El Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz, como ejemplo de enorme desfalco en la recaudación municipal
22.12.2013 | 02:56
Antonio Arias Rodríguez Síndico de cuentas del Principado de AsturiasAllá por el año 2009 se descubrió en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) un enorme desfalco en la recaudación municipal. La Cámara de Cuentas de Andalucía había aprobado, en su programa anual de trabajo, la realización allí de una auditoría, decidida quizás por la histórica tardanza en la rendición de cuentas. Así, el primer efecto que causó la visita de los auditores fue preparar la documentación pendiente en los servicios de tesorería e intervención municipal.
El saldo de la caja municipal llevaba varios años sin cuadrar, porque la contabilidad también iba con retraso. Los funcionarios de caja eran eficientes, afanosos y apenas tomaban vacaciones, ni quedaban de baja. Siempre con la lengua fuera, nunca encontraban el momento oportuno para ponerse al día. El interventor -que antes había sido el tesorero del Ayuntamiento- tomó cartas en el asunto y se implicó con eficacia para atender el requerimiento de los auditores andaluces. A los pocos días acudió a ver al Alcalde con el tesorero y se fueron directamente a la Comisaría de Policía a denunciar la malversación de los caudales públicos. Empezó así uno de los mayores culebrones de la vida local gaditana.
¿Qué había pasado? En la caja llevaban años alterando los registros de la recaudación sin que nadie pareciese darse cuenta. Tacita a tacita -de plata, nunca mejor dicho- se habían evaporado más de siete millones de euros, tal como fue cuantificado primero por el interventor, ratificado después por el perito judicial y por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía cuando concluyó su informe de regularidad para el que había venido.
El procedimiento fraudulento, a grandes rasgos, era tan simple como habitual: la recaudación diaria era correcta y coordinada informáticamente con la contabilidad municipal, pero al realizar el arqueo de la jornada se alteraba: "Al sumarle la cantidad que quedó en la caja el día anterior es cuando se comete el posible fraude, al consignar una cantidad por debajo de la que debía expresar", como puede leerse en la sentencia.
El 2 de diciembre pasado el Tribunal de Cuentas de España, a través de la consejera María Antonia Lozano (ex magistrada de la Audiencia Nacional) condenó en primera instancia a los cajeros al reintegro, como responsables contables "directos" de la desaparición. A continuación, y en una sentencia que levantará mucha polvareda, condenó a los sucesivos interventores, tesoreros y alcaldes que por allí habían pasado durante los últimos cinco años como responsables subsidiarios, ante el muy probable caso de que los autores no puedan devolver lo defraudado. Por suerte para ellos, la legislación del Tribunal de Cuentas permite moderar la responsabilidad subsidiaria, y los alcaldes, interventores y tesoreros sólo pagarán 30.000 euros cada uno. Al interventor denunciante, que también había sido tesorero, le tocaron 60.000 euros.
El Tribunal declara probado que la escasez de personal "dificultó la gestión y supervisión encomendada, los controles debidos y la adopción de las medidas necesarias". El interventor, que es considerado en el sector como uno de sus mejores profesionales, participó activamente en el descubrimiento, la cuantificación y la gestión de los procedimientos para la exigencia de las responsabilidades, "colaborando con la Cámara de Cuentas en la fiscalización y tramitación de las actuaciones previas", dice la sentencia. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cádiz (uno de los más activos de España) no ha tardado en dar la voz de alarma ante esta atribución de una verdadera responsabilidad objetiva a los habilitados estatales, que, en su opinión, no tiene fundamento.
Los "claveros" -como suele llamarse al interventor, tesorero y alcalde, recordando su histórica custodia de la caja de los caudales- habían impulsado, según la sentencia, "medidas para reducir el volumen de dinero en metálico en la caja municipal", promoviendo -ya en el periodo analizado- la recaudación a través de entidades financieras y la actualización de la contabilidad. Sin embargo, parece que no fue suficiente, que no se atuvieron al canon de diligencia que les era exigible.
Respecto al Alcalde, regidor de una población cercana a los 100.000 habitantes, la sentencia reconoce: "La imposibilidad de que pudiera descender a todos los detalles de cada gasto y pago analizando minuciosamente cada documento". Sin embargo, también reconoce que "la caja de efectivo había dado señales suficientes de situación irregular como para haber podido captar, con unos correctos arqueos (...) y una contabilidad actualizada, el mal funcionamiento de la dependencia y haber podido adoptar medidas para evitar el menoscabo".
Una primera conclusión nos muestra que estas realidades no deben ser ajenas a los equipos de gobierno. La exigencia de una correcta y oportuna contabilidad, además de contar con lógica jurídica (es una obligación) y económica (¡es una necesidad!), sirve para atemperar las posibles responsabilidades de los cuentadantes. No es papeleo, no es burocracia. Es el salvavidas.
Nada dice la sentencia -que sin duda será apelada- sobre la inexistente responsabilidad del concejal delegado de Hacienda ni del resto de los técnicos propios del Ayuntamiento, que servían de apoyo a los altos funcionarios nacionales.
Debió haberse detectado. Por si no fueran suficientes los controles periódicos, se había realizado el arqueo extraordinario exigido por cambio en la Corporación municipal (artículo 36.2 del ROF) el 16 de junio 2007 y, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas andaluza (parágrafo 75), el resultado de tal arqueo fue recogido en un documento, que obligatoriamente se anexa al acta de la sesión plenaria constitutiva, según la cual las existencias de metálico en la caja municipal, tras el recuento físico efectuado, ascendían a 7.895,49 euros, cuando el saldo "contable" de la caja en ese momento era de 4.793.894,50. Al menos ese día debió conciliarse la diferencia y no se hizo. Se confió en unos laboriosos cajeros que no salían ni a desayunar.
Visto lo visto, más de uno pensará que los "claveros" tuvieron mala suerte y estaban en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Me pregunto en esta época navideña si la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que mueve un volumen económico superior al presupuesto de San Fernando, resistiría un control tan férreo como el de las administraciones públicas. Quizás mejor dejarlo así, pues al menos cuando se juega a la lotería se asume que la suerte sonríe a pocos y la mayoría pierde, mientras que cuando alguien juega con los dineros públicos perdemos todos.
El saldo de la caja municipal llevaba varios años sin cuadrar, porque la contabilidad también iba con retraso. Los funcionarios de caja eran eficientes, afanosos y apenas tomaban vacaciones, ni quedaban de baja. Siempre con la lengua fuera, nunca encontraban el momento oportuno para ponerse al día. El interventor -que antes había sido el tesorero del Ayuntamiento- tomó cartas en el asunto y se implicó con eficacia para atender el requerimiento de los auditores andaluces. A los pocos días acudió a ver al Alcalde con el tesorero y se fueron directamente a la Comisaría de Policía a denunciar la malversación de los caudales públicos. Empezó así uno de los mayores culebrones de la vida local gaditana.
¿Qué había pasado? En la caja llevaban años alterando los registros de la recaudación sin que nadie pareciese darse cuenta. Tacita a tacita -de plata, nunca mejor dicho- se habían evaporado más de siete millones de euros, tal como fue cuantificado primero por el interventor, ratificado después por el perito judicial y por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía cuando concluyó su informe de regularidad para el que había venido.
El procedimiento fraudulento, a grandes rasgos, era tan simple como habitual: la recaudación diaria era correcta y coordinada informáticamente con la contabilidad municipal, pero al realizar el arqueo de la jornada se alteraba: "Al sumarle la cantidad que quedó en la caja el día anterior es cuando se comete el posible fraude, al consignar una cantidad por debajo de la que debía expresar", como puede leerse en la sentencia.
El 2 de diciembre pasado el Tribunal de Cuentas de España, a través de la consejera María Antonia Lozano (ex magistrada de la Audiencia Nacional) condenó en primera instancia a los cajeros al reintegro, como responsables contables "directos" de la desaparición. A continuación, y en una sentencia que levantará mucha polvareda, condenó a los sucesivos interventores, tesoreros y alcaldes que por allí habían pasado durante los últimos cinco años como responsables subsidiarios, ante el muy probable caso de que los autores no puedan devolver lo defraudado. Por suerte para ellos, la legislación del Tribunal de Cuentas permite moderar la responsabilidad subsidiaria, y los alcaldes, interventores y tesoreros sólo pagarán 30.000 euros cada uno. Al interventor denunciante, que también había sido tesorero, le tocaron 60.000 euros.
El Tribunal declara probado que la escasez de personal "dificultó la gestión y supervisión encomendada, los controles debidos y la adopción de las medidas necesarias". El interventor, que es considerado en el sector como uno de sus mejores profesionales, participó activamente en el descubrimiento, la cuantificación y la gestión de los procedimientos para la exigencia de las responsabilidades, "colaborando con la Cámara de Cuentas en la fiscalización y tramitación de las actuaciones previas", dice la sentencia. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Cádiz (uno de los más activos de España) no ha tardado en dar la voz de alarma ante esta atribución de una verdadera responsabilidad objetiva a los habilitados estatales, que, en su opinión, no tiene fundamento.
Los "claveros" -como suele llamarse al interventor, tesorero y alcalde, recordando su histórica custodia de la caja de los caudales- habían impulsado, según la sentencia, "medidas para reducir el volumen de dinero en metálico en la caja municipal", promoviendo -ya en el periodo analizado- la recaudación a través de entidades financieras y la actualización de la contabilidad. Sin embargo, parece que no fue suficiente, que no se atuvieron al canon de diligencia que les era exigible.
Respecto al Alcalde, regidor de una población cercana a los 100.000 habitantes, la sentencia reconoce: "La imposibilidad de que pudiera descender a todos los detalles de cada gasto y pago analizando minuciosamente cada documento". Sin embargo, también reconoce que "la caja de efectivo había dado señales suficientes de situación irregular como para haber podido captar, con unos correctos arqueos (...) y una contabilidad actualizada, el mal funcionamiento de la dependencia y haber podido adoptar medidas para evitar el menoscabo".
Una primera conclusión nos muestra que estas realidades no deben ser ajenas a los equipos de gobierno. La exigencia de una correcta y oportuna contabilidad, además de contar con lógica jurídica (es una obligación) y económica (¡es una necesidad!), sirve para atemperar las posibles responsabilidades de los cuentadantes. No es papeleo, no es burocracia. Es el salvavidas.
Nada dice la sentencia -que sin duda será apelada- sobre la inexistente responsabilidad del concejal delegado de Hacienda ni del resto de los técnicos propios del Ayuntamiento, que servían de apoyo a los altos funcionarios nacionales.
Debió haberse detectado. Por si no fueran suficientes los controles periódicos, se había realizado el arqueo extraordinario exigido por cambio en la Corporación municipal (artículo 36.2 del ROF) el 16 de junio 2007 y, como recuerda el informe de la Cámara de Cuentas andaluza (parágrafo 75), el resultado de tal arqueo fue recogido en un documento, que obligatoriamente se anexa al acta de la sesión plenaria constitutiva, según la cual las existencias de metálico en la caja municipal, tras el recuento físico efectuado, ascendían a 7.895,49 euros, cuando el saldo "contable" de la caja en ese momento era de 4.793.894,50. Al menos ese día debió conciliarse la diferencia y no se hizo. Se confió en unos laboriosos cajeros que no salían ni a desayunar.
Visto lo visto, más de uno pensará que los "claveros" tuvieron mala suerte y estaban en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Me pregunto en esta época navideña si la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que mueve un volumen económico superior al presupuesto de San Fernando, resistiría un control tan férreo como el de las administraciones públicas. Quizás mejor dejarlo así, pues al menos cuando se juega a la lotería se asume que la suerte sonríe a pocos y la mayoría pierde, mientras que cuando alguien juega con los dineros públicos perdemos todos.
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