La Generalitat no recibirá fondos del Gobierno si no reduce el tamaño de su Administración
Hacienda avisa de que las regiones que no cumplan las recomendaciones del ministerio no podrán acogerse al FLA ni recibir dinero del plan de pago a proveedores
07.08.13 - 01:23 -
Al Ministerio de Hacienda se le acaba la paciencia con las comunidades incumplidoras. Ayer, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta , advirtió a las autonomías y a los ayuntamientos de que tendrán que asumir los principios de la reforma de las Administraciones Públicas aprobada por el Gobierno si quieren acogerse a los mecanismos de ayuda que ofrece el Estado, como pueden ser el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o los planes de pago a proveedores. Es decir, las Administraciones que no cumplan con las «recomendaciones» que fija el Gobierno en su reforma, dirigida principalmente a reducir el tamaño de las mismas y a suprimir las duplicidades, no recibirán fondos del Estado.
Tras admitir que las medidas propuestas en la reforma de las Administraciones Públicas, aprobada hace un mes por el Gobierno, son «recomendaciones», ya que el Ejecutivo no puede intervenir en las competencias autonómicas o municipales, Beteta asegura, en una entrevista a Europa Press, que el Estado «dispone de su capacidad de decisión sobre los planes económico-financieros de las comunidades y ayuntamientos para hacer que éstos apliquen la reforma».
«Si no te apruebo el plan económico-financiero, no entras en el mecanismo de financiación, no entras en el FLA y no podrás acogerte a los programas de proveedores, y en consecuencia, si esto no se produce, ni comunidades autónomas ni ayuntamientos acomodarán sus niveles de gasto e incumplirán la Ley de Morosidad e incurrirán en las restricciones que se derivan de la Ley de Estabilidad Presupuestaria», avisó. Entre esas recomendaciones formuladas por el Gobierno destacaban la de suprimir los organismos que ya tuvieran sustituto estatal, como los defensores del pueblo autonómicos o los tribunales de Cuentas (Sindicatura de Greuges y Comptes en la Comunitat) y empresas públicas y fundaciones. Hacienda plantea que las funciones que ahora realizan los organismos regionales, sobre todo el Síndic de Greuges, pasen a ser asumidos por el Defensor del Pueblo.
Aunque aún no se han puesto los límites mínimos que cada autonomía deberá cumplir respecto a la nueva ley, Beteta ha anunciado que su departamento «por supuesto tiene los mecanismos para pasar de lo que constitucionalmente no puede ser más que una mera recomendación». No obstante, destacó que las comunidades autónomas ya habrán reducido a finales de este año el 31% de su sector público, por lo que destacó que el acuerdo de «ahorrar» está «cumplido y en exceso».
Por otra parte, Beteta también advirtió de que la reforma de las entidades locales también será de obligado cumplimiento. Una norma que recomienda fusionar municipios, con la que, por ejemplo, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, no se encuentra demasiado cómodo. «Se trata de que el ciudadano reciba un servicio de una manera más eficiente y más barato. ¿Qué servicios? Los que nos podemos permitir pagar», explicó Beteta en la entrevista, para lo cual, las corporaciones locales tendrán que publicar el coste de sus servicios, cumpliendo con el coste efectivo aprobado por el Gobierno. En su opinión, el hecho de que los ciudadanos puedan tener acceso a lo que cuesta los servicios que les presta su ayuntamiento hará que los gobiernos locales traten de llevar la máxima eficacia a esos servicios.
En cualquier caso, el secretario de Estado destacó que «lo bueno» de la reforma local es que «ha entrado en vigor antes de ser aprobada», ya que los ayuntamientos ahorraron el año pasado 4.000 millones de euros a base de aplicar políticas de eficiencia y racionalización en el gasto. «Ese es el gran éxito. La mejor reforma estructural que puede haber es cuando un gestor público asume el principio de que sólo puede gastar lo que recauda».
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