo al retraso del Estado en pagar sus facturas de relacionadas con sus gastos corrientes. La información facilitada por el ministerio diferencia entre el periodo de pago del Estado de los gastos corrientes en bienes y servicios —alquileres, reparaciones, material de oficina, comunicaciones, transportes, publicaciones y asistencia sanitaria— y el de las inversiones —contratos de obra, suministros, consultoría, inversiones militares y concesión de obras públicas—.
Precisamente, estas últimas solo tarda en pagarlas 22 días. De hecho, entre abril y junio la Administración del Estado ha tardado la mitad en finiquitar 508 millones de euros por facturas de inversiones que 302 millones por recibos de gastos corrientes.
A pesar de que el último trimestre ha empeorado la morosidad de la Administración General del Estado, también es cierto que ha mejorado respecto al mismo periodo del año anterior cuando el plazo medio de abono era de 40,08 días, según los registros elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para el ministerio de Hacienda.
El ministerio detalla que a 30 de junio había 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago. Hacienda justifica que la mayoría de estas facturas ya han sido pagadas y las que aún quedan pendientes se debe por “la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias”. De hecho, los pagos retenidos por errores u omisión para gastos corrientes acumulan un retraso de 858 días, casi tres años. Una situación similar ocurre para las operaciones impagadas por errores u omisión del capítulo de inversiones, que suman un retraso de 762 días.
Las comunidades aumentan la morosidad con los autónomos
Varias organizaciones de pymes y autónomos han alertado en los últimos meses contra el aumento de la morosidad de las administraciones públicas. La asociación de trabajadores autónomos (ATA) lo destaca en un reciente informe: La morosidad ha repuntado un 10,3% en el segundo trimestre del año. Achaca este incremento a la finalización de la última fase del plan de pago a proveedores.
La asociación de autónomos calcula que el tiempo medio que tardan las administraciones públicas en abonar sus facturas se sitúa en 113 días, tres veces más de lo que establece la legislación. Mientras el Gobierno central y los Ayuntamientos han rebajado el periodo medio de pago, las comunidades han aumentado los plazos hasta los 130 días, seis más que en el trimestre anterior.
Para combatir estos retrasos, el Gobierno aprobó a finales de julio un real decreto que homogeneiza la fórmula para computar la morosidad entre todas las administraciones. Además, estableció mecanismos para incentivar que comunidades y Ayuntamientos liquiden sus deudas pendientes. Pero el texto deja dudas entre empresarios y autónomos.
Nuevo método
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), una organización que agrupa a cerca de un millón de empresas, considera que la norma “permite alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra más allá de los 30 días, lo que puede derivar en un punto de escape para las administraciones morosas”. Esta organización reclama que “las administraciones públicas no pueden tener un plazo de tiempo indeterminado para la aprobación de facturas”.
El presidente de la PMCM, Antoni Cañete, se muestra contundente: “No podemos dejar una puerta falsa para que las administraciones incumplan sus compromisos de pago. Europa no lo permitirá y nosotros no deberíamos permitirlo”, señala en el blog de la organización contra la morosidad.
Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, divulgó un informe el pasado 22 de julio en el que advierte de que el 60% de las pymes españolas sufre retrasos en los pagos. Cifra en 11.172 millones las facturas bloqueadas sin pagar. Aunque Cepyme admite que la morosidad entre empresas es mucho más elevada en la que corresponde a las administraciones públicas, lo cierto es que el 6% de todas las facturas impagadas, unos 700 millones, se debe a retrasos de entidades públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario