El interventor de Sant Antoni censura la gestión económica municipal
El funcionario emite un informe desfavorable al pago de facturas por valor de 115.700 euros por las irregularidades que ha detectado | Agrio debate en el pleno del Ayuntamiento sobre la imagen del municipio y su promoción
ZANA VISO | IBIZA El nuevo interventor del Ayuntamiento de Sant Antoni, Jorge Zurita Salazar, ha formulado un reparo de legalidad en el que informa desfavorablemente pagos por importe de 115.741 euros. Se trata de un documento minucioso que cuestiona algunos procedimientos habituales en la gestión económica municipal y detalla las irregularidades que ha detectado en esas facturas. La alcaldesa, Pepita Gutiérrez, ha aprobado por decreto esos pagos, haciendo uso de su potestad de resolver las discrepancias entre el informe desfavorable del interventor y la propuesta de los concejales delegados.
La mayoría de las irregularidades que pone de manifiesto el funcionario en su informe son que falta el contrato o el convenio, «lo que significa que no se respetan los principios de libertad de acceso a licitaciones, transparencia y la igualdad de trato entre los candidatos». Además, el interventor subraya que hay importes relacionados con contratos menores, que por superar el umbral de 18.000 euros o de un año de duración se debían haber tramitado con un expediente de contratación, cuyo pliego de cláusulas recogiera las necesidades y cuantías reales del servicio a licitar. En otras facturas, el concejal correspondiente no ha facilitado los criterios para su adjudicación, como en el caso de las obras de la escoleta Can Coix, con un importe de más de 10.000 euros, y en los centros sociales de Santa Agnès y Sant Mateu, también por una cuantía total superior a 10.000 euros. En otras facturas, el interventor considera que los pagos deberían englobarse dentro de las ayudas y subvenciones puesto que no son gastos corrientes.
El servicio de asistencia domiciliaria factura casi 12.000 euros al mes al Consistorio, pero según el informe del interventor no ha habido ningún procedimiento de contratación. «Es necesario y nos parece muy bien que se haga. Pero hay una factura fija cada mes, sin que haya convenio todavía. Además, se podría indicar en la factura al número de personas que se ha asistido para así saber si ese gasto es eficaz o no», manifestó José Antonio Fuentes, de PSOE-Pacte, que añadió: «Quiero resaltar que se está gastando el dinero a lo loco y no es vuestro, es de todos los sanantonienses».
Por su parte, Juanjo Ferrer, de Es Nou Partit, denunció que «con el caso de la asistencia domiciliaria queda de manifiesto que no se respetan los principios de libertad de acceso a las licitaciones, a la publicidad, transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos». El concejal de Hacienda, Vicent Ribas, desmintió las acusaciones en el pleno y aseguró que el convenio ya está aprobado.
Entre las facturas cuyo pago cuestiona el interventor figuran varias del centro de recogida y custodia de animales Can Dog (que cuesta entre 1.700 y 4.400 euros al mes), ya que considera que no puede considerarse un contrato menor porque se han superado los límites de importe (18.000 euros) y de tiempo (inferior a un año).
En el marco de las ayudas o subvenciones también debería incluirse el gasto destinado a ´vales´ para atender a las necesidades alimenticias de personas necesitadas. Estas facturas aparecen como «tiques diversos», sin ningún tipo de información adicional. El interventor recomienda en el documento incluir estas ayudas en el Plan Estratégico de Subvenciones para que «se incluyan informes de necesidad rigurosos que eviten automatismos en su concesión».
Los dos grupos de la oposición se mostraron satisfechos con el método de trabajo del nuevo interventor «de carrera» que sustituye a la funcionaria Carmen Fuster. «Tendremos más información, aunque sigan siendo unos políticos nefastos», destacó Josep Marí. Joan Torres, de Es Nou Partit, aseguró que «Zurita tiene un criterio mucho más nítido que debería sonrojar al equipo de gobierno». Aunque Torres criticó que estas irregularidades con las facturas llevan sucediendo desde el primer día de la legislatura. «Es un informe demoledor», concluyó.
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