DE 30 A 61 DÍAS DE MEDIA
El Gobierno incumple su propia ley de Morosidad
Negocios.com
Lunes, 1. Septiembre 2014 - 10:24
La Administración General del Estado incumple la propia ley de Morosidad y se ve perjudicado por los cambios normativos. Interior, el peor Ministerio.
La Administración General del Estado (AGE) incumple la ley de morosidad y tarda una media de dos meses en hacer frente a los pagos a proveedores de bienes y servicios corrientes durante el segundo trimestre del año, el doble que el trimestre anterior, según los datos del Ministerio de Hacienda. Es el período más alto desde que en 2010 se comenzaran a registrar los pagos a proveedores.
De esta forma, el aumento de la morosidad de los gastos corrientes de los Ministerios se ha elevado a 36,5 días de media, una cifra que supera en 10 días a la registrada entre enero y marzo de este año y en 12 días respecto a diciembre del pasado año, cuando logró finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 días).
Así, según recoge El País, el aumento del plazo incumple el límite legal de los 30 días establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura.
Pese a este incumplimiento, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, justifica la morosidad debido a que en el segundo trimestre se han liquidado más facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores, de los 141 millones del primer trimestre hasta los más de 300 millones de abril a junio. Asimismo, ha admitido en el informe que también se ha visto perjudicado porque muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos y debido al nuevo método para calcular el plazo de pago. El Ministerio de Interior es el que peor paga, con un retraso de 106,48 días para liquidar sus recibos pendientes por 116 millones.
De esta forma, el aumento de la morosidad de los gastos corrientes de los Ministerios se ha elevado a 36,5 días de media, una cifra que supera en 10 días a la registrada entre enero y marzo de este año y en 12 días respecto a diciembre del pasado año, cuando logró finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 días).
Así, según recoge El País, el aumento del plazo incumple el límite legal de los 30 días establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura.
Pese a este incumplimiento, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, justifica la morosidad debido a que en el segundo trimestre se han liquidado más facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores, de los 141 millones del primer trimestre hasta los más de 300 millones de abril a junio. Asimismo, ha admitido en el informe que también se ha visto perjudicado porque muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos y debido al nuevo método para calcular el plazo de pago. El Ministerio de Interior es el que peor paga, con un retraso de 106,48 días para liquidar sus recibos pendientes por 116 millones.
Hacienda ha desglosado la información en gastos corrientes en bienes y servicios -comunicaciones, electricidad, alquiler, mantenimiento o material de oficina- y el de las inversiones -contratos de obra, suministros, consultoría, inversiones militares y concesión de obras públicas-. En últimas solo tarda en pagarlas 22 días. De hecho, entre abril y junio la Administración del Estado ha tardado la mitad en finiquitar 508 millones de euros por facturas de inversiones que 302 millones por recibos de gastos corrientes.
Según Hacienda, a finales del primer semestre había 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago y las que aún quedan pendientes se debe por "la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias".
Según Hacienda, a finales del primer semestre había 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago y las que aún quedan pendientes se debe por "la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias".
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