Comprar a plazos con tarjeta es un 66% más caro que con un crédito personal

Comprar a plazos con tarjeta es un 66% más caro que con un crédito personal

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Comprar con tarjetas revolving -modalidad de tarjeta de crédito que permite aplazar el pago de las compras- es un 66 % más caro que hacerlo a través de préstamos personales, ya que conllevan una Tasa Anual Equivalente (TAE) mucho mayor, según un análisis realizado por Kelisto.es al que ha tenido acceso Efe.

La empresa comparadora señala en este estudio que los grandes bancos aplican una TAE media del 21,48 % a las compras realizadas a través de estas tarjetas mientras que los préstamos personales convencionales llevan un gravamen del 12,94 %.

No obstante, desde la compañía matizan que la oferta es "muy variada" y hay tarjetas con intereses que van desde el 12 % TAE como "la Visa Classic CX de Catalunya Caixa hasta el 31,84 % que ofrece la Tarjeta Plus del Banco Santander".

 Estefanía González, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, ha explicado, en declaraciones a Efe, que las entidades bancarias ofrecen estas tarjetas como alternativa en un momento en el que los bancos "apenas conceden préstamos al consumo y si lo hacen exigen condiciones duras". Los bancos suelen acompañar este producto "con atractivas ventajas", ha asegurado.

Ha añadido además que el número de usuarios de esta modalidad de tarjetas "se ha incrementado en un 52 %" desde que comenzó la crisis, lo cual, según ha apuntado, es especialmente peligroso porque "facilita el endeudamiento del usuario" y complica que éste consiga finiquitar su deuda.

El problema radica en que frecuentemente las cuotas de devolución son muy reducidas y hacen muy difícil que el cliente pueda "hacer frente al pago de los intereses que genera cada mes".

Por ejemplo, un usuario que optara por hacer una compra de 1.000 euros con este tipo de tarjetas -con un 21,48 % TAE y el interés mensual medio del 1,50 %- y decidiera abonar la cuota mínima cada mes "terminaría devolviendo a la entidad más de 1.500 euros", es decir, 500 euros de intereses totales.

El análisis sugiere que el aumento de usuarios de tarjetas revolving frente a los préstamos personales se explica debido a la sequía crediticia actual y a la mayor facilidad de contratación que conllevan las tarjetas, puesto que éstas no obligan al consumidor a estar sujeto a unos plazos de devolución fijos.

El estudio ilustra detalladamente este problema con ejemplos como el de BBVA en el que la TAE de su tarjeta "A tu ritmo" (26,82 %) es un 126 % más grande que la de su "Préstamo personal online" (10,5 %). El Banco Popular, por su parte, ofrece una "Visa Hop" con un 26,82 % TAE que es un 123,5 % mayor que la de su "Préstamo Flexible" (12 %).

Por otro lado, en el informe también se advierte de la escasa regulación específica que existe actualmente sobre las tarjetas revolving.

González ha comentado que estas tarjetas se regulan de la misma manera que el resto de servicios de pago: a través de la directiva europea sobre servicios de pago en el mercado interior, de la Ley de servicios de pago o la Ley de crédito al consumo, entre otras.

Según la experta, uno de los aspectos esenciales de estas normativas es "la importancia de la transparencia y la información que se debe facilitar al cliente" y, sin embargo, según sus palabras, 10 entidades analizadas por Kelisto.es "no muestran información sobre la TAE de sus tarjetas revolving en su publicidad".

La consultora recomienda a los usuarios revisar el TAE de las tarjetas antes de contratarlas, comparar la oferta de tarjetas revolving que hay en el mercado y prestar especial atención a los costes añadidos así como optar por "un plazo fijo en lugar de una cuota mínima". EFE

El Gobierno prohíbe las tarjetas de crédito en los Ministerios entre sus medidas anticorrupción

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El Gobierno prohíbe las tarjetas de crédito en los Ministerios entre sus medidas anticorrupción

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado el paquete de 40 medidas para la regeneración democrática. Se divide en tres frentes: refuerzo del control financiero de los partidos, regulación de las funciones públicas y nuevas medidas penales y procesales.


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Alberto Mendo  |  Madrid  | Actualizado el 20/09/2013 a las 15:56 horas

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con los grupos. Además, ha aprobado los proyectos de ley de reforma del Código Penal y del sector eléctrico, y otros como el de la reforma de las Administraciones Públicas y medidas contra la piratería.

El informe para la regeneración democrática, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno,Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación, como ha recordado la vicepresidenta, Soyara Sáenz de Santamaría. "Con estas medidas se da espuesta a una demanda social importante", ha subrayado.

La vicepresidenta, que ha enfatizado que este plan contra la corrupción "no es la primera medida que este Gobierno ha planteado en esta materia", ha dividido el plan entres partes. En primer lugar a descrito el refuerzo del control financiero. Entre las medidas en este apartado, ha destacado una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios alTribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.

Además, se prestará especial atención a las donaciones y subvenciones, se establecerán directrices de contratación en esta formaciones y se realizará mayor control sobre las fundaciones vinculadas a los partidos.

En segundo lugar, Sáenz de Santamaría se ha referido a ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas, que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales. En este punto, ha subrayado que el objetivo es buscar la mayor"transparencia".

"Hasta la fecha, toda esta normativa se encontraba dispersa", ha explicado la vicepresidenta, alertando de esto llevaba "muchas veces" a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen "una serie de derechos que no son tales". Entre las medidas más llamativas destaca la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así "ningún género de duda" sobre el uso de estos fondos.

Además, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado", y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientesque controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado para que "no quede ningún género de duda". "Es bueno para el conocimiento y tranquilidad de los ciudadanos", ha dicho Saénz de Samtamaría, que ha ha destacado que en general "los cargos públicos desarrollan sus funciones volcados en el servicio público".

El paquete anticorrupción se completa con las medidas penales y procesales, que enlazan con la reforma del Código Penal también aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes. Aunque no se tipifica la financiación ilegal de los partidos, sí se delimitan de forma más clara tipos como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación. Por ejemplo, sanciona la aceptación de un soborno sin necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario y castiga esconder bienes durante un embargo u ocultar a los acreedores la situación de crisis del deudor.

Sáenz de Santamaría ha descrito que se creará un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos. Además, habrá medidas para agilizar los procedimientos y que no se eternicen, a lo que ayudará que se podrán separar responsabilidades civiles y penales. Además, se facilita la persecución del corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas.

"La reforma del Cógico Penal nos incorpora a las democracias más avanzadas"

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha sido el encargado de explicar lareforma del Código Penal. "Se trata de una auténtica transformación, incorporándonos al lenguaje penal de las democracias más avanzadas del mundo", ha dicho el ministro, que ha calificado la reforma de "absolutamente necesaria".

La principal novedad es la nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como los asesinatos terroristas, el homicidio del jefe del Estado o de su heredero y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. También incluye los casos de asesinato especialmente graves, con víctimas menores, con personas vulnerables o que estén relacionados con una agresión sexual.

"El mero cumplimiento del tiempo es condición necesaria pero no suficiente para conseguir la libertad, que se consigue cuando se constata que no existen riesgos para el resto de personas", ha explicado Ruiz Gallardón.

Con la reforma del Código Penal, también se incrementa la persecución contra los delitos de corrupción y se agravan las penas de los incendios forestales y la piratería, entre otros. "Lo más importante del núevo Código es la flexibilidad", ha valorado el ministro.