La Audiencia Nacional imputa al interventor de la Diputación de León en la Operación Púnica
El interventor de la Diputación Provincial de León, Jesús López Sánchez, ha sido imputado por el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica contra la corrupción, causa por la que el presidente de la institución se encuentra detenido en los calabozos de la Guardia Civil
A la hora del café, en las calles próximas
al Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León, los
corrillos en los bares se han multiplicado. Son funcionarios de la institución
provincial, reunidos para comentar las últimas novedades del 'caso Marcos
Martínez'.
Desde que el presidente
de la institución abandonó el aparcamiento acompañado por agentes de Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ser trasladado como detenido a
la Audiencia Nacional la sensación más extendida es que "por fin" ha
llegado la hora y se va a "levantar la alfombra".
Debajo de esa alfombra,
aseguran los funcionarios, hay "mucho para barrer". Tanto, remarcan,
que la sensación más extendida es que la detención de Marcos Martínez tan sólo
es el "principio y no el final de una investigación".
La Operación Púnica ha
llenado de nervios los despachos de la institución provincial. Este lunes
mucho, este martes aún más cuando se ha conocido que en el marco de las
investigaciones se ha citado en calidad de imputado al actual interventor de la
Diputación de León, Jesús López Sánchez.
'Suso', muy conocido en
la capital por su pasión por el equipo de balonmano Ademar León del que fue
vicepresidente y presidente de su gestora, recibió la notificación "en
mano" por parte de uno de los agentes de la UCO durante la intervención
del lunes. Él, cauto, evitó hacer comentarios hasta este mismo martes cuando
trascendió su citación.
"No puedo hablar,
no puedo decir nada, aún no sé nada, solamente me han dicho que tengo que ir a
declarar", aseguró ayer a la prensa con voz seria, al mismo tiempo que
advertía que desarrollaba su actividad profesional "con normalidad" a
la espera de conocer el día en el que tendrá que desplazarse hasta la
Audiciencia Nacional.
"Nada puedo decir,
que estoy citado y que tengo que comparecer, pero lo que me han dicho es que me
avisarán para decirme el día", indicó sin más comentarios.
En la Diputación, quien
más y quien menos, tiene alguna polémica en el cajón. Jesús López, también. En
2010 una demanda judicial entre dos empresas, la agencia Marsans y Hosteleón
Vending SL, sacó a la luz que López era adjudicatario indirecto de la
prestación de servicios a los escolares que acudían a conocer la estación
invernal de San Isidro.
En concreto Marsans fue
adjudicataria de dos lotes para que 50 niños por turnos durante 10 semanas
acudieran a disfrutar de la nieve. Sin embargo Marsans, cuya gerente era la
mujer de un diputado, subcontrató la manutención con Hosteleón y el alojamiento
con Toneo apartamentos, que no se trata de una sociedad sino del nombre que
reciben las buhardillas propiedad de López Sánchez.
En su conjunto, según se
publicó en su momento en diferentes medios, 900 chicos se alojaron en estas
habitaciones del viejo hotel Toneo, en el tiempo en que su propietario ejercía
entonces de viceinterventor.
Con la UCO dejando
citaciones en la Diputación, los nervios se han asentado en un buen número de
despachos especialmente entre los jefes de servicio. "Ellos firmaban mucho
de los papeles que la presidenta les ordenaba tramitar. Muchos firmaron y quien
se negaba, como Ricardo, era apartado de forma fulminante", se advierte
entre los funcionarios.
Así están las cosas
dentro de Diputación, descabezada y con la sensación exteriorizada por un
dirigente del partido de que éste es un "partido que está a punto de
caerse y va a pillar a mucha gente".
En la Audiencia Nacional
ya está la documentación requisada este lunes. Este martes se ha conocido que
los agentes se llevaron en cajas contratos relativos a los planes provinciales,
a contratos de publicidad, servicios, turismo y estaciones de invierno".
Documentación de
"dos y tres años atrás", se ha advertido. Fue durante ese tiempo
cuando Marcos Martínez, ejerciendo como presidente de la mesa general de
contratación, y entonces firmó los contratos que en la actualidad están en
investigación.
También lo advierte su
abogado, Ricardo Gavilanes, amigo personal y ahora a cargo de establecer una
representación legal que permita a Marcos Martínez sufrir el menor daño
posible. "Nada sabemos, suponemos que todo estará vinculado con una etapa
anterior, pero nada sabemos", ha advertido remarcando que en situaciones
de este tipo sólo vale esperar y obrar con prudencia.
En el PP, mientras se
insiste en que el caso de Marcos Martínez, reafirma la necesidad de aplicar
"bisturí". La batería de medidas para eliminar al hoy presidente de
la Diputación de la vida política está en marcha. En cuanto se conozca la
imputación Marcos Martínez será 'cesado' como presidente de la Diputación y
como alcalde de Cuadros. "Tenemos la sensación de que después de este
circo es imposible que no exista imputación", se advierte desde el propio
PP de León.
¿Y si se niega a
entregar su acta? La cuestión ya se ha estudiado en el seno de la formación
popular para quien no hay duda que si "Marcos Martínez o cualquier otro
implicado en esta operación y que resulte imputado se negara a entregar el acta
se arbitrarán las medidas necesarias para que con la mayoría de la representación
institucional se le aparten de sus funciones".
¿Y si encontrara arropo
en las filas populares? También en este caso existe 'hoja de ruta', pero
verbalmente en el seno del PP no hay dudas: "Quien le apoye en ese
hipotético caso, a la puta calle", se ha asegurado.
Mientras, en el PSOE, se
siguen reclamando responsabilidades. Este martes Celestino Rodríguez,
secretario provincial de los socialistas, ya ha asegurado que exigirá la
creación de una comisión de investigación en la institución provincial.
"La medida será
reclamada de forma oficial tal como se acordó en la reunión mantenida este
martes entre el grupo de diputados provinciales y la dirección del partido en
León", ha asegurado en una nota prensa.
"Exigimos que la
Diputación aporte toda la información de lo ocurrido a los leones y leonesas,
que se abran de una vez las puertas y ventanas del Palacio de los Guzmanes y
que se depuren todas las responsabilidades, absolutamente todas, afecten a
quien afecten", se ha dicho.
Mucho más lejos ha ido
Izquierda Unida de León. Su coordinador provincial, Santiago Ordóñez, ha pedido
al Gobierno que "intervenga inmediatamente la Diputación y que la Fiscalía
Anticorrupción analice con lupa todos los acuerdos políticos y técnicos
alcanzados, al menos, durante esta legislatura".
La coalición afirma que
la Diputación Provincial de León "está podrida, se ha movido en régimen
caciquil de compra de voluntades políticas en el Pleno desde 2011 y queremos
que la Audiencia Nacional haga limpieza a fondo y no se limite al presidente y
al interventor".
Y todo ello mientras en
la calle, los leoneses viven con una sensación a medio camino entre la
incredulidad y la resignación porque nadie sabe si éste es el último
sobresalto.
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