El Gobierno de Mariano Rajoy propone la eliminación de los Defensores del Pueblo que existen en muchas las comunidades autónomas como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.
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En ese extenso documento, que se dará a conocer públicamente este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se incluye el calendario de aplicación de las medidas y el coste estimado de muchas de ellas. El gasto que implica mantener los defensores del pueblo autonómicos es una de las cifras que ha calculado el Ejecutivo, que aboga por su eliminación porque existe esa institución a nivel nacional, presidida en este momento por la exministra Soledad Becerril.
Fuentes del Ejecutivo han admitido que hay CC.AA en las que el Defensor del Pueblo autonómico, como ocurre en Cataluña con el Sindic de Greuges, tiene un "valor político mayor" y han subrayado que serán las comunidades autónomas las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Eso sí, el Ejecutivo ha recordado que Murcia y Castilla-La Mancha ya suprimieron sus defensores del pueblo autonómicos sin que ello haya supuesto un perjuicio para los ciudadanos de esas autonomías.
"Las CCAA pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos", señala el Gobierno en un breve resumen del informe de la CORA adelantado este jueves a los medios de comunicación, en el que también se alude a la posibilidad de reducir el tamaño de las asambleas legislativas.
Fuentes de Moncloa han recalcado que la filosofía de este documento de la CORA --que estará encima de la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio-- no es la "desconfianza" sino la colaboración y la cooperación conjunta en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Así, según estas fuentes, este informe lo que se ofrece es una "guía" para avanzar en el camino de la eficacia y el ahorro.
Órganos estatales que pueden asumir la función
En el mismo capítulo de racionalización del sector público, el Gobierno plantea a las comunidades que por parte de órganos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos, un ofrecimiento que hace tras haber analizado "el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal con igual o mejor calidad".
Éste es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros.
También se incluyen otras medidas que abogan por la "compartición de medios" entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.
Ademas, se prevé la conexión de las bases de datos y los registros públicos estatales y autonómicos en distintos ámbitos, de especial relevancia para, por un lado, disponer del título habilitante en todo el territorio nacional para desempeñar una actividad; por otro, para conocer la totalidad de actuaciones públicas en cada sector (prestaciones asistenciales, subvenciones, ayudas a la actividad
Control de la creación de nuevos organismos
En el apartado de racionalización de la administración institucional, el Gobierno apuesta por aprobar una nueva Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, con el fin de disponer de un texto completo y codificado de la organización administrativa.
Según añade, la creación de cualquier nuevo organismo o entidad pública deberá ir acompañada de una justificación estricta de las razones que lo motivan, en la que se valore la existencia de posibles duplicidades, y los medios humanos, materiales y financieros de que va a disponer para desempeñar su función, lo que será "evaluado periódicamente", de modo que, en caso de no subsistir las razones o los recursos que fundamentaron la constitución de la entidad, se procederá a su extinción.
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