MARÍA FERNÁNDEZ Madrid 28 JUN 2013 - 20:56 CET
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Pese a que Hacienda prometió dar la lista de los 536 afectados, el ministro Cristóbal Montoro no ha facilitado nombres de los Consistorios que están al borde del precipicio. Representan el 6% del total de Ayuntamientos españoles y están, en su mayoría, en Andalucía (112), Castilla-La Mancha (94) y Valencia (61). En 27 casos se trata de Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes y 44 están entre los 20 y los 40.000.
Los ayuntamientos que se acojan al plan de rescate, con condiciones "muy estrictas"
Los ayuntamientos que finalmente decidan pedir la ayuda deberán, por ejemplo, reducir sus gastos de funcionamiento en el primer año, congelarlos en los dos siguientes y limitarlos en los años sucesivos. También tendrán la obligación de financiar íntegramente el coste de los servicios públicos prestados con tasas o precios públicos, en tres ejercicios.
Asimismo, no podrán aprobar medidas que supongan un aumento de la recaudación, ni podrán suprimir tributos. Tampoco podrán adquirir, constituir o participar en la constitución de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o cualquier otro ente.
El Gobierno también les prohíbe el encadenamiento de prórrogas de presupuestos por más de un año y les exige la corrección de las provisiones de los saldos de difícil recaudación para tener una imagen fiel de la situación financiera de la entidad.
El real decreto también establece "una posible intervención --mediante informe previo de carácter vinculante-- de Hacienda en el proceso de elaboración de los presupuestos generales de los municipios en determinados supuestos" y la obligación de adoptar un plan de saneamiento para entidades dependientes que se encuentren en desequilibrio financiero, que si no se corrige implicará su disolución en 2015.
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