Manuel Pineda dice que su decreto pretende una mayor modernización y agilidad y que él no ha incumplido la ley
m. a. 09.12.2013 | 23:56
El PP anunció ayer que llevará a la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSOE), por la firma de un decreto por el cual reduce competencias a la interventora, tal y como ayer publicaba INFORMACIÓN. La decisión ha sido tildada por el Colegio de Secretarios e Interventores como «contraria a derecho, justa e injustificada». En concreto, Pineda ha buscado equiparar a jefes de área con ella. Ayer el socialista quiso justificar por primera vez su decisión y lo hizo asegurando que el decreto responde a «la remodelación de la organización administrativa del Ayuntamiento, que se ha hecho atendiendo a criterios de modernización de las áreas y de agilidad burocrática, con el fin de que los ciudadanos obtengan un mejor servicio municipal».
En un comunicado, Pineda asegura que no hay ni un solo funcionario del personal de oficinas que esté desempeñando la labor que se le asignó en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada hace años. Así explica que, por ejemplo, la secretaria-interventora, «resulta que sobre el papel es la jefa de las limpiadoras y de otro personal de oficios». El regidor añadió que ha aprobado una nueva RPT para regularizar la situación, que ésta se aprueba por pleno pero que la organización es competencia suya. «Es una potestad discrecional, ni siquiera ha de ser negociada con los representantes sindicales. Su aprobación no está precedido de trámite» y que, en cualquier caso, él nunca ha quitado funciones que deba desempeñar la secretaria-interventora por normativa legal.
Estructura
El PP asegura en un comunicado que lleva el asunto a la Fiscalía porque considera que la de Pineda en una actitud «caciquil» al tiempo que le pide explicaciones públicas ante «la alteración de una legalidad y de la estructura organizativa municipal». También recuerdan que el alcalde carece de «atribuciones para limitar, restringir o matizar las atribuciones de la secretaria -interventora» y que pedirá indagar hasta el final para conocer las razones que le han llevado a adoptar esta decisión. Igualmente, critica «el bloqueo de acceso de la información pública a la oposición para su labor fiscalizadora o la de usar el salón de pleno para celebrar una rueda de prensa del PSPV».
En un comunicado, Pineda asegura que no hay ni un solo funcionario del personal de oficinas que esté desempeñando la labor que se le asignó en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada hace años. Así explica que, por ejemplo, la secretaria-interventora, «resulta que sobre el papel es la jefa de las limpiadoras y de otro personal de oficios». El regidor añadió que ha aprobado una nueva RPT para regularizar la situación, que ésta se aprueba por pleno pero que la organización es competencia suya. «Es una potestad discrecional, ni siquiera ha de ser negociada con los representantes sindicales. Su aprobación no está precedido de trámite» y que, en cualquier caso, él nunca ha quitado funciones que deba desempeñar la secretaria-interventora por normativa legal.
Estructura
El PP asegura en un comunicado que lleva el asunto a la Fiscalía porque considera que la de Pineda en una actitud «caciquil» al tiempo que le pide explicaciones públicas ante «la alteración de una legalidad y de la estructura organizativa municipal». También recuerdan que el alcalde carece de «atribuciones para limitar, restringir o matizar las atribuciones de la secretaria -interventora» y que pedirá indagar hasta el final para conocer las razones que le han llevado a adoptar esta decisión. Igualmente, critica «el bloqueo de acceso de la información pública a la oposición para su labor fiscalizadora o la de usar el salón de pleno para celebrar una rueda de prensa del PSPV».
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