Intervención advierte de que el Concello de Moaña debe limitarse a los servicios mínimos
En el informe de seguimiento del primer trimestre del plan de ajuste se reconoce una reducción del gasto, pero también que no se cumplen las subidas de impuestos
Moaña tiene problemas para cumplir con las medidas establecidas en el plan de ajuste, tanto administrativas, como presupuestarias y fiscales, para hacer frente al pago de los intereses de los créditos que solicitó el Concello al Estado al amparo del plan de pago a proveedores. Así lo determina el informe de seguimiento del primer trimestre del año que el próximo jueves va a pleno, en el que la interventora advierte de que es "imprescindible que se proceda a la mayor brevedad posible a la reducción y contención de todo tipo de gastos no obligatorios, limitando la actividad municipal a los servicios mínimos, a la adopción de todas las medidas contempaldas en el plan de ajuste y la incorporación de medidas adicionales" . En el mismo, la interventora del Concello señala que de las cifras derivadas del estado de ejecución del presupuesto se observa el incumplimiento o la no adopción de las medidas previstas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entre las medidas no adoptadas está la revisión de la Ordenanza del Impuesto de Vehículos, de forma que ya en el 2013 se preveía un incremento en la recaudación por dicho concepto de 118.464 euros. La interventora lo califica de desviación en el calendario del plan de ajuste.
De igual forma, se ha incumplido la actualización de las tasas y precios públicos en función del IPC, lo mismo que la tramitación de expedientes de contratación con concurrencia pública de los contratos de suministro (material de oficina, productos de limpieza o servicios de telefonía) con el objetivo de lograr una reducción del gasto por estos conceptos próxima al 20%.
La interventora insiste en que no se está cumpliendo el plan de ajuste, aprobado por el pleno el 30 de marzo de 2013 y que la fuerte inestabilidad que registra el Ayuntamiento, agravada por una mayor carga financiera y la reducción de la recaudación así como la "negligente" gestión en la ejecución del gasto, generan fuertes tensiones en la tesorería.
El Plan preveía un incremento en impuestos y tasas en 2013 por importe de 505.000 euros y de 725.000 en 2014. Dichos aumentos procedían del IBI con 186.000 euros más en 2013 y 559.000 en 2014; en el Impuesto de Vehículos con 118.000 a mayores en 2013 y de 2014; 30.000 en tasas y precios públicos en 2013 y 46.000 por el mismo concepto en 2014. Este aumento en las tasas era consecuencia de aplicar el IPC anual estimando un incremento en la recaudación de 2012 a 2013 en 15.303 euros; de 30.912 para 2013 y de 46.833 para 2014.
En este sentido, el alcalde, José Fervenza, siempre defendió que no iba a aplicar más subidas de impuestos en el municipio mientras los vecinos siguieran sufriendo los efectos de la crisis económica, tan dura. De todas formas, el gobierno sigue sin llevar a pleno los presupuestos de 2014, aunque desde la Concejalía de Hacienda, que preside Rosa Solla, aseguran que los trabajos están avanzados.
Respecto al IBI, el informe de la interventora reconoce que el incremento anual de este impuesto derivado de la aplicación escalonada a lo largo de 10 años de los nuevos valores catastrales derivados de la revisión de la ponencia, no se hará efectivo hasta el cuarto trimestre de este año, ya que el cobro se realiza entre el 1 de agosto al 15 de octubre. Otra cosa distinta es la subida del impuesto de vehículos que estaba prevista desde 2012, pero no se ha tramitado por parte del gobierno local.
En cuanto a los gastos, el informe constata que sí se han producido reducciones respecto al mismo período del año anterior (2013). En el capítulo I de personal se ha reducido en 4.045 euros (de 988.625 a 984.579). El Plan prevé para 2014 un ahorro de 319.000 mediante la amortización de plazas y la no reposición de vacantes derivadas de jubilaciones, así como reducir las contrataciones a lo estrictamente necesario. Por lo que respecta al capítulo II de gastos en bienes corrientes y servicios, se hicieron ajustes en telefonóa móvil, mediante la reducción del número de dispositivos y también se eliminaron locales alquilados, aunque la intervenmtora considera que es con baja incidencia, por el momento. Sí le da un tirón de orejas al gobierno local porque no se procedido a la contratación. En cuanto a gastos de capital y transferencias de capital, el plan establecía un máximo de 200.000 para este último capítulo y las obligaciones reconocidas hasta el 31 de marzo son inferiores.
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