Alberto Roche, interventor de Xàbia se traslada a Valencia como Tesorero

Alberto Roche, en una imagen captada el día que el secretario (al que mira el alcalde) debutó en el pleno del ayuntamiento

El interventor de Xàbia se traslada a Valencia

Ver artículo completo en este enlace

El máximo responsable de las cuentas municipales a nivel técnico-jurídico, Alberto Roche ha dejado el Ayuntamiento de Xàbia por un puesto similar en el Ayuntamiento de Valencia.

Roche llegó al Ayuntamiento de Xàbia hace más de 20 años y aparte de ser el Interventor en este municipio también lo era en Pego y del Consorcio para la Recuperación Económica de la Marina Alta. Estos dos últimos deberán contratar también un responsable técnico para sus cuentas. 

Ahora, tras superar el pertinente proceso selectivo, se traslada al Consistorio de la capital valenciana donde ostentará el puesto de Tesorero, según han señalado fuentes municipales. 

¿y qué pasa en Xàbia?

En teoría no debe pasar nada. En la estructura del personal del Área Económica hay un funcionario que es Jefe de Servicio de Sección Presupuestaria y por el momento será él, el responsable de sustituirle en unas labores para las que estaría sobradamente preparado. Aunque, Roche le asisitará en los primeros días, han remarcado esas fuentes. 

Mientras, el equipo de gobierno deberá iniciar una convocatoria pública para funcionarios habiltados del Estado y cualquier persona que cumpla los requisitos podrá presentarse. 

Es la misma situación que ha pasado con el Secretaria General y tras el traslado de Maria Consuelo Sales. Por el momento el equipo de gobierno decidió cubrir el puesto a tiempo parcial con un funcionario de la Diputación y se abrirá otra convocatoria pública. De hecho el pleno celebrado la pasada semana aprobó los requisitos que deben tener los aspirantes.

Así pues, en el horizonte de un año Xàbia contará con los dos máximos responsables jurídico (Secretario General) y económico (Interventor) de nuevo cuño, con los que poder afrontar una nueva etapa en la que los técnicos están más que nunca en el punto de mira del Gobierno desde que se aprobó el mantra del déficit y la obligación de pagar a 30 días a los proveedores.