Mateo Isern exigirá catalán para ser secretario, tesorero o interventor
INDALECIO RIBELLESPalma
El Ayuntamiento de Palma da marcha atrás y exigirá el certificado B 2 de conocimiento de lengua catalana en los concursos para la provisión de plazas de funcionarios de habilitación nacional, en principio, secretarios, interventores y tesoreros. En el caso del Consistorio palmesano la decisión afectará a 5 puestos claves en la administración municipal en los que, tras la entrada en vigor del decreto 48/2013 del Govern, el catalán pasó a ser un mérito más.
La medida fue adoptada por la Junta de Gobierno presidida por el alcalde Mateo Isern (PP) y se produce apenas dos meses después de que el pleno aprobara por unanimidad una propuesta presentada por la formación soberanista Més, en la que se tildaba la decisión y nueva legislación del Ejecutivo balear de «aberrante» porque «podría dar lugar a que la secretaria municipal, cuando se dirija a los regidores que se expresen con la lengua propia del país, no pueda dar fe pública de los debates plenarios».
Un argumento que, sin citar a la coalición nacionalista, utilizó el portavoz del gobierno municipal, Julio Martínez, para justificar una decisión solicitada también por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) de les Illes Balears. En la práctica, la mayor parte de la documentación que se presenta a debate en los plenos por las diferentes formaciones políticas está redactada, exclusivamente, en lengua catalana.
En su escrito remitido al Consistorio el pasado mes de diciembre, la organización colegial advertía que «no es posible en las Islas Baleares ejercer correctamente las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control, fiscalización interna, contabilidad y tesorería sin conocer la lengua catalana».
Por ello, se mostraban partidarios de mantener la vigencia del hoy derogado decreto 86/2004 en el que se calificaba de «imprescindible» garantizar un mismo nivel de exigencia del catalán a las personas que ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
Con esta aprobación, el requisito de conocer el catalán en el Ayuntamiento de Palma se aplica al 18% de la plantilla de funcionarios, mientras que para el resto, tan sólo es desde el año pasado un mérito. No sucede así con gran parte de las plazas ocupadas por empleados y funcionarios de atención al público entre los que, generalmente, si se mantiene como requisito a todos los opositores.
Entre ellos, el personal de Alcaldía; gabinete de prensa; personal de secretaría; multas; auxiliares de inspección; Oficina del Defensor del Ciudadano; subalternos; mayordomías; departamento tributario; notificadores; educadores; psicólogos, y así, hasta completar el citado porcentaje de la plantilla de más de 2.800 funcionarios municipales. Curiosamente, para otros empleados que mantienen un contacto directo con la población, en este caso agentes de calle de la Policía Local, no es así.
En cuartel de San Fernando si que tienen que acreditar su conocimiento previo el personal que haga funciones de Policía Judicial; los asignados a la centralita del 092; sala de atestados y los que trabajan en las oficinas de recepción de ciudadanos y vigilancia de dependencias.
La iniciativa ya oficial rectifica el acuerdo de la Junta de Gobierno del mes de julio pasado de adaptación a lo ordenado en la ley autonómica 9/2012 que modificaba la ley 3/2007 de función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en cuanto a conocimiento de la lengua catalana dentro de la administración.
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