jueves, 25 de diciembre de 2014

PUBLICACIÓN PERIODO MEDIO DE PAGO DE NOVIEMBRE

El período medio de pago (PMP) de las corporaciones locales EN EL MES DE OCTUBRE FUE DE 24,78 días. Las grandes EELL lo reducen en 0,21 días RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE.



El período medio de pago (PMP) conjunto de la Administración Central y la Seguridad Social se situó en octubre en 14 días, mientras que el de las Comunidades Autónomas se situó en 52,01 días y el de las corporaciones locales en 24,78 días. Según los datos hecho públicos este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, supone una reducción respecto a septiembre en 2,26 días, las grandes EELL lo reducen en 0,21 días, mientras las CCAA lo aumentan en 9,11 días.





EL MINISTERIO DE HACIENDA HA PUBLICADO UNA HOJA EXCEL COMPLETA CON LOS DATOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES REFERENTES AL TERCER TRIMESTRE.




martes, 16 de diciembre de 2014

FACTURA ELECTRÓNICA. REGISTROS

La Ley 25/2013, de 27 de Diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el sector público está considerada en su Exposición de Motivos como una de las Reformas estructurales dirigida a erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas, mediante el impulso del uso de las facturas electrónicas y la creación del Registro contable, permitiendo agilizar los procedimientos de pago al proveedor, dando al mismo tiempo veracidad a las facturas pendientes de pago existentes.



Así los artº 6 y 8 de la citada Ley crean el llamado “Punto general de entrada de facturas electrónicas” y el “Registro contable de facturas”, respectivamente, gestionado éste último por quien tenga atribuida la función de Contabilidad.

Por lo que hace al Punto general de entrada de facturas electrónicas, dado que su entrada en vigor será el 15 de Enero de 2015 y que la Disposición Adicional Quinta de la Ley permite a las Corporaciones Locales adherirse al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado de la Administración, la mayoría de las Entidades Locales  se han adherido a la Plataforma electrónica FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prevista en la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre , a través del cual se recibirán todas aquellas facturas electrónicas que correspondan a Entidades, Entes y Organismos vinculados o dependientes.


LISTADO ENTIDADES LOCALES ADHERIDAS

miércoles, 26 de noviembre de 2014

SEGUIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE

Los  datos, referidos al conjunto de las Administraciones Públicas, se publican hoy por primera vez, de forma centralizada, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



El período medio de pago (PMP) de las  de las Corporaciones Locales referidos al mes de septiembre es de 24,84 días.



Hay Comunidades Autónomas que incumplen el periodo medio de pago.

Así, que el período medio de pago de las comunidades sea de 42,89 días significa que pagan a 72,89 días, lejos de los 30 días que marca la ley. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, critica la metodología de Hacienda y asegura que el plazo real de pago de las comunidades es muy superior

martes, 25 de noviembre de 2014

El sistema de confianza política en la alta función pública

El sistema de confianza política en la alta función pública 

RJA

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"La libre designación y cese supone, ni más ni menos, que el ejercicio de las funciones inherentes al cargo se realiza, por el designado, como una prolongación de la voluntad del designante"

(Luís Morell Ocaña, "El sistema de la confianza política en la Administración Pública", Madrid, 1994)

Hace veinte años el profesor Morell Ocaña escribió una sólida monografía que, con una orientación jurídica, ponía de relieve el crecimiento inusitado del sistema de confianza política en las Administraciones públicas. Si viera cómo ha evolucionado el problema se alarmaría. La "metafísica de la confianza", como acertadamente la calificó Francisco Longo, todo lo anega en la alta administración y en cualquier nivel de gobierno o de su sector público. Quien piense que va a "regenerar" algo manteniendo la actual presencia de este modelo o es un ingenuo o, más bien, un mentiroso compulsivo. La multiplicación de este fenómeno se produce en todas las estructuras de gobierno, sin apenas excepción. Los estudios sociológicos son casi inexistentes, solo hay intuiciones (o algunas evidencias), aunque en algunos casos, como es la administración local, algunos datos objetivos se han publicado en los últimos años (ver, por ejemplo, el libro de Antonio Serrano sobre la confianza política en la administración local).
Algo falla en la alta función pública cuando la inmensa mayoría de sus puestos de trabajo se cubren por un sistema de provisión alejado de los parámetros básicos de profesionalidad que, en virtud de ese distanciamiento burdo, el legislador viene calificando tradicionalmente de excepcional. Confianza y profesionalización son dos conceptos que conjugan mal entre sí. Si impera uno, el otro cede. La libre designación, cuando no el libre nombramiento (y por tanto el libre cese), se ha transformado, salvo excepciones singulares, en el sistema ordinario de provisión de puestos directivos y de la alta función pública. 
Así, no cabe extrañarse de que la institución de función pública haya sufrido un proceso de debilitamiento extraordinario en los últimos decenios. En sus puestos estratégicos está capturada por la  política y ello tiene consecuencias serias sobre la propia administración pública y el correcto funcionamiento de sus sistemas internos de control. Esto lo ponía de relieve un artículo publicado por el escritor Muñoz Molina recientemente y que tuvo un impacto notable en las redes sociales.(ARTÍCULO). Comparto en algunas cosas su diagnóstico, pero me alejo en otras. El mérito en el acceso a la función pública se ha cumplido en muchos casos y orillado en otros tantos. Todavía hoy se incorporan legiones de empleados públicos a algunas administraciones públicas (e incluso a "entes reguladores") como interinos o laborales temporales sin ningún proceso selectivo. Ya se aplantillarán cuando sea menester.

De nada han servido las modestas pretensiones del legislador básico de introducir tímidamente la figura de la dirección pública profesional. Los distintos niveles de gobierno no se han dado por enterados. La preferencia política (de una política de vuelo raso que todas y cada una de las fuerzas políticas comparten sin excepción alguna) es la de disponer de los cuadros directivos y de mando a su antojo para que sirvan de correa de transmisión y pongan las menores trabas posibles en la ejecución de sus mandatos. Es el viejo sistema de botín que relatara Max Weber, al que se apuntan todos, sean de un color o de otro y se encuadren en cualquier lugar del espectro político. El historiador François Furet expuso con claridad cómo los revolucionarios franceses en la etapa de la convención tomaron por asalto la administración pública. Lo mismo se produjo en otros procesos del mismo cariz. Las depuraciones del nacionalsocialismo y del franquismo fueron innumerables en la función pública. Izquierda y derecha, nacionalistas y no nacionalistas, comparten ese mismo esquema de pobreza institucional. Al menos mientras no se demuestre lo contrario.


Es más, las pocas leyes que se han aprobado de desarrollo del EBEP caminan por la senda del viejo modelo de confianza. La ley de ordenación y gestión de la comunidad valenciana apostó por desfigurar la figura del directivo público y establecer por ley que los puestos de jefatura de servicio se cubrirían por libre designación. La ley de empleo público de Castilla La Mancha sí que reguló la figura del directivo público, pero su sistema de provisión lo enmarcó en la libre designación. La reciente ley del principado de Asturias (aunque crea la figura del directivo) en nada mejora el estado de cosas existente. Todo lo fía al desarrollo ulterior. La excepción más singular siempre ha sido la administración vasca, con una presencia (hasta ahora) muy limitada de la libre designación y racionalmente aplicada.


Los puestos de libre designación proliferan por doquier. Hay alguna Comunidad Autónoma que solo en los puestos del grupo de clasificación A1 contabiliza más de 1.400 puestos de libre designación. En otras se cuentan por centenares. En la Administración General del Estado los puestos de libre designación también superan con mucho los cuatro dígitos. No digamos nada en las entidades locales. Si alguien hiciera un estudio en el que se cuantificaran los puestos de libre designación en nuestro sector público, fácilmente llegaría a la conclusión que son varias decenas de miles (si no son más) los puestos que en las administraciones públicas se cubren a través de esta vía. ¿Pregúntense por que extrañas cloacas se ha extraviado el sistema de mérito?


Pero la cuestión no es cuantitativa, sino cualitativa. La alta administración en nuestro sector público está colonizada por este sistema de provisión discrecional, donde el mérito se arrincona y el favor se multiplica. Su crecimiento también se ha debido al pésimo diseño institucional que presenta el concurso como sistema de provisión y a su burocrática aplicación, así como a su indudable rigidez, donde en muchos casos termina imponiéndose una concepción meritocrática rancia basada en la antigūedad y en la acumulación de méritos formales. Una concepción maniquea entre la discrecionalidad y la meritocracia vacía. Siempre en los extremos y sin matices. Así nos va.


Lo más sorprendente es que en este complejo contexto en el que desarrollan sus funciones tanto la actividad política como las propias instituciones, nadie, absolutamente nadie, desde ningún nivel de gobierno haya lanzado un programa de fortalecimiento institucional de la función pública que erradique la discrecionalidad y asiente la profesionalización a través de la libre concurrencia y la acreditación de competencias vinculadas al mérito y la capacidad. En esto estamos más lejos de los sistemas administrativos de las democracias avanzadas que muchos países en vías de desarrollo.


Nada cabe extrañarse ante esta ausencia. En un país con fuerte subdesarrollo institucional, en el que proliferan los puestos de confianza política tanto en la alta administración, como en el personal eventual o en la alta función pública, todas las fuerzas políticas están esperando el momento de su acceso al poder (sea cual fuere el nivel de este) para entrar en el reparto, colonizar y ocupar con sus respectivas clientelas todo ese nivel estratégico en los respectivos niveles de gobierno.


Se barruntan tiempos de cambios políticos y de fragmentación, así como de una más que previsible ingobernabilidad. En este complejo escenario, la entronización de la libre designación que están llevando a cabo el legislador estatal  (véase la ley 15/2014), las leyes autonómicas ya citadas, algunas otras en proceso de elaboración o las pésimas prácticas de los diferentes niveles de gobierno, darán como resultado que quienes asuman el poder (coaliciones multicolor) se dedicarán a "cambiar cromos" y removerán radicalmente de los puestos estratégicos de sus distintas administraciones a los actuales funcionaros ("amigos de los otros", dirán) para sentar en ellos a sus "amigos políticos". Política sectaria en clave schmittiana ("amigos/enemigos").


Los resultados de tan zafia operación los iremos viendo con el paso del tiempo. Serán nefastos. Pero que no protesten quienes ahora ejercen el poder en uno u otro nivel de gobierno. Tiempo tuvieron, no precisamente poco, de cambiar las reglas de juego, y nada hicieron para remediarlo. Bajo ese prisma, desahuciada por la política, abandonada por los agentes sociales que solo miran por los instalados y sus ventajas competitivas e ignorada por la ciudadanía, la institución de función pública irá muriéndose gradualmente hasta que algún día, tal vez remoto, alguien con sano juicio, visión estratégica y con liderazgo suficiente, se plantee su refundación. Mientras ello llega, esperen lo peor.


 

OPINION DEL SECRETARIO DE ESTADO SOBRE LA HABILITACIÓN NACIONAL

Los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2014 celebramos en Madrid, en la sede del INAP (Calle Atocha, 106) el Congreso Bienal de COSITAL  “Secretarios, Interventores y Tesoreros de administración local, innovación e imparcialidad, una profesión de futuro” y la X Asamblea Plenaria de nuestro colectivo

COSITAL



En la Clausura el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha elogiado el papel que en el proceso de transformación de la Administración Local ocupan hoy los secretarios, interventores y tesoreros.

Entre otras afirmaciones dijo:

“Vosotros ocupáis una posición en el escenario que os sitúa como actores principales, no secundarios. Sois, y no me cansaré de decirlo, indispensables, porque sois la mejor garantía de que, en la Administración Local, la legalidad sea verdad y se cumpla"




martes, 18 de noviembre de 2014

GESTIÓN DE TESORERÍA: Hacienda endurece el control de gastos y deudas de Xunta, concellos y diputaciones, #GestióndeTesorería

Hacienda endurece el control de gastos y deudas de Xunta, concellos y diputaciones

El departamento que dirige Montoro establece nuevos plazos y documentación que deben remitirle las administraciones de manera periódica para evaluar su gestión

19.11.2014 | 01:58 Ver noticia original en este enlace
El ministro de Hacienda y representantes de Gobiernos autonómicos durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). ángel díaz
El ministro de Hacienda y representantes de Gobiernos autonómicos durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). ángel díaz
El Gobierno sigue con la lupa puesta en las cuentas de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Con el objetivo de que los Ejecutivos autonómicos y las entidades locales cumplan con el principio de transparencia que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda ha fijado nuevos plazos y ha añadido documentación adicional que tanto Xunta como concellos y diputaciones deberán remitir a Madrid periódicamente para tener al día al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre los gastos y deudas a los que cada administración tienen que hacer frente.
Entre la información requerida por Hacienda a Gobiernos autonómicos y entidades locales figura el personal que tienen en nómina, sus retribuciones, la evolución de la deuda, los avales otorgados y los créditos contratados, el periodo medio de pago a proveedores, la previsión anual de endeudamiento, la ejecución del presupuesto, el impacto de las medidas de ahorro y de ingresos previstas o informes sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de los planes de ajuste.
El cumplimiento de los objetivos de estabilidad, tal y como establece la ley aprobada en 2012, será tenida en cuenta por Hacienda para autorizar emisiones de deudas, conceder subvenciones o suscribir convenios entre comunidades o ayuntamientos con el Estado.
Para el departamento que dirige Montoro "la rendición de cuentas" y el "control de la gestión pública" son dos factores "determinantes" del principio de transparencia. Y ante las reformas llevadas a cabo en los últimos años que establecen nuevas obligaciones de información y publicidad a las administraciones públicas, Hacienda ha endurecido el control sobre la situación financiera de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Entre los principales cambios de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de noviembre, destaca la incorporación de la obligación para Gobiernos autonómicos y corporaciones locales de suministrar información sobre el periodo medio de pago así como, en el caso de las administraciones locales, determinar el coste efectivo al que prestan sus servicios.
Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por José Manuel Rey Varela (PP), ultimaban ayer la elaboración de un informe sobre el alcance de las nuevas medidas de control y que preveían presentar hoy en la reunión de la ejecutiva del órgano de poder local.
EPlantilla. Xunta, concellos y diputaciones deberán informar a Hacienda del número de efectivos del que disponen y clases de personal diferenciado -en el caso de la comunidad autónoma, si se trata de altos cargos, funcionarios de carrera e interinos, personal estatutario fijo y temporal, personal de confianza y laboral fijo y temporal; y en el caso de las administraciones locales, alcaldes, concejales, presidentes y diputados-, así como de las retribuciones que cada uno percibe. Esta información deberá ser remitida a Madrid antes del mes de abril en relación al ejercicio anterior.
EPlanes de ajuste. Los ayuntamientos que cuenten con un plan de ajuste deberán remitir a Hacienda los avales públicos otorgados, así como las líneas de crédito contratadas, la deuda comercial contraída y su vencimiento y los análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución. Además, las administraciones locales estarán obligadas a enviar a Madrid un resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto así como la ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el plan de ajuste.
EPago a proveedores. Hacienda también vigilará si las administraciones están al día en el pago de facturas a sus proveedores. La ley de morosidad establece para este año un plazo para hacer frente a los recibos con los autónomos y pequeñas pymes de 30 días. Cuando Xunta y corporaciones locales superen ese periodo de pago deberán incluir en su plan de tesorería el importe de los recursos que van a destinar cada mes al pago de proveedores así como el importe de las medidas a las que se comprometen para reducir gastos, incrementar ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos.
EInformación anual. El Gobierno central también requerirá antes del 31 de marzo una previsión anual de endeudamiento y antes del 1 de agosto el límite de gasto no financiero de cada comunidad para el ejercicio siguiente.
EInformación mensual. Antes del 15 de cada mes, cada Ejecutivo autonómico deberá remitir la ejecución del presupuesto en sus distintas fases, así como el detalle de las obligaciones frente a terceros así como el saldo de ingresos y gastos.

lunes, 17 de noviembre de 2014

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LIQUIDEZ

 Las Entidades Locales se han apretado el cinturón para cumplir con una de las principales leyes, LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. De acuerdo con la liquidación de los presupuestos del pasado ejercicio, 6.000 municipios tenían más ingresos que gastos, por 1.200 que se encontraban en balance negativo. En 2008, año del comienzo de la crisis, la distribución era de 3.400 por 3.000.




NOTICIA SOBRE CUMPLIMENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



EN DICHA INFORMACIÓN SE PUEDEN EVALUAR LOS DATOS POR PROVINCIAS.

A lo largo de estos cinco años, cerca de 2.500 ayuntamientos han pasado de tener un saldo presupuestario negativo a uno positivo.

De forma que la Deuda de las Entidades Locales han tenido el siquiente comportamiento ( en millones de euros):

DEUDA 31.12.2012:  44 005
DEUDA 31.12.2013: 42 114          - 1.891
DEUDA 30.06.2104: 41 994          - 2.011 respecto a 21012

Pero ese superávit global de las Entidades Locales  ( 0,4 % del PIB en 2013) está provocando un exceso de liquidez en términos globales pero  que la Regla de Gasto impide que se puedan utilizar dichos recursos disponibles. Y parece ser que no se le va a dar solución a este problema.

En millones de euros. Fuente MINHAP.

1. FONDO LÍQUIDOS DE LAS EELL A 31..12.2012: 10.661,70 €.

2. FONDO LÍQUIDOS ESTIMADOS ( AVANCE LIQUIDACIONES) DE LAS EELL A 31.12.2013.
  12.061,70 €.  

Lo que supone un 19, 12 % de las operaciones no financieras previstas para 2014 ( 63.084 M €), muy por encima del 5 % de ratio máximo optimo de liquidez.

Tan problemático es la falta de liquidez como exceso de esta en el ámbito público.

 





miércoles, 12 de noviembre de 2014

El Concello debe actualizar su plan de tesorería para poder pagar sus facturas todavía a dos meses

El Concello debe actualizar su plan de tesorería para poder pagar sus facturas todavía a dos meses

La morosidad del Concello con sus proveedores es de 60 días, según el informe de Intervención

09.11.2014 | 03:54 Ver noticia original en este enlace
El concejal Manual Pardal en un pleno de Vilagarcía. // Iñaki Abella
El concejal Manual Pardal en un pleno de Vilagarcía. // Iñaki Abella
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha ido mejorando los tiempos de respuesta para pagar a sus proveedores, pero todavía no alcanza los límites legales que fija el Ministerio de Hacienda. Prueba de ello son los datos recogidos por el último informe de Intervención Municipal, que apunta a una morosidad del Concello para abonar las facturas de 60 días "en cómputo global", lo que "debe dar lugar a la actualización, o en su defecto a la confección, de un Plan de Tesorería".
Otro concepto que utiliza el Concello en este sentido es el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores, que legalmente debe situarse en un máximo de 30 días, pero en Vilagarcía asciende a 31,54 en el tercer trimestre de 2014 (de julio a septiembre). Este Periodo Medio de Pago se calcula conforme a unos baremos que fija el Ministerio de Hacienda, basándose en la ratio de operaciones pagadas y las que están pendientes de abonarse. Según precisan fuentes municipales, el cómputo del índice de morosidad se realiza por un método distinto.
Los concellos tienen la obligación de hacer públicos estos datos, de ahí que el vilagarciano haya publicado hace unos días el dato del Periodo Medio de Pago en su página web oficial. La interventora concluyó en su informe que "el Concello de Vilagarcía de Arousa excede en este primer informe trimestral del PMP legal", que es de un mes.
"Constatado durante dos trimestres consecutivos a contar desde la fecha de actualización o confección del Plan de Tesorería, el incumplimiento del Periodo Medio de Pago, entrarán en juego las normas sobre requerimientos, y en su caso retenciones, expuestas en el apartado 5º del informe, debiendo esta Intervención dar cuenta en el plazo de quince días al órgano de tutela financiera", advierte la funcionaria en su dictamen.
Cabe recordar que Vilagarcía se acogió en 2012 al conocido popularmente como "Plan Montoro" para poder pagar las facturas a sus proveedores. Ese préstamo de 4,5millones sirvió para sufragar parte de los casi 8 millones que estaban pendientes de pago, una "herencia" del bipartito a la que alude con frecuencia Tomás Fole.

lunes, 10 de noviembre de 2014

PUBLICACION DEL PERIODO MEDIO DE PAGO

Se ha publicado el Real Decreto  635/2014, de 25 de julio (BOE de 30 de julio de 2014) ,  por el que se desarrolla la metodología del período medio de pago a proveedores de las AAPP y las consecuencias del incumplimiento de los plazos.

UNO DE LOS OBJETIVOS ES LA PUBLICACIÓN EN LAS WEB
DE LAS ENTIDADES LOCALES.
La primera publicación mensual tendrá lugar en el mes de octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 2014 y la primera publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior


ESTE OBJETIVO  PIENSO QUE NO SE HA CUMPLIDO


ADEMAS SE OBSERVA EN LAS PUBLICACIONES UN ELEVADO NUMERO DE ENTIDADES CON VALORES DE PAGO ENTRE PARÉNTESIS ( VALORES NEGATIVO), QUE NOS INDICA QUE LA FECHA MEDIA DE PAGO PONDERADA ES INFERIOR A LOS TREINTA DÍAS DESDE LA FECHA DE REGISTRO DE LA FACTURA.


domingo, 2 de noviembre de 2014

¿Llegará el momento de pagar por un depósito bancario? #tesorería, #AAPP, #GestióndeTesorería, #GestiónTesorería, #banca,

¿Llegará el momento de pagar por un depósito 

bancario?

Ver artículo original en este enlace

¿Se imagina tener que pagar por un depósito? Sí, que cuando fuese a su banco a pedir información sobre su oferta comercial éste le comunicara que tiene que pagar por dejar su dinero en vez de ofrecerle una retribución a cambio. Pues bien, esta situación -por ilógica que parezca- ya se ha producido en países como Alemania (donde institucionales o empresas pagan un sobrecoste por el pasivo) oSuecia, donde la banca tendrá que pagar un 0,75% por su pasivo.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de situar la facilidad de depósito en negativo (primero en el -0,1% y luego en el -0,2%), que significar que los bancos están obligados a pagar por guardar su dinero en la caja fuerte del organismo, ha provocado que ese sobrecoste se traslade a ciertos consumidores. Sin embargo, los expertos no conciben por el momento una réplica de este escenario en España. De llegar, el depósito dejará de valer la pena.

El margen aún es amplio. Porque aunque es cierto que la rentabilidad que ofrecen estos productos a un año ya es inferior al 1%, todavía se encuentra cerca de ese umbral. Según el EcoDepósito, la nueva herramienta de elEconomista que efectúa una media ponderada de los plazos a un año que comercializan únicamente las diez entidades con más cuota de mercado en esta materia, la rentabilidad nominal se sitúa en torno al 0,86%.

En Alemania el panorama es distinto. El Deutsche Bank, que en España paga un 0,85% por el pasivo a un año, allí sólo ofrece un 0,2% para el mismo plazo. Sube hasta el 0,25% a tres años y únicamente alargando el vencimiento hasta los 8 años se puede aspirar a conseguir una rentabilidad cercana al 1% y ni siquiera..., ya que a ese plazo Deutsche Bank ofrece un 0,8% en Alemania -lo mismo que aquí el depósito a un año-.

Según el Wall Street Journal, las bajas rentabilidades que paga la banca alemana a través de estos productos están provocando que muchos ahorradores particulares del país se estén llevando su dinero a bancos extranjeros en busca de mayor rentabilidad. Según explica, a cierre de julio los alemanes tenían más del 20% de sus ahorros aparcados en depósitos de entidades foráneas con delegaciones en Alemania, frente al 15% de 2010.

¿Y en España?


En España, desde que el organsimo europeo anunció que empezaría a cobrar a la banca por guardar dinero en él, las entidades españolas han ido reduciendo la cantidad que depositan en la hucha del BCE poco a poco.

Por ejemplo, un mes antes de que SuperMario Draghi adoptara la medida de situar la facilidad de depósito en negativo, la banca española tenía aparcados en depósitos unos 1.635 millones de euros. Sin embargo, sólo un mes después, en julio, esta cantidad se redujo drásticamente hasta los 5 millones de euros. Es cierto que en agosto volvió a repuntar hasta los 33 millones, pero aún así supone un 97,58 por ciento menos respecto al mes previo a la puesta en marcha de esta medida.

Todo ello hace augurar a los expertos que por el momento los tipos negativos en la oferta comercial de depósitos, al estilo de Alemania, no llegará por el momento. Pero ¿qué pasaría en el hipotético caso de que en un futuro se produjera? Para el particular implicaría el fin del depósito como vehículo de ahorro, pero y ¿para la banca? "Rentabilidades nominales negativas en un depósito en España afectarían de forma positiva a los bancos porque traspasarían ese dinero a productos con comisiones más elevadas", apunta Víctor Alvargonzález, director de inversiones en Tressis.



El interventor de Collado Villalba objetó un contrato de 47 millones, #intervenor, #ayuntamiento, #ColladoVillalba, #Madrid,

El interventor de Collado Villalba objetó un contrato de 47 millones

La compañía francesa Cofely ganó el concurso, pero los socialistas impugnaron el acuerdo

  • El juez extiende la investigación a toda la gestión de Granados en Madrid
  • Ver noticia original en este enlace
  • Juárez, alcalde de Collado Villalba; Floriano; Aguirre y Rajoy en 2013. / ULY MARTÍN
  • El interventor del Ayuntamiento de Collado Villalba advirtió de las irregularidades en la contratación de Cofely incluso antes de que se firmara el acuerdo. Las cuentas no le salían. Cuando se inició el procedimiento de contratación para la gestión y mejora del suministro energético del municipio en 2013, avisó de que los cálculos económicos realizados por el Ayuntamiento carecían de rigor y de que tampoco se había llevado a cabo una auditoría energética que analizara la situación de partida. Un año más tarde, en mayo de 2014, la compañía francesa Cofely ganó el concurso, que ahora investiga el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica. El juez dictó anoche libertad bajo fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).
    El interventor indicó en un informe de julio de 2013 que el modelo económico presentado por el municipio era “tan deficiente” que podría implicar que el coste de la energía no estuviera bien estimado y que, por lo tanto, los créditos asignados por el Ayuntamiento para el pago del servicio podían ser insuficientes. La licitación se convocó en septiembre de 2013 por 47 millones y se adjudicó a Cofely —la única sociedad que se presentó— por 42,9 millones durante 15 años. Tampoco consta en el expediente, según relató el interventor, un informe de auditoría energética “que analice la situación actual y establezca las medidas a adoptar y el modelo económico de manera rigurosa”. El informe de Intervención se refiere al estudio realizado por los servicios técnicos de Urbanismo en 2013. Al funcionario no le pareció adecuado que para establecer el tipo de licitación se partiera de los consumos reales de 2012 (3,4 millones anuales) y que estos se proyectaran de forma lineal a lo largo del periodo de duración del contrato. No se tienen en cuenta “las posibles fluctuaciones al alza del precio de la energía, como viene sucediendo habitualmente, o ni siquiera el aumento estimado del índice de precios al consumo”, especifica el informe.
    El acuerdo abarcaba el suministro de energía y modernización de las instalaciones para obtener mayor eficiencia energética
    El interventor también dijo desconocer de dónde se deducía el ahorro del 6,58% en los consumos estimado por el Ayuntamiento. Esta cantidad es la que los técnicos consideraron suficiente para que el adjudicatario pudiera cubrir los costes de prestación del servicio, más los gastos generales de estructura, el beneficio industrial y los impuestos. “Nos dijeron que se iba a producir ese ahorro, pero podía ser un 15% o un 2% o el que fuera, porque no lo justificaban de ninguna forma”, comenta Juan José Morales, portavoz del PSOE. Este grupo político presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del 10 de septiembre de 2013, en el que se aprobó el inicio de la licitación del expediente de contratación de la gestión de los servicios energéticos y de su mantenimiento. El acuerdo abarcaba el suministro de energía (electricidad, gas natural y gasóleo), modernización de las instalaciones para obtener mayor eficiencia energética y su mantenimiento.
    “Existían defectos de forma, que el alcalde podría haber solucionado pero no quiso, y nosotros entendemos que el procedimiento de un contrato de tal magnitud debe ser impecable”, aclara el edil. Denunciaron que la licitación no se dictaminó ni se comunicó en comisión informativa y que, además, el órgano competente para aprobarlo era la Junta de Gobierno Local. También informaron al juez de los “importantes reparos” expresados por el interventor municipal.
    El fallo, de 22 de septiembre de 2014, dio la razón a los socialistas y anuló el acuerdo plenario denunciado. El juez argumentó que en un contrato que iba a convertirse en “uno de los más elevados que suscriba el Ayuntamiento en años”, es indispensable que se extremen las precauciones. La sentencia no tuvo en cuenta el informe del interventor y concretaba que había otros informes de los servicios de ingeniería industrial que avalaban su proceder. Los socialistas no saben a qué informes de refiere el juez. “Los que conocemos no explican nada, solo se refieren a la necesidad que existe de impulsar la eficiencia energética, pero sin más datos”, aclara Morales. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del Ayuntamiento.

La Audiencia Nacional imputa al interventor de la Diputación de León en la Operación Púnica, #interventor, #Diputaciòn, #León, #CastillaLeón.

La Audiencia Nacional imputa al interventor de la Diputación de León en la Operación Púnica

El interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez.
El interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez. / Leonoticias








  • El interventor de la Diputación Provincial de León, Jesús López Sánchez, ha sido imputado por el juez Eloy Velasco dentro de la Operación Púnica contra la corrupción, causa por la que el presidente de la institución se encuentra detenido en los calabozos de la Guardia Civil

A la hora del café, en las calles próximas al Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León, los corrillos en los bares se han multiplicado. Son funcionarios de la institución provincial, reunidos para comentar las últimas novedades del 'caso Marcos Martínez'.
Desde que el presidente de la institución abandonó el aparcamiento acompañado por agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para ser trasladado como detenido a la Audiencia Nacional la sensación más extendida es que "por fin" ha llegado la hora y se va a "levantar la alfombra".
Debajo de esa alfombra, aseguran los funcionarios, hay "mucho para barrer". Tanto, remarcan, que la sensación más extendida es que la detención de Marcos Martínez tan sólo es el "principio y no el final de una investigación".
La Operación Púnica ha llenado de nervios los despachos de la institución provincial. Este lunes mucho, este martes aún más cuando se ha conocido que en el marco de las investigaciones se ha citado en calidad de imputado al actual interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez.
'Suso', muy conocido en la capital por su pasión por el equipo de balonmano Ademar León del que fue vicepresidente y presidente de su gestora, recibió la notificación "en mano" por parte de uno de los agentes de la UCO durante la intervención del lunes. Él, cauto, evitó hacer comentarios hasta este mismo martes cuando trascendió su citación.
"No puedo hablar, no puedo decir nada, aún no sé nada, solamente me han dicho que tengo que ir a declarar", aseguró ayer a la prensa con voz seria, al mismo tiempo que advertía que desarrollaba su actividad profesional "con normalidad" a la espera de conocer el día en el que tendrá que desplazarse hasta la Audiciencia Nacional.
"Nada puedo decir, que estoy citado y que tengo que comparecer, pero lo que me han dicho es que me avisarán para decirme el día", indicó sin más comentarios.
En la Diputación, quien más y quien menos, tiene alguna polémica en el cajón. Jesús López, también. En 2010 una demanda judicial entre dos empresas, la agencia Marsans y Hosteleón Vending SL, sacó a la luz que López era adjudicatario indirecto de la prestación de servicios a los escolares que acudían a conocer la estación invernal de San Isidro.
En concreto Marsans fue adjudicataria de dos lotes para que 50 niños por turnos durante 10 semanas acudieran a disfrutar de la nieve. Sin embargo Marsans, cuya gerente era la mujer de un diputado, subcontrató la manutención con Hosteleón y el alojamiento con Toneo apartamentos, que no se trata de una sociedad sino del nombre que reciben las buhardillas propiedad de López Sánchez.
En su conjunto, según se publicó en su momento en diferentes medios, 900 chicos se alojaron en estas habitaciones del viejo hotel Toneo, en el tiempo en que su propietario ejercía entonces de viceinterventor.
Con la UCO dejando citaciones en la Diputación, los nervios se han asentado en un buen número de despachos especialmente entre los jefes de servicio. "Ellos firmaban mucho de los papeles que la presidenta les ordenaba tramitar. Muchos firmaron y quien se negaba, como Ricardo, era apartado de forma fulminante", se advierte entre los funcionarios.
Así están las cosas dentro de Diputación, descabezada y con la sensación exteriorizada por un dirigente del partido de que éste es un "partido que está a punto de caerse y va a pillar a mucha gente".
En la Audiencia Nacional ya está la documentación requisada este lunes. Este martes se ha conocido que los agentes se llevaron en cajas contratos relativos a los planes provinciales, a contratos de publicidad, servicios, turismo y estaciones de invierno".
Documentación de "dos y tres años atrás", se ha advertido. Fue durante ese tiempo cuando Marcos Martínez, ejerciendo como presidente de la mesa general de contratación, y entonces firmó los contratos que en la actualidad están en investigación.
También lo advierte su abogado, Ricardo Gavilanes, amigo personal y ahora a cargo de establecer una representación legal que permita a Marcos Martínez sufrir el menor daño posible. "Nada sabemos, suponemos que todo estará vinculado con una etapa anterior, pero nada sabemos", ha advertido remarcando que en situaciones de este tipo sólo vale esperar y obrar con prudencia.
En el PP, mientras se insiste en que el caso de Marcos Martínez, reafirma la necesidad de aplicar "bisturí". La batería de medidas para eliminar al hoy presidente de la Diputación de la vida política está en marcha. En cuanto se conozca la imputación Marcos Martínez será 'cesado' como presidente de la Diputación y como alcalde de Cuadros. "Tenemos la sensación de que después de este circo es imposible que no exista imputación", se advierte desde el propio PP de León.
¿Y si se niega a entregar su acta? La cuestión ya se ha estudiado en el seno de la formación popular para quien no hay duda que si "Marcos Martínez o cualquier otro implicado en esta operación y que resulte imputado se negara a entregar el acta se arbitrarán las medidas necesarias para que con la mayoría de la representación institucional se le aparten de sus funciones".
¿Y si encontrara arropo en las filas populares? También en este caso existe 'hoja de ruta', pero verbalmente en el seno del PP no hay dudas: "Quien le apoye en ese hipotético caso, a la puta calle", se ha asegurado.
Mientras, en el PSOE, se siguen reclamando responsabilidades. Este martes Celestino Rodríguez, secretario provincial de los socialistas, ya ha asegurado que exigirá la creación de una comisión de investigación en la institución provincial.
"La medida será reclamada de forma oficial tal como se acordó en la reunión mantenida este martes entre el grupo de diputados provinciales y la dirección del partido en León", ha asegurado en una nota prensa.
"Exigimos que la Diputación aporte toda la información de lo ocurrido a los leones y leonesas, que se abran de una vez las puertas y ventanas del Palacio de los Guzmanes y que se depuren todas las responsabilidades, absolutamente todas, afecten a quien afecten", se ha dicho.
Mucho más lejos ha ido Izquierda Unida de León. Su coordinador provincial, Santiago Ordóñez, ha pedido al Gobierno que "intervenga inmediatamente la Diputación y que la Fiscalía Anticorrupción analice con lupa todos los acuerdos políticos y técnicos alcanzados, al menos, durante esta legislatura".
La coalición afirma que la Diputación Provincial de León "está podrida, se ha movido en régimen caciquil de compra de voluntades políticas en el Pleno desde 2011 y queremos que la Audiencia Nacional haga limpieza a fondo y no se limite al presidente y al interventor".
Y todo ello mientras en la calle, los leoneses viven con una sensación a medio camino entre la incredulidad y la resignación porque nadie sabe si éste es el último sobresalto.

¿Ayuntamientos sin control?

¿Ayuntamientos sin control?

03.11.2014 | 01:31 Ver noticia original en este enlace
Estos días, con motivo de la Operación Púnica, se están publicando algunas inexactitudes sobre la supuesta falta de controles en los ayuntamientos.
En primer lugar estoy seguro de que las investigaciones acreditarán que la mayor parte de las actuaciones se produjeron a espaldas de los ayuntamientos. Es como lo de intentar justificar la inexistencia de dinero negro con declaraciones de renta cuando ni el dinero negro se declara a Hacienda ni los actos de corrupción se incorporan al procedimiento administrativo.
Por lo que se refiere a los controles internos, en la Administración Local existen unos Funcionarios con Habilitación Nacional, en cuyo nombre no hablo al no ser su representante sino en el mío propio como perteneciente a este colectivo, que son: secretarios, que se encargan del asesoramiento legal; interventores, que ejercen el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria; y tesoreros, a cuyo cargo está la contabilidad, tesorería y recaudación. Su nombramiento no lo hacen los alcaldes, como se ha dicho, sino el Estado tras superar un proceso selectivo, aunque para algunas de sus situaciones tienen competencia las comunidades autónomas, pero a donde no pertenecen es a los ayuntamientos por considerar, en su origen, que esto era una garantía de independencia.
Estos funcionarios existen en todos los ayuntamientos, aunque es verdad que en casi 9 de cada 10, los de menos de 5.000 habitantes, solo hay uno que ejerce a la vez de secretario y de interventor. Y en muchos casos el mismo tiene que atender a varios Ayuntamientos, ya que 3.863 no llegan a 500 habitantes y 470 ni siquiera a 50.
Sin embargo, a pesar de no ser funcionarios municipales, sus retribuciones las fijan los ayuntamientos entre máximos y mínimos fijados por Presupuestos del Estado, con cuyas horquillas y algún complemento pueden jugar, y nunca mejor dicho, con lo que el primer jaque a esa independencia es su dependencia económica del órgano a fiscalizar. Por otra parte, aunque no los nombran sí intervienen en la elección del que ha de cubrir el puesto a través de unos baremos de méritos sin ningún sentido ni justificación, desde mi punto de vista, ya que en muchas ocasiones son catálogos interesados cuando todos han estudiado una carrera y aprobado una oposición y están capacitados para estar en cualquier ayuntamiento, pues los retos que se les puedan plantear están en los libros y en las leyes, que son su especialidad. Y si hablamos de las capitales de provincia, autonómicas o ciudades de más de 75.000 habitantes aquí son por libre designación, lo cual aún tiene menos sentido ya que no son personal de confianza, llevando aparejado el libre cese, por lo que a su dependencia económica se suma la dependencia en su estabilidad laboral.
Y a pesar de esos condicionantes la inmensa mayoría cumplen escrupulosamente con sus obligaciones, así como también la inmensa mayoría de los alcaldes atienden a sus requerimientos, pues por muy escandalosos que nos parezcan, esos casos no son representativos de la realidad de los 8.119 ayuntamientos que hay en España.
Entonces ¿por qué fallan, supuestamente, los controles en algunos casos? Pues porque seguramente los expedientes tienen visos de legalidad, ya que, como dije, las trampas se hacen por detrás, pero en cualquier caso porque los reparos que puedan poner estos funcionarios no tienen carácter suspensivo, teniendo la impresión algunos de que aunque se los salten no pasa nada, lo cual es verdad si nadie acude al juzgado o se monta una operación de éstas, pues por lo que le toca al Tribunal de Cuentas su fiscalización se produce muchas veces cuando los posibles delitos económicos o contables han prescrito o están a punto de hacerlo. Cuando esos reparos tuvieran carácter suspensivo, estableciendo un procedimiento ágil, rápido y sumario para la resolución de discrepancias, cualquier perjuicio que se pudiera invocar por culpa de esa suspensión ante una duda sobre la legalidad del acto siempre sería mucho menor que el daño que pueda llegar a hacer la ejecución de un acto efectivamente ilegal. Pero cada vez que se habla de esto aparece la oposición de los partidos políticos en general ante un supuesto ataque a la autonomía local. No hay más que leer las actas de sesiones en la tramitación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, repasar las declaraciones hechas desde las Federaciones de Municipios o leer algunos titulares de prensa de este mismo año donde se culpaba a los interventores no se sabe de qué que no sea cumplir la Ley.
Los procedimientos de control interno en los Ayuntamientos existen, los funcionarios encargados de la fiscalización también, aunque es necesario garantizar su independencia, por lo que si se quiere atajar la corrupción aquí solamente hay que poner los mecanismos e instrumentos necesarios para que esos controles sean eficientes, eficaces y efectivos. Solo el cumplimiento de la Ley garantiza el funcionamiento democrático de cualquier Administración Pública. Y un Ayuntamiento lo es.
*Secretario de Administración Local

PRIMERA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


TESORERIA: CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL f

Para poder visualizar el vídeo con las dos ponencias es necesario registrarse previamente en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/6233403354742469634

(hacer click en este enlace para ver el video)

La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones. Primera ponencia de D. José Manuel Farfán Pérez en el Webinars CURSO BASICO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL organizado por la empresa TAyA el 1-4-2014

SEGUNDA PONENCIA DE JOSE M. FARFAN PEREZ


La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Para poder visualizar el vídeo con la ponencia de José M. Farfán Pérez es necesario registrarse previamente en este enlace en este enlace https://attendee.gotowebinar.com/recording/3190806191221010178

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Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector público y Presupuesto de Tesorería

El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







DOCUMENTO PROYECTO LEY

Y AFECTA A UNA NUEVA REGULACION DE LOS PRESUPUESTOS DE TESORERIA:

incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL. José Manuel Farfán Pérez

Gestión de tesoreria municipal


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Es necesario para el estudio de la Tesorería Municipal tener algunas nociones de lo que es el Sistema Financiero (su conocimiento es esencial como parte integrante de este), así como los mercados financieros donde las Tesorerías municipales realizan sus funciones de activos y pasivos financieros propio de sus funciones.

La expresión « gestión financiera » hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública.


La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobro y pagos (tesorería), como los necesarios en el proceso de inversión-financiación (operaciones activas-pasivas). Por ello a la Tesorería Municipal le corresponden todos los recursos financieros, sean fondos valores o créditos de un Municipio. 

En el sector público, esa anticipación de recursos se justifica por el hecho de que no solamente se trata de mejorar el presente sino de preparar el futuro.


  • 4,99 €
  • Disponible en iPad y Mac.
  • Categoría: Finanzas
  • Publicación: 25/11/2013
  • Editorial: JOSE MANUEL FARFÁN PÉREZ
  • Páginas impresas: 138 páginas
  • Idioma: Español
  • Versión: 1.0
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