La Junta autoriza anticipos, por un importe de 16,54M€, a ayuntamientos de Cádiz y Sevilla

La Junta autoriza anticipos, por un importe de 16,54M€, a ayuntamientos de Cádiz y Sevilla,

Publicado el 24/6/2014 La Junta autoriza anticipos por 16,54 millones para los municipios de la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. La medida extraordinaria permitirá a 11 ayuntamientos de Cádiz y Sevilla garantizar pagos y servicios públicos tras la disolución de la entidad. 24/06/2014 El Consejo de Gobierno ha autorizado anticipos de tesorería, por un importe total de 16,54 millones de euros, a los 11 ...

La Junta autoriza anticipos, por un importe de 16,54M€, a ayuntamientos de Cádiz y Sevilla,

Publicado el 24/6/2014 La Junta autoriza anticipos por 16,54 millones para los municipios de la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. La medida extraordinaria permitirá a 11 ayuntamientos de Cádiz y Sevilla garantizar pagos y servicios públicos tras la disolución de la entidad. 24/06/2014 El Consejo de Gobierno ha autorizado anticipos de tesorería, por un importe total de 16,54 millones de euros, a los 11 ayuntamientos de las provincias de Cádiz y Sevilla que integraban la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y han solicitado acogerse a esta medida. La decisión, de carácter extraordinario, permitirá a las corporaciones afectadas por la disolución del organismo atender sus pagos pendientes a trabajadores y proveedores sin menoscabo en la prestación de sus servicios públicos. Los anticipos, que deberán ser reintegrados en el plazo de un año, se conceden a cuenta de los recursos que corresponde percibir a los ayuntamientos por su participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en los ingresos del Estado (PIE). En la provincia de Cádiz, los pagos autorizados se destinan a los municipios de Chipiona (526.556 euros de anticipos autonómicos y 1.689.953 a cuenta de la participación en los ingresos estatales), Rota (392.225 y 1.483.698, respectivamente), Sanlúcar de Barrameda (un millón con cargo a los ingresos del Estado) y Trebujena (221.248 y 630.267 euros). Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla que se acogen a la medida extraordinaria son Las Cabezas de San Juan (235.592 y 1.247.563 euros), El Coronil (163.163 y 454.338), El Cuervo (222.008 y 726.188), Lebrija (337.512 y 1.407.973), Los Molares (9.397 y 281.434), Los Palacios y Villafranca (462.734 y 1.822.534) y Utrera (724.973 y 2,5 millones). La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó en junio de 2012 un acuerdo inicial de disolución ante la grave crisis que atravesaba y que le impedía cumplir sus fines. En abril de 2014 el pleno de la entidad aprobó el acuerdo definitivo, con unas deudas reconocidas de 42,6 millones de euros en concepto de deudas (principalmente a trabajadores, proveedores y bancos) que deben asumir los ayuntamientos mancomunados en función de su cuota de participación. Dado que el organismo no pudo acogerse a ninguno de los planes de pago a proveedores desarrollados por el Estado al encontrarse en proceso de disolución, responsables de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantuvieron el pasado mes de mayo un encuentro para encontrar soluciones. En esta reunión, la Administración autonómica se comprometió a proporcionar a los ayuntamientos la ayuda extraordinaria aprobada ahora, mientras que el Gobierno central propuso estudiar fórmulas para financiar la deuda de forma excepcional a través de la concertación de préstamos a largo plazo. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2014 habilita al Consejo de Gobierno para aprobar pagos anticipados a cuenta de la participación en tributos, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. De acuerdo con su normativa vigente, el importe máximo de los anticipos para municipios de menos de 20.000 habitantes no puede sobrepasar el 50% de las entregas a cuenta de su participación en la Patrica y en la PIE del ejercicio en el que se solicita, así como tampoco superar los 2,5 millones de euros. Para el resto de los municipios también se fija este límite absoluto, si bien el tope relativo es del 25%.