ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.PLANES ECONOMICOS-FINANCIEROS

martes, 9 de septiembre de 2014

El alcalde de O Barco ignoró 69 veces al interventor acerca de un contrato ilegal

El alcalde de O Barco ignoró 69 veces al interventor acerca de un contrato ilegal

GALICIA

El alcalde de O Barco ignoró 69 veces al interventor acerca de un contrato ilegal

Día 09/09/2014 - 12.34h

Alfredo García, también presidente del PSdeG en la provincia de Orense, está imputado por irregularidades en las concesiones de la ORA y la limpieza


La función de un interventor municipal es, en cierta manera, la de mantener la cordura legal y financiera en un ayuntamiento. Cuando los intereses políticos (o, en el peor de los casos, personales) mueven a un alcalde a firmar ciertos contratos cuya legalidad sea dudosa o abiertamente cuestionable, el interventor municipal (un puesto al que se llega tras una compleja oposición) tiene la función de poner objeciones al mismo para salvaguardar los intereses municipales más allá de colores políticos.
Los reparos del interventor de O Barco de Valdeorras, no obstante, fueron en los últimos años poco más que papel mojado en las dependencias de la casa consistorial. José Manuel Muñoz se hartó, literalmente, de certificar que las facturas que se pagaban a Limpiezas Valdeorras (Limpival) S.L. por prestar servicios de limpieza en las dependencias municipales eran irregulares. Ni una ni dos ni tres fueron los reparos suspensivos del interventor que levantó la Junta de Gobierno en los últimos cuatro años, sino 69. En 2010 ignoró seis reparos, 20 en 2011, 26 en 2012 y 17 en 2013, pasando por encima que el interventor consideraba que todos los pagos a Limpival debían ser suspendidos.
Todos y cada uno de estos reparos fueron solicitados esta pasada semana por el Juzgado Mixto número 1 de O Barco, que el pasado sábado imputó al alcalde de la capital de Valdeorras, Alfredo García,atendiendo a una denuncia sobre presuntas irregularidades en el citado contrato de limpieza y en el de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA).
Limpival S.A. recibió la encomienda de limpiar las dependencias municipales en septiembre de 2009, en un contrato que precisaba expresamente que era improrrogable y que caducaba el 31 de agosto del año siguiente. No obstante, la empresa siguió ejerciendo esas tareas hasta este año, cuando Clece le arrebató la concesión. Entre 2010 y 2014, por lo tanto, se estuvo prorrogando el contrato pese a la prohibición expresa que se incluía en el pliego de condiciones.

Una cantidad triplicada

Durante estos años, sobra escribirlo, la concesión del servicio de limpieza no les salió gratis a los ciudadanos de O Barco, pese a que no existía un contrato que lo avalase. «Bastaría comprobar el dinero público que ha salido de las arcas municipales durante el tiempo que esta empresa prestó su servicio para ver que la adjudicación en 104.000 euros, y con prohibición de ser prorrogado, supera tres veces esta cantidad», glosa la denuncia que el grupo municipal del Partido Popular realizó en abril de este mismo año ante el juzgado.
Pese al aluvión de reparos suspensivos que salieron del despacho del interventor municipal entre noviembre de 2010 hasta mayo de 2013, el dinero público fue saliendo del Ayuntamiento de O Barco hacia los despachos de Limpival. Entre 2011 y 2012, fueron 264.643 euros,«sumas muy importantes y de grave repercusión para las arcas municipales», según destacan los denunciantes, que ven claro el porqué de estas irregularidades realizadas «a sabiendas»: «con la utilización de esta fórmula se evita que este tipo de contrataciones estén sujetas a las exigencias y requisitos legales de un contrato de cuantía mayor».
La supuesta irregularidad que envuelve al contrato de limpieza de las dependencias municipales no será el único asunto que deba explicar ante el juez el alcalde Alfredo García junto a los secretarios e interventores citados como testigos. El otro contrato de dudosa legalidad es uno que afecta mucho más de cerca a los barquenses.

Pérdidas «en un A4»

En 2004 el Ayuntamiento publicó el pliego de condiciones para concurrir al servicio de la ORA. En él se especificaba que la concesión duraría dos años y que sería prorrogado como máximo una vez , por un período de tiempo idéntico al del contrato. Al año siguiente, la empresa ganadora del concurso resultó ser Dornier S.A., concesionaria también del control de aparcamiento de varias ciudades españolas, entre ellas Pamplona.
El contrato fue firmado el 28 de junio de 2005 y prorrogado el 16 de agosto de 2007, es decir, superando en casi dos meses el plazo estipulado en el contrato. Este incumplimiento, que se podría achacar al pecado venial de la impuntualidad, queda empequeñecido si se compara con lo que ocurrió a partir de 2009, cuando expiró el contrato. «Curiosamente, en los primeros años de su implantación en O Barco, esta empresa siempre había tenido beneficios —explica Moisés Blanco, portavoz del grupo municipal del PPdeG—, pero desde que caducó la concesión, empezó a llevar al Ayuntamiento una hojita en A4 en la que decía que tenía pérdidas», por lo que dejó de pagar el canon del ORA. «Y así refleja unas pérdidas de 19.364 euros en el año 2010 y de 8.792 en el año 2011», relata la denuncia.
Lo curioso, a pesar de lo gravosa que esta concesión parecía ser para Dornier, cuando esta finalmente sale a concurso... la empresa vuelve a presentarse y vuelve a ganar. Sorprendentemente, o quizá por estar la Junta de Gobierno ya escarmentada, en el capítulo de ingresos delpresupuesto de 2014 no se incluye por ninguna parte el canon de la ORA.
El alcalde de O Barco, que también es presidente provincial del PSdeG de Orense y vicepresidente primero de la Fegamp, es decir, un peón clave en el entramado político municipal de los socialistas, lequita hierro a las acusaciones y atribuye todo a «unas gestiones que no se pudieron hacer por una serie de circunstancias». «No participaré en ese juego», afirmó, rotundo. La imputación, sin embargo, hace que ahora le toque a él mover ficha.


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La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

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Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector público y Presupuesto de Tesorería

El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

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