Fuente el Saz admite que su tesorería está en quiebra absoluta
El pago de una deuda de un millón impide pagar nóminas y servicios esenciales
Las arcas del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama (6.000 habitantes) están vacías. La alcaldesa, María José Moñino, admite en una carta enviada a los vecinos el pasado mes de octubre que “la tesorería queda en situación de quiebra absoluta”, tras hacer frente al pago de una deuda de un millón de euros. El municipio, gobernado por los independientes (GIF) en minoría, no puede hacer frente ni al pago de la deuda financiera, ni de las nóminas de sus trabajadores -que no cobraron el mes de octubre-, ni de los servicios imprescindibles, entre otros conceptos. En principio, la situación se alargará durante los próximos seis meses, pero tendrá consecuencias a largo plazo.
La puntilla ha llegado desde el Juzgado. A la deuda de 11 millones de euros generada en legislaturas anteriores, se ha unido la ejecución de una sentencia que obliga al Consistorio a hacer frente al pago de un millón de euros que se debían por la construcción de la Casa de Cultura. El edificio se levantó durante la legislatura 2003-2007. El municipio se acogió a una subvención de la Comunidad de Madrid para hacer frente al coste de la nueva infraestructura, pero hubo problemas con la empresa constructora, la obra se alargó y se entregó fuera de plazo. Este retraso supuso la pérdida del dinero que iban a recibir del Gobierno regional. El importe total del edificio era de 1,8 millones, de los que entre 2006 y 2008 se desembolsó aproximadamente un millón de euros.
La constructora, Estructuras Tubulares, S.A., quebró y denunció al Ayuntamiento por el impago. “Desde entonces se ha ido arrastrando la deuda, y finalmente ha llegado la sentencia definitiva y a los casi 800.000 euros que quedaban por pagar se han sumado los intereses”, explica Sergio J. Gómez, representante de CCOO y presidente del comité de empresa municipal.
El auto ha dado la vuelta a las finanzas de Fuente el Saz, que la alcaldesa consideraba bajo control debido a una política de restricción del gasto “durísima”, aplicada en los dos años que llevan de gobierno. Los independientes consiguieron seis ediles en las últimas elecciones y cuentan con el apoyo de IU-LV. Moñino advierte a los vecinos en su misiva que “nos encontramos en un punto crítico para la viabilidad de este municipio”. La gravedad de la situación es tal, explica, que si el Ayuntamiento fuera una empresa privada las circunstancias creadas “darían lugar al cierre por quiebra de la misma”.
El importe debido saldrá de los ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pero, esto dará lugar a “gravísimas circunstancias inmediatas a corto y a largo plazo”, mantiene la regidora. El equipo de gobierno calcula que el municipio no generará ingresos procedentes de los padrones tributarios hasta finales del primer trimestre de 2014. Y éstos no serán suficientes para cubrir la deuda acumulada con personal y proveedores de los seis meses anteriores.
“La alcaldesa nos dice que hasta marzo o abril no podemos cobrar”, desvela Gómez. Con lo que supone para una plantilla de 102 empleados, que en 2010 ya vivió un ERE temporal que afectó a 17 personas. Los sueldos también han bajado. Jesús Agudo, portavoz del sindicato CSIT, cuenta como la plantilla “ha visto reducido un 5% el salario por el dictamen del Gobierno central y otro 11% por la situación del municipio”. Ahora se ha abierto un periodo de negociación, con otro ERE encima de la mesa que podría afectar a 22 trabajadores (personal laboral). Los sindicatos tienen previsto enviar una carta al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para comunicarle la encrucijada en la que se halla el municipio. “Se trata de encontrar una salida conjunta”, opina Agudo.
En este sentido, el equipo de gobierno tiene previsto reunirse hoy con Hacienda. Los sindicatos reconocen que desde la alcaldía “están intentando abrir cualquier vía que implique facilidades de pago o un aplazamiento y garantizar así la supervivencia del Ayuntamiento”.
La puntilla ha llegado desde el Juzgado. A la deuda de 11 millones de euros generada en legislaturas anteriores, se ha unido la ejecución de una sentencia que obliga al Consistorio a hacer frente al pago de un millón de euros que se debían por la construcción de la Casa de Cultura. El edificio se levantó durante la legislatura 2003-2007. El municipio se acogió a una subvención de la Comunidad de Madrid para hacer frente al coste de la nueva infraestructura, pero hubo problemas con la empresa constructora, la obra se alargó y se entregó fuera de plazo. Este retraso supuso la pérdida del dinero que iban a recibir del Gobierno regional. El importe total del edificio era de 1,8 millones, de los que entre 2006 y 2008 se desembolsó aproximadamente un millón de euros.
La constructora, Estructuras Tubulares, S.A., quebró y denunció al Ayuntamiento por el impago. “Desde entonces se ha ido arrastrando la deuda, y finalmente ha llegado la sentencia definitiva y a los casi 800.000 euros que quedaban por pagar se han sumado los intereses”, explica Sergio J. Gómez, representante de CCOO y presidente del comité de empresa municipal.
El auto ha dado la vuelta a las finanzas de Fuente el Saz, que la alcaldesa consideraba bajo control debido a una política de restricción del gasto “durísima”, aplicada en los dos años que llevan de gobierno. Los independientes consiguieron seis ediles en las últimas elecciones y cuentan con el apoyo de IU-LV. Moñino advierte a los vecinos en su misiva que “nos encontramos en un punto crítico para la viabilidad de este municipio”. La gravedad de la situación es tal, explica, que si el Ayuntamiento fuera una empresa privada las circunstancias creadas “darían lugar al cierre por quiebra de la misma”.
El importe debido saldrá de los ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pero, esto dará lugar a “gravísimas circunstancias inmediatas a corto y a largo plazo”, mantiene la regidora. El equipo de gobierno calcula que el municipio no generará ingresos procedentes de los padrones tributarios hasta finales del primer trimestre de 2014. Y éstos no serán suficientes para cubrir la deuda acumulada con personal y proveedores de los seis meses anteriores.
“La alcaldesa nos dice que hasta marzo o abril no podemos cobrar”, desvela Gómez. Con lo que supone para una plantilla de 102 empleados, que en 2010 ya vivió un ERE temporal que afectó a 17 personas. Los sueldos también han bajado. Jesús Agudo, portavoz del sindicato CSIT, cuenta como la plantilla “ha visto reducido un 5% el salario por el dictamen del Gobierno central y otro 11% por la situación del municipio”. Ahora se ha abierto un periodo de negociación, con otro ERE encima de la mesa que podría afectar a 22 trabajadores (personal laboral). Los sindicatos tienen previsto enviar una carta al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para comunicarle la encrucijada en la que se halla el municipio. “Se trata de encontrar una salida conjunta”, opina Agudo.
En este sentido, el equipo de gobierno tiene previsto reunirse hoy con Hacienda. Los sindicatos reconocen que desde la alcaldía “están intentando abrir cualquier vía que implique facilidades de pago o un aplazamiento y garantizar así la supervivencia del Ayuntamiento”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario