Hacienda endurece el control de gastos y deudas de Xunta, concellos y diputaciones
El departamento que dirige Montoro establece nuevos plazos y documentación que deben remitirle las administraciones de manera periódica para evaluar su gestión
R. Prieto A Coruña 19.11.2014 | 01:58 Ver noticia original en este enlace
El ministro de Hacienda y representantes de Gobiernos autonómicos durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). ángel díaz
El Gobierno sigue con la lupa puesta en las cuentas de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Con el objetivo de que los Ejecutivos autonómicos y las entidades locales cumplan con el principio de transparencia que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda ha fijado nuevos plazos y ha añadido documentación adicional que tanto Xunta como concellos y diputaciones deberán remitir a Madrid periódicamente para tener al día al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre los gastos y deudas a los que cada administración tienen que hacer frente.
Entre la información requerida por Hacienda a Gobiernos autonómicos y entidades locales figura el personal que tienen en nómina, sus retribuciones, la evolución de la deuda, los avales otorgados y los créditos contratados, el periodo medio de pago a proveedores, la previsión anual de endeudamiento, la ejecución del presupuesto, el impacto de las medidas de ahorro y de ingresos previstas o informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de los planes de ajuste.
El cumplimiento de los objetivos de estabilidad, tal y como establece la ley aprobada en 2012, será tenida en cuenta por Hacienda para autorizar emisiones de deudas, conceder subvenciones o suscribir convenios entre comunidades o ayuntamientos con el Estado.
Para el departamento que dirige Montoro "la rendición de cuentas" y el "control de la gestión pública" son dos factores "determinantes" del principio de transparencia. Y ante las reformas llevadas a cabo en los últimos años que establecen nuevas obligaciones de información y publicidad a las administraciones públicas, Hacienda ha endurecido el control sobre la situación financiera de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Entre los principales cambios de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de noviembre, destaca la incorporación de la obligación para Gobiernos autonómicos y corporaciones locales de suministrar información sobre el periodo medio de pago así como, en el caso de las administraciones locales, determinar el coste efectivo al que prestan sus servicios.
Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por José Manuel Rey Varela (PP), ultimaban ayer la elaboración de un informe sobre el alcance de las nuevas medidas de control y que preveían presentar hoy en la reunión de la ejecutiva del órgano de poder local.
EPlantilla. Xunta, concellos y diputaciones deberán informar a Hacienda del número de efectivos del que disponen y clases de personal diferenciado -en el caso de la comunidad autónoma, si se trata de altos cargos, funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal de confianza y laboral fijo y temporal; y en el caso de las administraciones locales, alcaldes, concejales, presidentes y diputados-, así como de las retribuciones que cada uno percibe. Esta información deberá ser remitida a Madrid antes del mes de abril en relación al ejercicio anterior.
EPlanes de ajuste. Los ayuntamientos que cuenten con un plan de ajuste deberán remitir a Hacienda los avales públicos otorgados, así como las líneas de crédito contratadas, la deuda comercial contraída y su vencimiento y los análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución. Además, las administraciones locales estarán obligadas a enviar a Madrid un resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto así como la ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el plan de ajuste.
EPago a proveedores. Hacienda también vigilará si las administraciones están al día en el pago de facturas a sus proveedores. La ley de morosidad establece para este año un plazo para hacer frente a los recibos con los autónomos y pequeñas pymes de 30 días. Cuando Xunta y corporaciones locales superen ese periodo de pago deberán incluir en su plan de tesorería el importe de los recursos que van a destinar cada mes al pago de proveedores así como el importe de las medidas a las que se comprometen para reducir gastos, incrementar ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos.
EInformación anual. El Gobierno central también requerirá antes del 31 de marzo una previsión anual de endeudamiento y antes del 1 de agosto el límite de gasto no financiero de cada comunidad para el ejercicio siguiente.
EInformación mensual. Antes del 15 de cada mes, cada Ejecutivo autonómico deberá remitir la ejecución del presupuesto en sus distintas fases, así como el detalle de las obligaciones frente a terceros así como el saldo de ingresos y gastos.
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