Santa Cruz de Tenerife
El ayuntamiento asume la recaudación voluntaria de impuestos
El Pleno aprobó ayer anular la privatización del servicio de cobros, que funcionaba ilegalmente desde hace 21 años Los ciudadanos podrán pagar los tributos en cualquier entidad bancaria.
G. Maestre, S/C de Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso ayer fin a más de dos décadas de ilegalidad en la gestión del cobro de los impuestos municipales en periodo voluntario, tras aprobar el rescate público del servicio con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Partido Popular.
Según detalló el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, esta medida no solo supondrá un considerable ahorro -que estimó en dos millones de euros-, sino que además facilitará el pago de los impuestos a los ciudadanos.
La externalización del cobro fue puesta en duda desde el mismo debate de su aprobación, cuando se cuestionó su legalidad. Solo un año después ya hubo jurisprudencia que establecía que la recaudación debía ser un servicio público y no privado. No obstante, en el Ayuntamiento de Santa Cruz no se ha solventado esta irregularidad hasta este año, cuando el concejal de Hacienda se hizo eco de las quejas de los partidos de la oposición al respecto y tuvo constancia de los innumerables reparos -hasta 700 dijo el líder de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou- que el interventor había puesto en este asunto.
Así, no es de extrañar que desde Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila declarase que poner fin a la privatización de este servicio de recaudación "será un pequeño hito de este mandato y, sobre todo, de la oposición por haber sabido explicar al Gobierno la necesidad del cambio".
"Por fin vuelve la legalidad a las cuestiones recaudatorias de esta casa", dijo el concejal de Urbanismo y líder del Partido Socialista, José Ángel Martín, mientras que el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió el trabajo de los servicios municipales implicados en la aprobación de este expediente sentenciando: "El ayuntamiento debe cumplir los informes que el propio ayuntamiento hace y este es un ejemplo de ello".
Pese a los requerimientos de la oposición, Alberto Bernabé no entró a dar detalles sobre "¿cómo es posible que esto haya sucedido durante 21 años sin que nada se hiciera al respecto?", como le preguntó el concejal del Partido Popular Alexis Oliva, y mucho menos pidió perdón como solicitó el de Por Tenerife, José Manuel Corrales.
El edil prefirió insistir en que el cambio "había que hacerlo sí o sí", en referencia a que ya existe un dictamen del Consejo Consultivo que así lo avala y destacó que "a partir del próximo año los ciudadanos que lo deseen podrán pagar sus tributos en cualquier entidad bancaria o domiciliarlos".
Aunque desde la oposición valoraron "muy positivamente" la labor realizada por el Gobierno para "reconducir" esta situación de flagrante ilegalidad, Corrales hizo hincapié en el "desconocimiento total de la ley que ha habido en la corporación durante 21 años", por lo que solicitó que "se tomen medidas para evitar que suceda algo así de nuevo" y avanzó que "algo muy parecido puede pasar con la privatización de la empresa municipal de aguas Emmasa".
Desde el PP fueron aún más críticos y, pese a reconocer la necesidad de acabar con la situación de ilegalidad, lamentaron que "se deje en la calle a 26 personas que trabajaban en la empresa adjudicataria y a otras doce que lo hacían de forma eventual", en palabras de Alexis Oliva, que reclamó al grupo de Gobierno que tratara de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes para causar el menor impacto posible a estos empleados
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso ayer fin a más de dos décadas de ilegalidad en la gestión del cobro de los impuestos municipales en periodo voluntario, tras aprobar el rescate público del servicio con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Partido Popular.
Según detalló el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, esta medida no solo supondrá un considerable ahorro -que estimó en dos millones de euros-, sino que además facilitará el pago de los impuestos a los ciudadanos.
La externalización del cobro fue puesta en duda desde el mismo debate de su aprobación, cuando se cuestionó su legalidad. Solo un año después ya hubo jurisprudencia que establecía que la recaudación debía ser un servicio público y no privado. No obstante, en el Ayuntamiento de Santa Cruz no se ha solventado esta irregularidad hasta este año, cuando el concejal de Hacienda se hizo eco de las quejas de los partidos de la oposición al respecto y tuvo constancia de los innumerables reparos -hasta 700 dijo el líder de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou- que el interventor había puesto en este asunto.
Así, no es de extrañar que desde Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila declarase que poner fin a la privatización de este servicio de recaudación "será un pequeño hito de este mandato y, sobre todo, de la oposición por haber sabido explicar al Gobierno la necesidad del cambio".
"Por fin vuelve la legalidad a las cuestiones recaudatorias de esta casa", dijo el concejal de Urbanismo y líder del Partido Socialista, José Ángel Martín, mientras que el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió el trabajo de los servicios municipales implicados en la aprobación de este expediente sentenciando: "El ayuntamiento debe cumplir los informes que el propio ayuntamiento hace y este es un ejemplo de ello".
Pese a los requerimientos de la oposición, Alberto Bernabé no entró a dar detalles sobre "¿cómo es posible que esto haya sucedido durante 21 años sin que nada se hiciera al respecto?", como le preguntó el concejal del Partido Popular Alexis Oliva, y mucho menos pidió perdón como solicitó el de Por Tenerife, José Manuel Corrales.
El edil prefirió insistir en que el cambio "había que hacerlo sí o sí", en referencia a que ya existe un dictamen del Consejo Consultivo que así lo avala y destacó que "a partir del próximo año los ciudadanos que lo deseen podrán pagar sus tributos en cualquier entidad bancaria o domiciliarlos".
Aunque desde la oposición valoraron "muy positivamente" la labor realizada por el Gobierno para "reconducir" esta situación de flagrante ilegalidad, Corrales hizo hincapié en el "desconocimiento total de la ley que ha habido en la corporación durante 21 años", por lo que solicitó que "se tomen medidas para evitar que suceda algo así de nuevo" y avanzó que "algo muy parecido puede pasar con la privatización de la empresa municipal de aguas Emmasa".
Desde el PP fueron aún más críticos y, pese a reconocer la necesidad de acabar con la situación de ilegalidad, lamentaron que "se deje en la calle a 26 personas que trabajaban en la empresa adjudicataria y a otras doce que lo hacían de forma eventual", en palabras de Alexis Oliva, que reclamó al grupo de Gobierno que tratara de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes para causar el menor impacto posible a estos empleados
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