TRIBUNALES Obliga a restituir al técnico
El juez dice que Alicante degradó a su interventor de manera ilegal
El técnico censuró durante años los pagos irregulares al jefe de 'Brugal'
Seva ha puesto a un trabajador que no es habilitado nacional a controlar las cuentas
El Ayuntamiento de Alicante tendrá que restituir al interventor municipal que alertó durante años de las irregularidades en los pagos al jefe del caso Brugal, el empresario Enrique Ortiz, destituido por el concejal de Hacienda, Juan Seva, el 26 de diciembre de 2012, aprovechando la falta de tensión mediática durante las vacaciones de Navidad.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha condenado a la Administración local a volver a colocar en su puesto al funcionario afectado, Francisco Guardiola, así como a pagarle la diferencia de salario que tendría que haber percibido si hubiese continuado en su cargo durante este año y medio. Tras su cese el concejal denegó a Guardiola su traslado a otro Ayuntamiento y después lo colocó de tesorero (un escalón por debajo de su antiguo puesto, con un sueldo unos 20.000 euros inferior), mientras ascendió al entonces tesorero, Joaquín Oltra, a la categoría de interventor.
El concejal tomó esta decisión pese a que Oltra no es habilitado nacional y, por lo tanto, no puede desempeñar las funciones para fiscalizar las cuentas municipales de manera regular. La oposición denuncia que el nuevo interventor, colocado a dedo, ha relajado el tono de sus reparos en una situación crítica para la economía municipal. El edil de Hacienda se ha visto obligado a pedir en este mandato 70 millones de euros al Ministerio de Haciendapara poder pagar a los proveedores de la ciudad.
Como adelantó EL MUNDO, tanto Guardiola -defendido por el letradoJosep Lloret Lloret- como el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros habían planteado sendos recursos contra el cese, al considerar que no estaba motivado y que, además, se había hecho sin el concurso de la Junta de Gobierno Local, el órgano competente para tomar este tipo de decisiones. En su lugar fue el propio edil de Hacienda quien firmó el decreto que dejaba sin funciones al técnico que supervisaba la hacienda local. En principio Seva debería de conocer las limitaciones a la hora de asignar o quitar personal de sus departamentos, debido a que también tiene las atribuciones de Recursos Humanos en el consistorio.
En el fallo, al que ha tenido acceso este diario, el juez tumba uno por uno todos los argumentos de la Administración local para evitar que prosperasen los recursos, y asegura que Seva no tenía capacidad para tomar y ejecutar la decisión del cese. La sentencia todavía es recurrible.
Guardiola estuvo durante años alertando en sus informes de las prácticas irregulares del equipo de Gobierno de Sonia Castedo y, especialmente, de Juan Seva al frente del área de Hacienda. Fue muy vehemente con los reconocimientos extrajudiciales de crédito que se hacían para pagar sobrecostes en las contratas al margen del presupuesto. El principal beneficiario de estas operaciones era elcontratista de referencia de Castedo, el amigo de la alcaldesa Enrique Ortiz. Pese a las reiteradas advertencias de Guardiola, Seva prefirió destituirlo y nombrar a un sustituto que iba a trabajar en situación irregular antes que dejar de pagar facturas al margen del presupuesto. Y eso que este tipo de prácticas no fueron denunciadas exclusivamente por el ex interventor: la Sindicatura de Cuentas emitió un informe sobre el año 2011 -el primero de Seva al frente de Hacienda- en el que había detectado más de 20 operaciones irregulares de este tipo, todas con reparos del interventor. El auditor también avisaba de que había hasta 12 cuentas irregulares, se colocaba a personal sin consurso público y que la alcaldesa disponía de una tarjeta con un crédito de 5.000 euros que utilizaba sin ningún tipo de fiscalización previa.
Un segundo informe del Síndic no sólo reitera estas anomalías, sino que las amplía a los contratos, muchos de los cuales, asegura, se han adjudicado vulnerando la Ley de Contratos del sector público, al primar la puntuación subjetiva y «despreciar» el criterio de precio en los pliegos. Es decir, que la ciudad, según la Sindicatura, estuvo durante años dando sus contratos a las firmas más caras, muchas de ellas propiedad o participadas por Ortiz.
En este informe también se critica el cese de Guardiola, y el organismo opina que la posibilidad de quitar o poner funcionarios que desempeñen funciones de fiscalización en la Administración puede poner en riesgo su independencia.
El portavoz de UPyD en Alicante, Fernando Llopis, calificó ayer de "muy grave" que Seva incurriese en un defecto de forma para cesar al interventor. "Es una muestra más de que la gestión del PP es una chapuza. Y lo peor es que los responsables de llevarnos a esta situación económica siguen ocupando exactamente el mismo puesto, sin que el partido haga nada".
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