El Gobierno aprobará mañana una reforma local que busca la sostenibilidad
El Gobierno aprobará mañana una reforma local que recoge las recomendaciones "sustantivas" del Consejo de Estado y que persigue la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias, y en la que las diputaciones juegan un papel clave.
Tras el aplazamiento la semana pasada del anteproyecto de ley de la reforma local para realizar un "estudio adicional" dada la complejidad del texto, según señaló el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la norma llegará mañana al Consejo de Ministros con la aceptación de muchas de las recomendaciones hechas por el Consejo de Estado.
Según fuentes próximas a la reforma, el texto ha sido mejorado "sustancialmente" respecto al inicial, e introduce "todas las recomendaciones sustantivas" que hizo el Consejo de Estado, de tal manera que podrá salir adelante "con un conforme" de dicho órgano.
El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local permitirá ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local "más ágil y eficiente", abaratando la prestación de los servicios y garantizando la viabilidad de los 8.117 ayuntamientos españoles, según ha precisado Beteta.
La reforma supondrá, según el secretario de Estado, una "auténtica mejora" de la gestión local, evitará las duplicidades, terminará con el desempeño de las "competencias impropias" y logrará el equilibrio financiero para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local.
En numerosas ocasiones el Gobierno ha subrayado que con esta reforma se busca mejorar la prestación de los servicios de los ciudadanos, no atendiendo sólo al ahorro y a la austeridad en la administración local.
Además, se potenciará el papel de las diputaciones provinciales para apoyar la gestión de los municipios más pequeños, se buscará mayor "eficacia y eficiencia" en la gestión de fondos públicos, y se reducirá un "número importante" de empresas y entes públicos del ámbito local.
Otro de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el del coste estándar, que se ha precisado, y podría ser sustituido por el coste efectivo que permitirá que los municipios no queden fuera de la prestación de servicios en muchas zonas, de manera que ya no se contemplaría la intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes.
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