martes, 5 de noviembre de 2013

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: Cruzada municipal contra el fraude fiscal


Cruzada municipal contra el fraude fiscal


El Ayuntamiento comprobará por primera vez si las 1.200 entidades que facturan más de un millón de euros al año pagan "correctamente" todos sus impuestos
03.11.2013 | 02:20


Se acabó el fraude fiscal en Santa Cruz de Tenerife y a partir de ahora "todo el mundo pagará lo que debe pagar". Por lo menos esto es lo que quiere conseguir el Ayuntamiento de la capital con el Plan de Control Tributario que va a poner en marcha por primera vez en su historia, según lo anuncian el Tesorero municipal, Alejandro Rodríguez, y el concejal de Hacienda, el nacionalista Alberto Bernabé.

Este plan va dirigido sobre todo a las grandes empresas instaladas en la ciudad, aquellas que facturan más de un millón de euros al año, y entre las que se encuentran por ejemplo hoteles, bancos, fábricas, centros comerciales y la Refinería. El Consistorio revisará si estas entidades, unas 1.200, abonan "correctamente" el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce que hasta el momento no se ha comprobado si el IAE que pagan estas empresas se ajusta a la realidad de las mismas, es decir, la Corporación local no ha controlado de manera exhaustiva los tributos que se recaudan en el municipio ni se ha perseguido "como debe de hacerse" el fraude fiscal. "Este plan se ha llevado a cabo en otras ciudades con muy buenos resultados, como por ejemplo en La Laguna, Madrid o Barcelona. La inspección tributaria no debe ser noticia sino algo normal. Con esta medida sabremos si existen actividades no declaradas en el municipio o si algunas empresas están pagando al Ayuntamiento menos de lo que deben abonar", explica el Tesorero del Consistorio chicharrero.

Alejandro Rodríguez, también presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), apunta que este plan de control tributario se convertirá "en una rutina" en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña con el fin de que "ningún espabilado pueda engañar al Consistorio en cuanto al cobro de impuestos". Además, añade el Tesorero municipal, "si todos los contribuyentes, en este caso empresas, abonaran lo que deben pagar a la Corporación local, entonces no sería necesario subir los tributos a otros". Rodríguez indica que el Ayuntamiento de Santa Cruz quiere evitar cualquier situación injusta para que no sean los que sí han declarado su actividad de manera correcta los que tengan que soportar todo el peso del cobro de los impuestos municipales.

"Se puede dar el caso de que un hotel, por ejemplo, se haya dado de alta como un establecimiento de dos estrellas y de 40 habitaciones, cuando en realidad tiene cuatro estrellas y 70 habitaciones y, por lo tanto, tendría que pagar más por el Impuesto de Actividades Económicas. Otro ejemplo estaría en una fábrica que en el Catastro se haya registrado con unos determinados metros cuadrados y por el IAE pague por menos superficie", explica el Tesorero. Para comprobar que no existe fraude fiscal en cada una de las 1.200 empresas que hay situadas en el municipio, el servicio de inspección del Ayuntamiento realizará un cruce de datos informáticos con distintas entidades, como "el Catastro o la Agencia Tributaria".

El Consistorio chicharrero espera tener todos los datos actualizados a mediados del próximo año, según indica el Tesorero municipal. En el caso de que se detecte fraude fiscal en alguna de las entidades, estas tendrán que pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife todo lo que han dejado de abonar en concepto del Impuesto de Actividades Económicas en los últimos cuatro años y, además, tendrán que hacer frente a una sanción, cuya cuantía dependerá de la deuda que mantengan hasta el momento con la Corporación local.

Además de comprobar que las empresas del municipio pagan el IAE "correctamente", el Ayuntamiento también está trabajando en la creación de una "base de datos única" para que ningún vecino "se escape de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o la tasa de la basura". "Hasta ahora tenemos una base de datos fragmentada. Esto quiere decir que si alguien vende su casa y no avisa al Consistorio, el recibo de la basura seguirá a su nombre, por lo que la persona que ha comprado la vivienda puede que esté años sin abonar dicha tasa.

Se han dado casos de ciudadanos a los que se les han embargado las cuentas, cuando ya hace años que no viven en Santa Cruz", explica el Tesorero municipal. Este asegura que todo esto cambiará y espera que en un año y medio el Ayuntamiento de la capital tinerfeña sea una administración del siglo XXI.

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El  "proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público" publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 4, MODIFICA LA LOEPYSF (LEY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA):







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«Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

a)El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b)El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incrementode ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo quefija la normativa sobre morosidad.»

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