GESTIÓN DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA

Publicado el 28/6/2014

Gestión financiera

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias.
Funciones

· la determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa.

· La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa.

· La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad.

· El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa.

· El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones.
Organización

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su tamaño. Si la empresa es grande, la importancia del tema financiero es determinante, entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente financiero o gerente administrativo-financiero. El gerente financiero es aquella persona que pone en gestión financiera las decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de la empresa. Esta es su función como gerente y estratega.

De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se custodian los fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como pagos o se depositen). Del área de Tesorería depende la de Cobranzas, donde se producen todos los ingresos.

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir la documentación requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y requerir las autorizaciones correspondientes.

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de invertirlos.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos65...

El Gobierno incumple su propia ley de Morosidad

DE 30 A 61 DÍAS DE MEDIA

El Gobierno incumple su propia ley de Morosidad

Negocios.com

Lunes, 1. Septiembre 2014 - 10:24

Ver artículo completo en este enlace

La Administración General del Estado incumple la propia ley de Morosidad y se ve perjudicado por los cambios normativos. Interior, el peor Ministerio.

La Administración General del Estado (AGE) incumple la ley de morosidad y tarda una media de dos meses en hacer frente a los pagos a proveedores de bienes y servicios corrientes durante el segundo trimestre del año, el doble que el trimestre anterior, según los datos del Ministerio de Hacienda. Es el período más alto desde que en 2010 se comenzaran a registrar los pagos a proveedores.

De esta forma, el aumento de la morosidad de los gastos corrientes de los Ministerios se ha elevado a 36,5 días de media, una cifra que supera en 10 días a la registrada entre enero y marzo de este año y en 12 días respecto a diciembre del pasado año, cuando logró finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 días).

Así, según recoge El País, el aumento del plazo incumple el límite legal de los 30 días establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura.

Pese a este incumplimiento, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, justifica la morosidad debido a que en el segundo trimestre se han liquidado más facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores, de los 141 millones del primer trimestre hasta los más de 300 millones de abril a junio. Asimismo, ha admitido en el informe que también se ha visto perjudicado porque muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos y debido al nuevo método para calcular el plazo de pago. El Ministerio de Interior es el que peor paga, con un retraso de 106,48 días para liquidar sus recibos pendientes por 116 millones. 

Hacienda ha desglosado la información en gastos corrientes en bienes y servicios -comunicaciones, electricidad, alquiler, mantenimiento o material de oficina- y el de las inversiones -contratos de obra, suministros, consultoría, inversiones militares y concesión de obras públicas-. En últimas solo tarda en pagarlas 22 días. De hecho, entre abril y junio la Administración del Estado ha tardado la mitad en finiquitar 508 millones de euros por facturas de inversiones que 302 millones por recibos de gastos corrientes.

Según Hacienda, a finales del primer semestre había 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago y las que aún quedan pendientes se debe por "la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias".

El Estado duplica el tiempo de pago de sus facturas de gasto corriente

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. /ULY MARTÍN (EL PAÍS)

El Estado duplica el tiempo de pago de sus facturas de gasto corriente

La Administración General tarda dos meses en abonar su deuda comercial en bienes y servicios

• Hacienda sancionará a las grandes compañías morosas
• Las comunidades aumentan la morosidad
• 
  

Ver artículo completo en este enlace

La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 61,5 días en pagar a sus proveedores de bienes y servicios corrientes entre abril y junio, el doble que el trimestre anterior, según figura en un reciente informe elaborado por el Ministerio de Hacienda. El tiempo que tarda el Estado en liquidar sus facturas de gasto corriente es el más alto desde que se comenzaron a publicar estos registros en 2010.

El aumento de la morosidad de los gastos habituales de los ministerios eleva el plazo medio de pago total, que incluye facturas de bienes y servicios e inversiones, a 36,5 días de media. Este dato empeora en 10 días al del trimestre anterior y en 12 días al de diciembre del año pasado, cuando logró finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 días).

Este aumento del plazo de pago supone rebasar el límite legal de 30 días establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura, según un cambio normativo introducido por el Ejecutivo en 2013.

El Gobierno aumenta el periodo medio de pago total hasta los 36,5 días

Hacienda justifica el retraso en los pagos porque entre abril y junio ha liquidado muchas más facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores —302 millones de euros frente a 141 millones entre enero y abril—. Argumentan que muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos. Además, añaden que el cambio del método para calcular el plazo de pago también ha perjudicado sus cifras. Mucha culpa de este alza de la morosidad la tiene el Ministerio del Interior, el que acumula más retraso en pagar a sus suministradores. El Departamento dirigido por Jorge Fernández tarda 106,48 días en liquidar sus recibos pendientes por 116 millones.

El Gobierno está azuzando a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos para que reduzcan su morosidad. De hecho, estableció mecanismos en los planes de pago a proveedores y en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que aflojaran el bolsillo y liquidaran sus deudas comerciales cuanto antes.

Hacienda justifica que entre abril y junio ha liquidado muchos más recibos

La morosidad pública es uno de los problemas que perjudican la liquidez en la economía. Además, es responsable del cierre de empresas. Para combatirlo, el Gobierno aprobó a finales de julio un decreto que unifica el método para calcular el periodo medio de pago de todas las administraciones. Hacienda incluyó un apartado en la norma que le habilita para pagar a los proveedores de las administraciones que han demorado excesivamente el pago a cambio de retenerles los ingresos que tendrían que recibir.

En este escenario, el Estado ha incrementado la morosidad respecto al trimestre anterior. Se debe sobre todo al retraso del Estado en pagar sus facturas de relacionadas con sus gastos corrientes. La información facilitada por el ministerio diferencia entre el periodo de pago del Estado de los gastos corrientes en bienes y servicios —alquileres, reparaciones, material de oficina, comunicaciones, transportes, publicaciones y asistencia sanitaria— y el de las inversiones —contratos de obra, suministros, consultoría, inversiones militares y concesión de obras públicas—.

Precisamente, estas últimas solo tarda en pagarlas 22 días. De hecho, entre abril y junio la Administración del Estado ha tardado la mitad en finiquitar 508 millones de euros por facturas de inversiones que 302 millones por recibos de gastos corrientes.

A pesar de que el último trimestre ha empeorado la morosidad de la Administración General del Estado, también es cierto que ha mejorado respecto al mismo periodo del año anterior cuando el plazo medio de abono era de 40,08 días, según los registros elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para el ministerio de Hacienda.

El ministerio detalla que a 30 de junio había 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago. Hacienda justifica que la mayoría de estas facturas ya han sido pagadas y las que aún quedan pendientes se debe por “la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias”. De hecho, los pagos retenidos por errores u omisión para gastos corrientes acumulan un retraso de 858 días, casi tres años. Una situación similar ocurre para las operaciones impagadas por errores u omisión del capítulo de inversiones, que suman un retraso de 762 días.

Las comunidades aumentan la morosidad con los autónomos

Varias organizaciones de pymes y autónomos han alertado en los últimos meses contra el aumento de la morosidad de las administraciones públicas. La asociación de trabajadores autónomos (ATA) lo destaca en un reciente informe: La morosidad ha repuntado un 10,3% en el segundo trimestre del año. Achaca este incremento a la finalización de la última fase del plan de pago a proveedores.

La asociación de autónomos calcula que el tiempo medio que tardan las administraciones públicas en abonar sus facturas se sitúa en 113 días, tres veces más de lo que establece la legislación. Mientras el Gobierno central y los Ayuntamientos han rebajado el periodo medio de pago, las comunidades han aumentado los plazos hasta los 130 días, seis más que en el trimestre anterior.

Para combatir estos retrasos, el Gobierno aprobó a finales de julio un real decreto que homogeneiza la fórmula para computar la morosidad entre todas las administraciones. Además, estableció mecanismos para incentivar que comunidades y Ayuntamientos liquiden sus deudas pendientes. Pero el texto deja dudas entre empresarios y autónomos.

Nuevo método

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), una organización que agrupa a cerca de un millón de empresas, considera que la norma “permite alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra más allá de los 30 días, lo que puede derivar en un punto de escape para las administraciones morosas”. Esta organización reclama que “las administraciones públicas no pueden tener un plazo de tiempo indeterminado para la aprobación de facturas”.

El presidente de la PMCM, Antoni Cañete, se muestra contundente: “No podemos dejar una puerta falsa para que las administraciones incumplan sus compromisos de pago. Europa no lo permitirá y nosotros no deberíamos permitirlo”, señala en el blog de la organización contra la morosidad.

Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, divulgó un informe el pasado 22 de julio en el que advierte de que el 60% de las pymes españolas sufre retrasos en los pagos. Cifra en 11.172 millones las facturas bloqueadas sin pagar. Aunque Cepyme admite que la morosidad entre empresas es mucho más elevada en la que corresponde a las administraciones públicas, lo cierto es que el 6% de todas las facturas impagadas, unos 700 millones, se debe a retrasos de entidades públicas.

Cuantía máxima y mínima de las facturas

La historia jamás contada del plan de pago a proveedores

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO

MADRID

01-09-2014 08:19

Ver artículo completo en este enlace

Le proponemos un reto. Haga una búsqueda en la hemeroteca-internet y consiga un titular con alguna crítica al plan de pago a proveedores. No la encontrará, seguro. Es más, es muy probable que sea una de esas medidas que de vez en cuando ponen en marcha los gobiernos, sean del color que sean, que menos contestación ha recibido por parte de la oposición política (fuentes socialistas lamentan: “por qué no se nos ocurrió a nosotros”) y de la opinión pública. La explicación a tanto éxito es fácil. Se trataba de pagar las facturas pendientes y el proceso contaba con la garantía del Estado, luego, ¿quién podía negarse? Y otro dato más: Italia, uno de los campeones del mundo en morosidad, junto con España y Grecia, ha copiado el modelo made in Spain y ya lo ha puesto en marcha; y sin pagar derechos de autor por ello.

Una vez concluido ese pago de las facturas atrasadas en tres fases, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda ha explicado a CincoDías más allá de los datos de sobra conocidos por todos sobre el volumen de facturas abonadas (más de ocho millones), el número de proveedores beneficiados (más de 190.800) y el importe abonado (más de 41.800 millones de euros) las anécdotas de esta operación y todas las curiosidades que nunca se adjuntan en los comunicados de prensa.

La situación era tal que en apenas 15 días se cambió la ley para poder pagar

Vayamos por partes. ¿A quién se le ocurrió la idea de poner en marcha este mecanismo? “Al ministro Montoro”, responden al unísono distintos responsables del Ministerio. Las mismas fuentes recuerdan que a comienzos de 2012 la situación se había vuelto insostenible. “Los ingresos públicos se habían desplomado como consecuencia de la recesión, las administraciones públicas tenían limitado por ley contraer nuevas deudas a largo plazo para financiar gasto corriente, las líneas de liquidez de 2009 y 2011 no habían resuelto la morosidad en las operaciones comerciales y las empresas acumulaban tanto retraso que para algunas estaba comprometida hasta su continuidad. Por todo ello, había que actuar y había que hacerlo ya”, aseguran desde Hacienda. Además, lo peor, lo que ha diferenciado a esta crisis de cualquier otra anterior es que el grifo del crédito se había cerrado hasta para las administraciones. “Para un proveedor, ya no valía con acudir al banco y enseñar una factura pendiente de cobro con el sello de una administración pública. Nadie adelantaba dinero a nadie”, subrayan estas fuentes.

La decisión se toma a finales de enero, el 24 de febrero se aprueba la primera regulación y en dos semanas se dan luz verde a las normas básicas que iban a conformar el marco jurídico de esa ventanilla única habilitada para administraciones y proveedores. “Cuando ya tuvo forma jurídica el mecanismo, ahí fue cuando supimos que iba a funcionar”, admiten quienes estuvieron al frente de todo.

Negociación con la banca

Antes, había transcurrido la negociación con la banca, que no fue fácil y en la que participaron, además de Hacienda, Economía y el ICO. Se estableció la garantía del Estado y se fijaron unos tipos de interés que aunque elevados, eran inferiores a los que se pagaban entonces por la deuda española. A finales de mayo ya se estaban abonando las facturas que entraron en la primera fase, aquello echaba a rodar. Previamente hubo semanas de auténtica locura porque había que comprobar la veracidad de las facturas y sortear algún intento de fraude, que haberlo, haylo. La reacción de las distintas administraciones fue clave para lograr el éxito en tiempo récord y, por supuesto, la tecnología, basada en una plataforma informática que también se diseñó y montó en pocos días. Solo en un mes se recibieron más de 9.000 llamadas y 6.000 correos electrónicos y se publicaron centenares de notas aclaratorias según surgían los problemas.

Y tanta era la deuda pendiente acumulada que hubo facturas de todos los importes imaginables y algunas todavía emitidas en pesetas. Un total de 17.305 recibos de los ayuntamientos se encontraron en esa situación. De ellos, 841 eran anteriores al año 2000, incluso se han pagado cantidades de 1985 y 1986 por importe de casi 39 millones de euros. Entre las facturas aportadas por las comunidades, la de mayor cuantía fue una de 199,9 millones de euros para la puesta en marcha de un proyecto de gestión ambiental. Otros 690.474 recibos de las regiones fueron de menos de 100 euros. Los ayuntamientos y entes locales aportaron hasta 72 facturas de menos de 10 euros. ¿Se ha puesto el contador a cero? No, pero la deuda pendiente es mucho más asumible y no hay nada por cobrar de más de un año de antigüedad. Solo en los ayuntamientos, el pendiente de cobro ha pasado de los más de 8.500 millones de 2011 a poco más de 4.000 millones.

Coronas de los Reyes Magos o el periódico local

El proceso concluyó a comienzos de este año y Hacienda reitera que ya no habrá más planes a proveedores. “No va a hacer falta, con la factura electrónica y los plazos que fija la Ley de morosidad, las administraciones no volverán a acumular un nivel de deuda similar, porque quien lo haga será intervenido”, recalcan.

Por ello, muy pronto todo este proceso por el que se abonaron algunas facturas que llevaban en los cajones casi 30 años será historia. Y aunque por respeto y discreción desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro no quieren señalar con nombres y apellidos, sí resuelven algunas curiosidades más: ¿Qué conceptos de todos los pagados son más curiosos? “Nos hemos encontrado de todo, la verdad. Gastos perfectamente asumibles como material de oficina, pero también las coronas de los Reyes Magos de la cabalgata navideña que estaban sin abonar desde 1992”. También fue llamativo encontrarse como un ayuntamiento no había pagado desde 2002 la construcción de un centro para la celebración de sus juegos ecuestres.

Y otra más. Un ayuntamiento había dejado de pagar la compra de dos rotativas a un proveedor japonés, cuyo importe total ascendía a 900.000 euros para la puesta en marcha de un periódico local, “ya que les resultaba demasiado caro hacer que el Consistorio saliera en la prensa de la comarca de manera favorable”, relatan divertidos los responsables de Hacienda. Hay que apuntar que esas rotativas nunca se estrenaron.

Intervención advierte de que el Concello de Moaña debe limitarse a los servicios mínimos

Intervención advierte de que el Concello de Moaña debe limitarse a los servicios mínimos

En el informe de seguimiento del primer trimestre del plan de ajuste se reconoce una reducción del gasto, pero también que no se cumplen las subidas de impuestos

Ver artículo completo en este enlace

Moaña tiene problemas para cumplir con las medidas establecidas en el plan de ajuste, tanto administrativas, como presupuestarias y fiscales, para hacer frente al pago de los intereses de los créditos que solicitó el Concello al Estado al amparo del plan de pago a proveedores. Así lo determina el informe de seguimiento del primer trimestre del año que el próximo jueves va a pleno, en el que la interventora advierte de que es "imprescindible que se proceda a la mayor brevedad posible a la reducción y contención de todo tipo de gastos no obligatorios, limitando la actividad municipal a los servicios mínimos, a la adopción de todas las medidas contempaldas en el plan de ajuste y la incorporación de medidas adicionales" . En el mismo, la interventora del Concello señala que de las cifras derivadas del estado de ejecución del presupuesto se observa el incumplimiento o la no adopción de las medidas previstas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entre las medidas no adoptadas está la revisión de la Ordenanza del Impuesto de Vehículos, de forma que ya en el 2013 se preveía un incremento en la recaudación por dicho concepto de 118.464 euros. La interventora lo califica de desviación en el calendario del plan de ajuste.

De igual forma, se ha incumplido la actualización de las tasas y precios públicos en función del IPC, lo mismo que la tramitación de expedientes de contratación con concurrencia pública de los contratos de suministro (material de oficina, productos de limpieza o servicios de telefonía) con el objetivo de lograr una reducción del gasto por estos conceptos próxima al 20%.

La interventora insiste en que no se está cumpliendo el plan de ajuste, aprobado por el pleno el 30 de marzo de 2013 y que la fuerte inestabilidad que registra el Ayuntamiento, agravada por una mayor carga financiera y la reducción de la recaudación así como la "negligente" gestión en la ejecución del gasto, generan fuertes tensiones en la tesorería.

El Plan preveía un incremento en impuestos y tasas en 2013 por importe de 505.000 euros y de 725.000 en 2014. Dichos aumentos procedían del IBI con 186.000 euros más en 2013 y 559.000 en 2014; en el Impuesto de Vehículos con 118.000 a mayores en 2013 y de 2014; 30.000 en tasas y precios públicos en 2013 y 46.000 por el mismo concepto en 2014. Este aumento en las tasas era consecuencia de aplicar el IPC anual estimando un incremento en la recaudación de 2012 a 2013 en 15.303 euros; de 30.912 para 2013 y de 46.833 para 2014.

En este sentido, el alcalde, José Fervenza, siempre defendió que no iba a aplicar más subidas de impuestos en el municipio mientras los vecinos siguieran sufriendo los efectos de la crisis económica, tan dura. De todas formas, el gobierno sigue sin llevar a pleno los presupuestos de 2014, aunque desde la Concejalía de Hacienda, que preside Rosa Solla, aseguran que los trabajos están avanzados.

Respecto al IBI, el informe de la interventora reconoce que el incremento anual de este impuesto derivado de la aplicación escalonada a lo largo de 10 años de los nuevos valores catastrales derivados de la revisión de la ponencia, no se hará efectivo hasta el cuarto trimestre de este año, ya que el cobro se realiza entre el 1 de agosto al 15 de octubre. Otra cosa distinta es la subida del impuesto de vehículos que estaba prevista desde 2012, pero no se ha tramitado por parte del gobierno local.

En cuanto a los gastos, el informe constata que sí se han producido reducciones respecto al mismo período del año anterior (2013). En el capítulo I de personal se ha reducido en 4.045 euros (de 988.625 a 984.579). El Plan prevé para 2014 un ahorro de 319.000 mediante la amortización de plazas y la no reposición de vacantes derivadas de jubilaciones, así como reducir las contrataciones a lo estrictamente necesario. Por lo que respecta al capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios, se hicieron ajustes en telefonóa móvil, mediante la reducción del número de dispositivos y también se eliminaron locales alquilados, aunque la intervenmtora considera que es con baja incidencia, por el momento. Sí le da un tirón de orejas al gobierno local porque no se procedido a la contratación. En cuanto a gastos de capital y transferencias de capital, el plan establecía un máximo de 200.000 para este último capítulo y las obligaciones reconocidas hasta el 31 de marzo son inferiores.