POLÍTICA
El PP se solidariza con los despedidos de la Gestión Tributaria en Santa Cruz de Tenerife
Considera un error judicializar el conflicto y recuerda que Bermúdez ha despedido a 270 trabajadores desde que es alcalde.
La portavoz del PP en la capital tinerfeña, Cristina Tavío, lamentó hoy “la torpeza del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz a la hora de rescatar el servicio de Recaudación Tributaria, que de la noche a la mañana ha dejado en la calle a 23 profesionales de acreditada solvencia, que durante años han desempeñado sus funciones con absoluta responsabilidad, y de cuya experiencia no deberíamos prescindir”.
Los populares recuerdan que desde que Bermúdez es alcalde, el Ayuntamiento ha mandado directamente al paro a 270 empleados se servicios públicos municipales, entre las que se encuentran 200 trabajadoras de Atención Domiciliaria, 21 trabajadores de la Grúa Municipal, 9 de Viviendas Municipales, 4 de las ludotecas infantiles y 13 del servicio informático.
“Esta no es precisamente la mejor forma de generar empleo en Santa Cruz”, aseguró Cristina Tavío, quien mostró su preocupación “no solo por el daño directo que se le hace a estas familias, sino también por las consecuencias que estos despidos puedan tener para las arcas municipales, pues la negativa del alcalde a negociar una salida nos enfrentará a un nuevo pleito en los juzgados”.
Cristina Tavío puso como ejemplo el caso de los técnicos de la empresa “Santa Cruz de Software”, que perdieron su puesto de trabajo de la misma forma “caprichosa” para ser sustituidos por otros, y a quienes los tribunales están dando la razón y reponiendo en sus puestos de trabajo, con el consiguiente sobrecosto para las arcas municipales”.
La líder de la oposición pidió al alcalde una rectificación, y se ofreció a mediar entre las partes para alcanzar una salida negociada que evite el conflicto judicial, “basada en alguna fórmula de consenso que no perjudique a nadie y de la que puedan beneficiarse los ciudadanos, con un mejor servicio de recaudación a un menor costo”.
El PP ya expresó sus reservas ante el Pleno del Ayuntamiento que aprobó el proceso elegido por el Área de Hacienda para rescatar el servicio de Gestión Tributaria, porque a pesar de respaldar el fondo de la cuestión, entiende que “las cosas se han hecho de mala manera, imponiendo a los trabajadores y al titular del servicio una salida que no tiene todas las garantías jurídicas y que puede costarnos muy cara en los juzgados”.
Los populares recuerdan que desde que Bermúdez es alcalde, el Ayuntamiento ha mandado directamente al paro a 270 empleados se servicios públicos municipales, entre las que se encuentran 200 trabajadoras de Atención Domiciliaria, 21 trabajadores de la Grúa Municipal, 9 de Viviendas Municipales, 4 de las ludotecas infantiles y 13 del servicio informático.
“Esta no es precisamente la mejor forma de generar empleo en Santa Cruz”, aseguró Cristina Tavío, quien mostró su preocupación “no solo por el daño directo que se le hace a estas familias, sino también por las consecuencias que estos despidos puedan tener para las arcas municipales, pues la negativa del alcalde a negociar una salida nos enfrentará a un nuevo pleito en los juzgados”.
Cristina Tavío puso como ejemplo el caso de los técnicos de la empresa “Santa Cruz de Software”, que perdieron su puesto de trabajo de la misma forma “caprichosa” para ser sustituidos por otros, y a quienes los tribunales están dando la razón y reponiendo en sus puestos de trabajo, con el consiguiente sobrecosto para las arcas municipales”.
La líder de la oposición pidió al alcalde una rectificación, y se ofreció a mediar entre las partes para alcanzar una salida negociada que evite el conflicto judicial, “basada en alguna fórmula de consenso que no perjudique a nadie y de la que puedan beneficiarse los ciudadanos, con un mejor servicio de recaudación a un menor costo”.
El PP ya expresó sus reservas ante el Pleno del Ayuntamiento que aprobó el proceso elegido por el Área de Hacienda para rescatar el servicio de Gestión Tributaria, porque a pesar de respaldar el fondo de la cuestión, entiende que “las cosas se han hecho de mala manera, imponiendo a los trabajadores y al titular del servicio una salida que no tiene todas las garantías jurídicas y que puede costarnos muy cara en los juzgados”.
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